Las mujeres y el derecho al asilo en México

César Eduardo Rodríguez y Romero*
Juliette Valeria Mas Caussel Pérez**

Es habitual escuchar que hay migración de tránsito, origen, destino y retorno. Para referirnos a estos supuestos entendemos que la migración en tránsito es aquella que se hace para llegar de un lugar a otro, y puede existir un cruce internacional o nacional; la migración de origen es la que se da cuando la persona se desplaza del lugar en el cual nació al lugar en el que reside de forma regular, sin contemplar si cuenta o no con un documento migratorio. La migración de destino se centra en el lugar al que se desea llegar, dentro y fuera del país; en tanto que la migración de retorno tiene como elemento principal que la persona vuelve al país o ciudad de origen en la que tiene arraigo, y se vincula con la nacionalidad que manifieste o acredite la persona, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En México confluyen los cuatro flujos migratorios, lo cual plantea que es un país receptor de personas que ofrece una nueva oportunidad en sus vidas. Sin embargo, también es expulsor de migrantes, pues no garantiza las condiciones mínimas necesarias para su debido desarrollo.

Por otra parte, la ubicación geográfica de México lo coloca como uno de los corredores migratorios más importantes en el mundo. Las personas que recorren el territorio nacional, en su mayoría, aspiran a cruzar a Estados Unidos y conquistar el llamado sueño americano; por eso mismo la migración ha encabezado la lista de asuntos urgentes entre este país y América Latina, y en específico con México. Pero ¿a qué se debe que este tema siga vigente después de tantos años? A diferencia de los motivos por los que se emigró a mediados del siglo XX, en la actualidad hay factores que resultan necesarios para entender el fenómeno actual.

Uno de los rasgos de aquella migración que caracterizó al siglo XX fue la masculinización de los flujos migratorios. La migración se abordaba desde las necesidades laborales de Estados Unidos, y la mano de obra mexicana se mostraba dispuesta a viajar para obtener mayores utilidades económicas. De esta forma, la motivación de la población se concentraba en alcanzar ingresos superiores. La falta de oportunidades en las zonas rurales, en donde la principal actividad económica se centraba en el campo, generó mayores flujos migratorios provenientes de estos espacios.

El cambio de paradigma económico, la industrialización y la globalización dieron un vuelco. En México se vio un cambio en la migración interna, pues el destino se redirigió a las grandes ciudades, como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, por mencionar algunas.

Hoy, al reflexionar sobre esta situación, es evidente que los problemas han cambiado y no son únicamente producto de decisiones gubernamentales, sino que intervienen otros factores, como la presencia de células delictivas en las comunidades y las profundas brechas de desigualdad en la región latinoamericana. Cuando las condiciones de los países del sur global cambian, impidiendo que las personas permanezcan allí, también se diversifican los sujetos forzados a dejar su lugar de origen. Un ejemplo de ello ha sido la feminización de la migración, pues en 2010 las mujeres representaron casi la mitad de los flujos migratorios en el mundo, según la Organización Internacional de las Migraciones en su informe de ese año.

La feminización de la migración no sólo se refiere al aumento de las mujeres en los flujos migratorios, sino a la forma en que lo hacen. Cada vez son más las que migran en primera persona: no son acompañantes de sus parejas ni buscan reunirse con ellos en el lugar de destino; emprenden el viaje como proyecto de vida, solas o acompañadas por sus núcleos familiares, en busca de mejores condiciones de vida, trabajo y seguridad.

Las mujeres de los países del Norte de Centroamérica (PNC), conformado por Honduras, Guatemala y El Salvador, suelen enfrentar obstáculos adicionales debido a la violencia estructural de género que exite en esa región, en donde hay menos oportunidades de educación y empleo para ellas, en comparación con los varones. Otros elementos son los problemas económicos, los desastres naturales y las situaciones que atentan contra la seguridad de las personas.

La violencia estructural de género se refiere a las formas en que los sistemas sociales, políticos y económicos perpetúan la discriminación contra las mujeres. Se manifiesta a través de la desigualdad en el acceso a recursos y oportunidades; la falta de representación en posiciones de poder; la normalización de prácticas que las excluyen, marginan y violentan, y la falta de mecanismos para acceder a la justicia. Incluye también la brecha salarial, la falta de acceso a servicios de salud reproductiva y sexual, la discriminación en el lugar de trabajo, la violencia doméstica y la violencia sexual.

Estos tipos de violencia han sido clasificados para calificar los daños, siendo el de mayor impacto el feminicidio, que es la expresión máxima de violencia contra las mujeres, asesinadas por razones de género. Para valorar las implicaciones de estas violencias debemos poner en contexto la migración femenina de acuerdo con el país de origen.

«Otros elementos que alientan la migración de las mujeres del PNC son los problemas económicos, los desastres naturales y las situaciones que atentan a la seguridad de las personas. A ello se le debe sumar la violencia estructural de género que se ejerce en su contra».

El tema de los feminicidios en el PNC debería ser prioridad en la agenda migratoria. Según el Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2022), Honduras tiene los números más alarmantes de Latinoamérica en cuanto a feminicidios, con 4.6 por cada 100 mil mujeres; le sigue El Salvador, con 2.4, y Guatemala se posiciona con una cifra similar a la de México, con 1.6. Estos números están acompañados por otros tipos de violencia. Un estudio de 2015 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en el que se entrevistó a 160 mujeres del PNC, reveló que 136 de ellas afirmaron vivir en lugares controlados por bandas armadas.

Por su parte, la desigualdad económica también es un factor importante a la hora de migrar, ya que tener poder adquisitivo representa autonomía para las mujeres y un medio para salir de los ciclos de violencia. Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (2022), mientras que los hombres del PNC realizan, en promedio, 51 horas de trabajo semanales, de las cuales 81% son remuneradas, las mujeres trabajan 49.9 horas, de las que sólo 35.5% tienen un pago de por medio. Eso quiere decir que casi 65% de las labores de las mujeres del PNC se destinan a la esfera privada —que incluye el cuidado del hogar, de niños y otros familiares—, en la que no pueden acceder a un salario, horarios fijos o prestaciones de ley. Su trabajo no sólo permanece en la informalidad, sino también en la precarización, pues no perciben una remuneración directa y segura.

El derecho al asilo en México, una opción viable

Todas las formas de violencia de género, en su conjunto, generan una espiral, pero la falta de independencia económica y el nulo acceso a la justicia provocan que la única forma para sobrevivir de muchas mujeres sea escapando de sus países de origen. El contexto de violencia en los países del PNC, y los limitados esfuerzos de los gobiernos por combatirla con perspectiva de género, ha provocado un aumento en la migración femenina.

Este incremento ha repercutido en México, que de ser un país de tránsito se convirtió en un país de destino. Los factores son variados: por una parte, las políticas migratorias estadounidenses se han vuelto más restrictivas, los cruces irregulares son cada vez más peligrosos y existen pocas posibilidades de adquirir asilo. Por otra parte, el peligro que representa transitar en México, debido a la presencia y el control territorial de los grupos delictivos, sumada a una política migratoria endurecida, han desincentivado a muchas mujeres a perseguir el nuevo sueño americano, volteando a ver a México como una opción viable para quedarse.

El mecanismo de protección en México para personas migrantes implica regularizar su estancia migratoria, por lo cual las mujeres del PNC que huyen de violencia deben solicitar el reconocimiento de su condición como refugiadas. Para ello, la instancia encargada es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). La figura del refugio está considerada en la Constitución; la Ley de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político; la Ley de Migración; la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y en las leyes generales sobre protección a otros grupos vulnerables. Se hace énfasis en el marco jurídico nacional, a fin de dar cuenta de que las personas refugiadas están consideradas en las leyes, y por lo tanto el estado mexicano les debe protección.

Las causales por las cuales se puede acceder al refugio en México son las siguientes: persecución política, pertenecer a determinado grupo religioso o social, ser de cierta raza o nacionalidad o que la violencia o persecución esté motivada por género. Este último supuesto nos permite entender cómo muchas mujeres del PNC, que huyen de la violencia en sus países de origen, acceden a la protección internacional en México.

Las personas que solicitan el reconocimiento de la condición de refugiada son beneficiarias de los principios rectores del Derecho Internacional de las Personas Refugiadas, que les permite no ser devueltas a su país de origen, ser sancionadas por cruzar de forma irregular ni informar de su situación a las autoridades diplomáticas o consulares de su lugar de origen. Solicitar refugio exige confidencialidad de parte del gobierno mexicano, por lo que la COMAR no proporciona información desglosada por sexo, razón de la solicitud ni razón de otorgamiento.

Para ejemplificar de manera más concreta la experiencia de las mujeres del PNC que buscan refugio en México, se expone la historia de Carmen(seudónimo para salvaguardar la seguridad, integridad y protección de sus datos personales). Aunque sabemos que la experiencia de cada mujer migrante es distinta, la historia de Carmen clarifica los aspectos más importantes de cómo una migración de destino motivada por la violencia de género en su país de origen cambia en el momento en el que ella solicita asilo en el país de tránsito, México.

Carmen vivió en Tegucigalpa, Honduras, desde su nacimiento. Su madre, su abuela y toda su familia también eran de ahí. Antes de regresar a la casa de su madre vivía con el padre de su hija Andrea, quien era un hombre violento que terminó por sacarlas de la casa para poder vivir con su nueva pareja. Tras dos años del abandono, recibió noticias de que él había golpeado a su pareja hasta dejarla hospitalizada y con pocas posibilidades de volver a caminar. Carmen se mantuvo atenta porque temía que, si él no terminaba en la cárcel, volvería a buscarla. Y así fue. La agresión quedó impune y pronto comenzó a acosarla, con la idea de retomar su relación.

Acudió a las autoridades hondureñas en repetidas ocasiones, pidiendo protección, pero no le dieron el seguimiento ni la importancia debidas. Su expareja seguía buscándola en la casa y en su trabajo. Estaba convencida de que la única manera de mantenerse a salvo sería saliendo del país, y así es como emprendió su camino a Estados Unidos.

Carmen y Andrea entraron a México de manera irregular por la frontera chiapaneca de Tapachula, donde se encontraron con un contexto complicado: los albergues dedicados al cuidado de migrantes estaban saturados, muchas personas se encontraban en situación de calle o desempleadas. En su segundo día en Tapachula intentaron alejarse de la zona fronteriza, pero agentes migratorios las detuvieron junto con quienes las acompañaban en su intento de tomar el tren. Éstos las mantuvieron en una estación migratoria —nombre que México le otorga a los centros de detención en los que se priva de la libertad a personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas—, esto pese a que la detención de menores de edad está prohibida en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y en la Ley de Migración. El hacinamiento y el maltrato se volvieron tan insoportables que muchas de las personas detenidas se amotinaron. Carmen y Andrea aprovecharon el momento para escapar.

Aún en Tapachula, Carmen conoció a una persona que nació en Guadalajara, Jalisco, con quien se involucró sentimentalmente. Él les ofreció llevarlas hasta su ciudad, y ya en Guadalajara se instalaron en su casa. Carmen se encargaba de la limpieza del hogar y del cuidado de su nueva suegra, sin recibir ningún tipo de remuneración. Simultáneamente buscó asesorarse respecto a las formas en las que podían regularizar su estancia en México; durante una orientación le explicaron la figura del refugio e inició su trámite.

Conforme pasaba el tiempo su relación sentimental se tornaba cada vez más difícil; él bebía mucho, y cuando lo hacía las agredía. Carmen no tenía ahorros ni lugar a dónde ir con su hija. Esperó casi cuatro meses hasta tener sus tarjetas de visitante por razones humanitarias, las cuales acreditaban su estancia regular en el país y les otorgaban una Clave Única de Registro de Población, con la que podían acceder al trabajo formal, a la salud y educación. Ya con estas identificaciones Carmen se atrevió a terminar la relación y, junto con su hija, ingresaron a un albergue, el mismo que le había dado acompañamiento jurídico en su caso de refugio.

Tras tres meses de haber recibido las tarjetas les llegó una notificación de la COMAR en la que se les citaba para su entrevista de elegibilidad; en esa reunión se determinaría si Carmen y Andrea tenían un temor fundado de persecución. La entrevista duró más de dos horas, Carmen tuvo que hablar de manera precisa sobre la violencia que vivieron en Honduras y el peligro que representaba volver. Al cabo de cuatro meses la instancia emitió una resolución, que les otorgó el reconocimiento de la condición de refugiadas.

«México enfrenta un nuevo reto: modificar su normativa y sus procesos […] y comenzar a instrumentar políticas para conformarse como país de destino».

Con este reconocimiento pudieron solicitar sus tarjetas de residentes permanentes ante el Instituto Nacional de Migración, pero, aunque éste les dio acceso a una estancia regular y permanente en todo el país, también se debe de mencionar que Carmen y Andrea aún tienen problemas para lograr una verdadera acogida en México y sentirse parte de la comunidad en la que viven.

Como se advierte en este caso, las causas y el proceso de migrar son sumamente complejas y se entrecruzan diversos factores, desde el contexto del país de origen hasta las vicisitudes del tránsito y las dificultades para llegar al destino elegido.

En ese sentido, México enfrenta un nuevo reto: modificar su normativa y sus procesos —enfocados en la condición de ser un país de tránsito— y comenzar a instrumentar políticas para conformarse como país de destino para las personas migrantes. Sobre todo para aquellas con alguna necesidad de protección internacional.

Es preciso el cambio de paradigma de la migración regional, partiendo del hecho de que las causas de la migración ya no son las mismas que las del siglo pasado. Además, los factores de género exigen tomar en cuenta otras herramientas para la atención a la población, así como reconocer y estudiar la migración de las mujeres con perspectiva de género.

Las políticas y los programas en materia de protección a mujeres migrantes son insuficientes y prevalecen muchos retos para garantizar una atención integral desde los derechos humanos. Es necesario seguir trabajando en la documentación de los casos y generar propuestas de políticas públicas que atiendan las necesidades específicas de las mujeres migrantes, sin olvidar que este trabajo tiene como base la prevención de la violencia de género en todas las etapas del proceso migratorio. Sólo así se podrá garantizar el respeto a los derechos humanos de esta población históricamente vulnerada y se podrá avanzar en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.