Hoy quisiera dedicar esta entrega a los dos jesuitas que fueron asesinados en Cerocahui, un evento ocurrido hace unos meses, pero que todavía nos sigue haciendo reflexionar.
Comenzaré con una anécdota que viví hace un poco más de tres años, cuando Javier «El Gallo» Campos, me invitó a Guachochi, una población de Chihuahua, para impartir una charla sobre el análisis de la realidad nacional para miembros de las Comunidades Eclesiales de Base del norte de México.
Estuve cuatro días, andando por los caminos de la Sierra y platicando con el padre Campos, quien conocía la zona como la palma de su mano y a quien la gente veía como su pastor —pude verificarlo—. Las pláticas versaron sobre la labor histórica de los jesuitas en la Tarahumara y su trabajo con las comunidades rarámuri, sobre la situación de pobreza en la región, la violencia y la ya antigua presencia de la delincuencia organizada en esta zona.
Durante mi estancia en la región pude constatar que el padre Javier, junto con el otro sacerdote asesinado, Joaquín Mora, habían hecho suya y con gran alegría la opción preferencial por los pobres, una opción que se tradujo en un profundo acompañamiento de las comunidades indígenas de la Sierra. En el momento actual, recuperar su testimonio de vida será profundamente pertinente y una luz para las personas que en nuestro país han decidido consagrarse a la vida religiosa y dedicar su vida a los pobres.
Pero más allá del terreno de la fe, este suceso tiene varias implicaciones políticas que es necesario señalar: la violencia en la Sierra Tarahumara no es cosa nueva, hace muchos años que se ha denunciado —tanto por los jesuitas como por distintas organizaciones civiles—; la presencia de grupos de la delincuencia organizada en la zona, así como la violación a los derechos humanos y los actos de violencia sistemática en contra de los sus habitantes, sobre todo los indígenas. La respuesta a lo largo de los sexenios ha tenido mayor o menor resonancia en las autoridades electas, pero lo que no se puede negar es que hasta ahora no se han podido contener estas dinámicas delictivas, que poco a poco han ido desgarrando el tejido social. Estos asesinatos han sido una prueba más de ello.
Existen otras zonas indígenas del país que padecen situaciones similares y que, en medio de una violencia desbordada, viven el desplazamiento de sus comunidades, la expropiación de facto de recursos naturales o el involucramiento forzado de personas en las cadenas de producción de actividades ilícitas. La ausencia del Estado en estos territorios ha favorecido tales procesos, ya que las regiones han quedado a merced de los grupos criminales que poco a poco han ido imponiendo sus reglas y normas.
En el caso del asesinato de los jesuitas se cruzó un nuevo límite. Según nos lo muestran las estadísticas, cada año las cifras de violencia han ido en aumento y rebasan las cifras anteriores. Antes de este crimen, en algunas zonas indígenas los grupos de la delincuencia organizada había respetado la vida de los sacerdotes y de las religiosas, sobre todo cuando eran personas con arraigo, como en el caso de los padres Campo y Mora. En junio de este año se transgredió este límite. El mensaje que queda es que todo mundo es vulnerable y que ya nadie escapa de la violencia.
Como lo expresó el jesuita Javier Ávila —y contrario a lo que ha dicho AMLO—: «los abrazos ya no alcanzan para cubrir los balazos». La estrategia de seguridad que el gobierno actual ha mantenido, no ha funcionado, no ha dado resultados; hasta ahora sólo se han visto pocos avances que no han logrado contener la violencia. Por ello, es fundamental que el presidente dejé de justificar lo injustificable, de sostener lo insostenible y, en cambio, replantearse y cambiar de inmediato los modelos y estrategias de seguridad.
Cada vez está más claro que los cambios profundos se impulsan desde abajo y desde la sociedad civil. En el caso de los asesinatos de los dos sacerdotes y el guía de turistas, la presión social, tanto en México como en la comunidad internacional, y gracias a la difusión inmediata que se dio en los medios de comunicación y redes sociales, la clase política tuvo ciertos intentos de movilizarse y no hacia una utilización «politiquera» del asunto. Cabe preguntarse, si después de varios meses se harán cargo verdaderamente de los problemas que les corresponde.
Hoy podemos decir que este trágico suceso puede representar, si miramos al futuro, un punto de quiebre y de inflexión en materia de seguridad, ya que el clamor de la sociedad para que los graves problemas de violencia se resuelvan es cada vez más ensordecedor. Será más costoso que los gobernantes desoigan estas demandas y sigan entretenidos en su vanas y superfluas pre-pre-pre-pre campañas electorales. Esperamos que sí se considere lo ocurrido en Chihuahua para que nuestro porvenir sea más esperanzador.
Con respecto a estas campañas, anticipo que desde el inicio de este 2023, seremos testigos de predestapes y autodestapes de los personajes políticos que tienen la intención de aparecer en la boleta presidencial. Auguro que tendremos innumerables actos adelantados de campaña, que, moviéndose al filo de la navaja de la ley, tendrán el propósito de afianzar su carrera de cara a la elección presidencial. No serán pocos los actos gubernamentales que terminen en arengas de campaña y veremos a la oposición denunciar estas prácticas, aunque no creo que prosperen, ni que lleguen a ninguna resolución judicial. Tendremos, en cambio, una larga y tediosa campaña electoral que muy probablemente genere un profundo hastío en la ciudadanía, que en lugar de campañas busca soluciones a los grandes problemas del país.
Los caballos de Morena
Para los aspirantes morenistas a la presidencia ya comenzó el momento de crear o fortalecer alianzas políticas con otros actores políticos relevantes en el espectro nacional y al interior de su propio partido. Será muy importante generar acuerdos con los 22 gobernadores —que pueden ser eficaces operadores en sus demarcaciones—, además, la relación con sectores empresariales comenzará a fluir e, incluso, no serán pocas las invitaciones a actores políticos y sociales a sumarse a las precampañas presidenciales.
La y los aspirantes a la candidatura de Morena, deberán sortear con la mayor astucia posible, el problema de la falta de institucionalidad del partido de AMLO, ya que este instituto no ha construido reglas claras, ni ha generado mecanismos sólidos para la toma de decisiones, sobre todo en lo referente a las candidaturas; en varios comités estatales es notoria la anarquía y el conflicto que privan en su interior. Esta situación implica que los aspirantes desarrollen sus habilidades políticas para construir consensos dentro del partido, sobre todo, para que logren los apoyos efectivos en la próxima campaña presidencial.
Un asunto clave en esta larga campaña presidencial será convencer al «gran elector», es decir, a nuestro actual primer mandatario, para que dé su respaldo a quien finalmente elija como su sucesor. El tabasqueño es el principal activo político de su partido y quien tomará la decisión final de esta disputa. Seguramente en esta decisión, el presidente pondrá sobre la mesa la lealtad a su persona, a su proyecto y la rentabilidad electoral de la futura o futuro candidato. Sea quien sea el elegido, éste tendrá la disyuntiva entre mantenerse lo suficientemente cercano a López Obrador para ser el depositario su apoyo, pero al mismo tiempo, ha de mantenerse lo suficientemente lejos para mostrarse ante la opinión pública como un candidato con la autonomía necesaria para gobernar, es decir, sin la sombra de AMLO. Habrá que ver quién de los aspirantes puede realizar mejor estos malabares políticos.
Sea quien sea elegido, tendrá la disyuntiva entre mantenerse cercano a López Obrador para ser el depositario su apoyo, pero al mismo tiempo, ha de mantenerse lejos para mostrarse con la autonomía necesaria para gobernar, es decir, sin la sombra de AMLO”.
El tema del que poco se habla, pero que es necesario poner en discusión, es que las fuerzas armadas tomaron una preponderancia política enorme en este sexenio, ya que han penetrado de manera profunda a la administración pública federal. La persona que quiera sentarse en la silla presidencial deberá ponerse de acuerdo con los militares y los marinos. Este movimiento evidentemente no será público, pero será un aspecto clave para lograr la eventual candidatura.
La caballada ya anda suelta y busca avanzar lo más posible en un adelantado escenario electoral, aunque el futuro esté restringido por la decisión de quien finalmente pondrá en la balanza el desempeño de cada uno de los aspirantes para mantener vigente el proyecto político que ha construido. Mientras tanto… el país sigue siendo víctima de la violencia y la impunidad.
