La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República en 2018 empezó con un discurso crítico del neoliberalismo, de las profundas inequidades y de la corrupción y descomposición social generadas por este modelo económico. Lo anterior provocó una esperanza de cambio profundo entre grandes sectores de la población de México, incluida una parte significativa de los pueblos y comunidades indígenas que lo habitan.
A cinco años de iniciada su gestión y a poco a menos de un año para que ésta concluya, vemos que la continuidad neoliberal, el despojo territorial y la militarización describen la realidad de los pueblos originarios en tiempos de la llamada Cuarta Transformación.
Desde hace muchos años viene gestándose una crisis económica sin precedentes del sistema capitalista mundial, tal como lo han advertido economistas de diversas corrientes, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), grupos de académicos vinculados con éste y como lo hemos sostenido quienes participamos en el Congreso Nacional Indígena (CNI). Se trata de una gran crisis que tiene su origen en la caída de la tasa de acumulación de capital durante décadas, provocada, en buena medida, por el crecimiento exponencial del capital financiero a expensas del capital productivo, y que, profundizada por la pandemia de covid–19 y la guerra en Ucrania, ha impactado actualmente en el empleo, la producción y el abasto de alimentos de modo rotundo; es decir, en la economía de los pobres que habitamos este mundo.
Prestigiados analistas hablan de que durante 2020 y 2021 hubo aproximadamente mil millones de trabajadores afectados en el plano internacional, y cerca de cuatro millones de desempleados en México, producto de la recesión mundial y la pandemia. La afectación global en la producción de alimentos en el año de la crisis sanitaria fue del 48%, mientras que en México se habla de una afectación mayor al 30%.
Pese a lo anterior, el modelo neoliberal no ha dejado de producir más pobreza, hambre, violencia y más concentración de la riqueza en unos cuantos. Actualmente sólo seis personas en México concentran ingresos ocho veces superiores a los de 63 millones de mexicanos que viven en pobreza y pobreza extrema, según Oxfam en su informe de 2020. La cifras resultan contrastantes frente a la pobreza de la mayoría y las fabulosas ganancias récord obtenidas por la banca en lo que va de 2023, que son nueve veces mayores al crecimiento económico del país, con un incremento del 30% respecto al mismo periodo en 2022.
Como lo explica el CNI y el Concejo Indígena de Gobierno en su comunicado del 28 de enero de 2021, se trata de una crisis global y civilizatoria nunca antes vista, que obliga a la humanidad entera a deshacer el actual sistema capitalista y patriarcal, responsable de la destrucción de la naturaleza, y que se basa en la explotación y el despojo, cada vez más crecientes, de millones y millones de seres humanos. Es un sistema que para generar ganancias y riqueza se apoya en el crimen organizado, en las guerras y en las epidemias y pandemias.
México es un país completamente subordinado a los designios de las políticas neoliberales de Estados Unidos, a las grandes corporaciones capitalistas y a los organismos económicos multilaterales. Es falso, como señala el titular del ejecutivo federal, que México haya terminado su «ciclo neoliberal» de casi 40 años y esté iniciando una nueva etapa. La austeridad presupuestal, la autonomía del Banco de México, el alza en las tasas de interés interbancario (a lo largo de 2022 y parte de 2023), el impulso al libre comercio, la aplicación de la contrarreforma energética (que sigue casi sin tocarse hasta hoy), el impulso de la flexibilidad laboral y del extractivismo, incluido el fracking —como lo ha documentado de forma permanente la Alianza Mexicana Contra el Fracking—, son claros ejemplos de ello.
Por lo anterior, no resulta casual que en este gobierno se hayan incorporado cuadros directamente vinculados a las grandes corporaciones transnacionales, como Víctor Villalobos en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, o Francisco Quiroga, subsecretario de minas hasta 2021 y promotor, ya en su cargo oficial, de la minería en la Sierra Norte de Puebla. En este territorio el pueblo nahua ha dado una batalla heroica contra las concesiones mineras que, ilegalmente, la Secretaría de Economía ha entregado a diversos consorcios en los años anteriores.
El nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T–MEC), que entró en vigor el primero de julio de 2020, es uno de los cimientos más sólidos de las políticas económicas impulsadas por los regímenes neoliberales desde hace más de treinta años. Se trata de un acuerdo comercial basado en las enormes inequidades de los tratados comerciales anteriores, pero que profundiza en el control externo en la producción farmacéutica y agropecuaria de nuestro país, la importación de transgénicos y el control de la producción agrícola campesina. Este acuerdo obliga a nuestro país a unirse, en un plazo de cuatro años, a la Unión de Protección de Obtenciones Vegetales, que favorece la producción de semillas transgénicas y protege los derechos intelectuales de quienes las producen.
En concordancia con el T–MEC, el Congreso de la Unión aprobó en 2020 la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, la cual establece la creación de regiones geográficas para la siembra de semillas nativas y de bancos de éstas. Esto fue festinado por los grandes consorcios agroalimentarios, ya que el mecanismo referido permite la siembra de transgénicos en las restantes regiones y la posibilidad de que las grandes empresas puedan disponer del material genético en manos de las comunidades campesinas.
Asimismo, en ese marco y ante la presión del gobierno canadiense y la Cámara Minera de este país, el Congreso de la Unión dio marcha atrás a una iniciativa presidencial de reforma a la Ley Minera, la cual restringía de forma severa las agresivas prácticas de las empresas mineras en las comunidades. Después de presentarse, este proyecto nunca fue defendido por el presidente de México, que coincidentemente enfermó de covid–19 justo en los días en que se dio el debate legislativo. Tampoco fue defendido por miembros de su gabinete o por la Comisión Nacional del Agua, organismo totalmente al servicio de los sectores empresariales que durante décadas han acaparado las concesiones de agua y cuyas ganancias son millonarias.
La reforma a la Ley Minera redujo el plazo máximo de las concesiones mineras de 100 a 80 años —algo risible—, y permitió a la industria seguir teniendo el abusivo manejo y control de las aguas de laboreo que utilizan en actividades relacionadas con la extracción y el procesamiento de minerales. A cambio de ello se otorgó a los propietarios de terrenos dedicados a la explotación minera —en su mayoría ejidos y comunidades— la dudosa ventaja de hacerse partícipes del 5% de las ganancias que las mineras declaran ante el fisco, así como el derecho a la consulta previa, sin que ésta haya sido debidamente reglamentada en México.
Un cambio significativo en la reformada Ley Minera es que esa actividad deja de ser preferente y el mecanismo coercitivo de la expropiación de terrenos superficiales en lotes mineros deja de existir.
Los pueblos originarios frente a los proyectos «estratégicos»
En esta circunstancia histórica de pandemia y pospandemia, y en medio de una profunda crisis económica estructural que mantuvo a la población desmovilizada y con grandes precariedades económicas, el ejecutivo federal ha impulsado decretos y reformas que confirman su condición neoliberal y que tienen los siguientes objetivos: 1) militarizar más profusamente al país con fines de control social y para favorecer la acumulación capitalista; 2) imponer grandes megaproyectos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico Salina Cruz–Coatzacoalcos y el Aeropuerto de Santa Lucía, que benefician al gran capital y a los intereses geopolíticos de Estados Unidos en el marco de la globalización de los mercados y el T–MEC; 3) acendrar la austeridad presupuestal y la precariedad en el gasto social sustantivo, y 4) dar impulso a las ramas de la producción vinculadas a la economía de Estados Unidos, así como al extractivismo (minería, petróleo, gas, acero, cemento).
Resulta particularmente desastroso para los pueblos originarios de México y Centroamérica la imposición del Tren Maya, con 21 estaciones y 14 paraderos a lo largo de cinco estados localizados en la península de Yucatán. En este proyecto intervienen la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) —que participa en la construcción de tres tramos del tren, seis hoteles, el aeropuerto de Tulum y la modernización de los aeropuertos de Chetumal y Palenque— y los corporativos Mota–Engil (tramo 1), Carso (tramo 2), Grupo Azvi (tramo 3) e ICA (tramo 4). De acuerdo con el discurso oficial, esta iniciativa fortalecerá el «ordenamiento territorial» de la región, lo que implica, en palabras nuestras, un drástico reordenamiento de los territorios y las poblaciones a partir del despliegue de «polos de desarrollo» a lo largo del tren.
Según las empresas inmobiliarias, en sustitución del repentino mutis del Fondo Nacional de Fomento al Turismo y otras dependencias de gobierno, el impulso a «ciudades desarrolladas» debe tener cinco características, conforme a lo establecido por los consorcios inmobiliarios estadounidenses. Éstas se presentan a continuación de acuerdo con datos de la revista Real State Market & Lifestyle:
1) Conectividad aérea, marítima y terrestre con ciudades vecinas y otros núcleos poblacionales en el país y el extranjero.
2) Fungir como zona económica donde el estado, inversionistas, empresarios, emprendedores y colaboradores solucionen, de manera conjunta, necesidades en mercados locales, regionales, estatales, nacionales e internacionales.
3) Calidad de vida, reuniendo las características necesarias para vivir con dignidad.
4) Infraestructura y servicios que cubran las necesidades poblacionales.
5) Ordenamiento territorial, estableciendo la coherencia de la supraestructura entre la vocación de la ciudad, el respeto a sus habitantes y las normas de convivencia.
Estos «polos de desarrollo», a decir de los mismos voceros empresariales, deben guiarse por cinco principios básicos: 1) protección de activos, 2) democratización del negocio e inclusión inmobiliarios, 3) creación de riqueza y estimulación del círculo económico, 4) mejora de la operación, administración y control de los bienes inmuebles y polos de desarollo, y 5) aumento de la recaudación de impuestos.
En ningún momento hablan o hacen referencia a los derechos de los pueblos originarios, y mucho menos reivindican sus prácticas culturales, sus formas organizativas o sus prioridades de desarrollo.
Por otro lado, es problemática la imposición del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec o Salina Cruz–Coatzacoalcos, consistente en un corredor logístico estructurado en torno a tres líneas férreas (línea Z: Coatzacoalcos–Salina Cruz, línea FA: Coatzacoalcos–Palenque, y línea K: Ixtepec–Ciudad Hidalgo), la construcción de un oleoducto (o su modernización), un gasoducto (a cargo de Temura Service and Consulting) y de una red profunda de fibra óptica.
El corredor es construido, entre otros, por Grupo Azvi, Grupo Industrial Hermes (familia Hank), Ferro Maz (Grupo México, de Germán Larrea), Sacmag, Comsa y la Secretaría de Marina (Semar), que lo administra. Este proyecto también contempla el reordenamiento profundo de las fronteras (así lo enuncia el Plan Nacional de Desarrollo 2018–2024), de los territorios y las poblaciones, con la construcción de un gasoducto, y la utilización, en diversas escalas, de 15 mil 600 hectáreas para suelo industrial. Además, se incluye la construcción de 10 polos de desarrollo con parques industriales. Estos últimos, en palabras de la secretaria Raquel Buenrostro, consideran inversiones de alrededor de mil millones de dólares cada uno y la intervención directa del Banco Interamericano de Desarrollo y el gobierno de Estados Unidos, que cuentan con fondos multimillonarios para relocalizar empresas en México.
Finalmente, es desastroso para los pueblos originarios la imposición del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía que, junto con el Proyecto Integral Morelos y el Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México —que ha enfrentado la resistencia de Milpa Alta y sus pueblos—, buscan el reordenamiento del centro del país de acuerdo con los intereses económicos del gran capital.
Todas estas iniciativas están insertas en la propulsión de los mercados globales, básicamente de energía, que giran en torno al T–MEC y las políticas neoliberales impulsadas por los anteriores gobiernos. Éstas han estado precedidas por otros planes de infraestructura carretera e hidráulica, numerosos parques eólicos y fotovoltaicos, así como hidroeléctricas, termoeléctricas y gasoductos, a partir del cambio en la política energética del país.
Se trata de proyectos de infraestructura que invaden ilegalmente los territorios de los pueblos originarios, pues carecen de estudios en materia de impacto ambiental serios —muchos no cuentan ni siquiera con la autorización en la materia— y contemplan la ocupación de miles y miles de hectáreas de ejidos, comunidades y pueblos indígenas, sin siquiera una consulta previa, así como la militarización de las regiones en que se ubican. Éstos involucran empresas y personajes de sucio pasado, enriquecidos bajo los gobiernos anteriores, como Carlos Slim, CICSA, ICA, Mota–Engil, Gami Ingeniería e Instalaciones, Carlos Hank, Grupo Hermes y Grupo México, de Germán Larrea, responsable de decenas de derrames químicos altamente contaminantes y de la muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos, Coahuila.
Ésa es la separación de los negocios y el poder público. La supresión de la llamada «mafia del poder» está basada en principios meramente discursivos de este régimen.
Militarización del «desarrollo»
Estos megaproyectos, y todo el despojo y explotación que está provocando el modelo extractivista del gobierno federal, están protegidos por las políticas de militarización del país entero, que contemplan asignar a los militares tareas de seguridad hasta 2028. Éstas han puesto, sin disfraz alguno, el control de la Guardia Nacional en manos de la SEDENA.
Como nunca antes, a los militares se les han asignado obras y tareas inusitadas en la esfera económica y de reproducción del capital. El control de los puertos y aduanas por parte de la SEMAR y la SEDENA, la construcción de los denominados «bancos del bienestar», la edificación y administración del aeropuerto de Santa Lucía y el control del espacio aéreo son algunos ejemplos.
Además de la militarización y los procesos de militarismo, se vive, como en los sexenios anteriores, la profusión de los cárteles criminales y la creciente influencia del Cártel Jalisco Nueva Generación. Junto con ello es evidente el aumento de la violencia y la proliferación de grupos paramilitares que protegen los grandes megaproyectos y las explotaciones mineras, los agronegocios y gasoductos; estas organizaciones incluso participan en estos jugosos negocios. Este marco de militarización, paramilitarismo y proliferación de los cárteles criminales ha sido también utilizado, bajo la presión del gobierno de Estados Unidos, para reprimir y contener la imparable ola de migrantes centroamericanos.
Asimismo, estos fenómenos están presentes en el estado de Chiapas, con un claro componente contrainsurgente de guerra irregular y de asedio al EZLN. Se trata de una presencia y de un cerco militar únicos en todo el país, que ya duran casi 30 años, y que han tratado, infructuosamente, de desarticular al zapatismo y reducirlo a su mínima expresión para su aniquilamiento.
Los megaproyectos, los negocios extractivistas y la política de contrainsurgencia y contención del zapatismo y de los movimientos sociales, campesinos e indígenas opositores a aquéllos, están igualmente sustentados en políticas agrarias claramente neoliberales, como el Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar, actualmente Regularización y registro de Actos Jurídicos Agrarios. Éstas concuerdan con la reforma neoliberal de 1992 o con el programa Sembrando Vida, que cooptan y dividen a comunidades enteras, además de que coinciden con el crecimiento del control territorial y económico por parte de los cárteles criminales en regiones de interés para el gran capital.
Ante esta perspectiva tan oscura apuntamos las siguientes claridades, que consideramos reservas de humanidad y de defensa de la vida:
1) Las luchas que actualmente libran las mujeres en México y el mundo en contra de la violencia y la dominación patriarcal y capitalista que se cierne sobre ellas son clave en las resistencias globales y locales. Debemos asumir cada una de sus movilizaciones, pues estamos seguros de que la lucha anticapitalista es necesariamente antipatriarcal.
2) Las resistencias de los pueblos originarios, destacando la persistente propuesta zapatista, representa un claro desafío al capitalismo global y es un aviso evidente de que otro mundo es posible.
Los pueblos originarios, en sus formas de organización comunitarias y colectivas, en su relación con la Madre Tierra y su construcción de autonomías, representan una esperanza de vida frente la cauda destructiva y de muerte que impone el actual sistema económico planetario.
