Este texto contiene fragmentos de «El análisis del plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum (parte I)», publicado por el mismo autor en Zona Docs en marzo de 2026.
Cuando un país experimenta un cambio radical, políticamente hablando, como el fin de una dictadura o una transformación democrática profunda, lo que regularmente sucede es un cambio de régimen, es decir, la confección de otras reglas para acceder, mantener, distribuir y generar contrapesos al poder político. Habitualmente este proceso implica la configuración de un congreso constituyente que elabore una nueva Carta Magna. Esto sucedió en varios países de América Latina, que cuando pasaron a sistemas democráticos construyeron una nueva Constitución.
En México hemos tenido dos oportunidades para que este tipo de procesos se pongan en marcha. El primero fue cuando el Partido Acción Nacional (PAN) ganó por primera vez la presidencia de la República, luego de 70 años de control político del Partido Revolucionario Institucional (PRI). En el año 2000 se hablaba de la gran «reforma del estado» y se estuvo debatiendo alrededor de la necesidad de elaborar una nueva Constitución. El presidente Vicente Fox evadió su responsabilidad histórica y no quiso abanderar este proceso de transformación, a pesar de que contaba con el capital político necesario para emprender semejante esfuerzo.
El segundo momento con características similares fue con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, que logró a través de la enorme fortaleza política del partido que fundó: el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). A pesar de que el tabasqueño fue entonces el candidato más votado para la presidencia de México y resurgió el debate sobre un nuevo régimen político, su falta de empuje, aunado a que no contaba con la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, implicó que no se concretara una reforma política profunda.
López Obrador presentó dos iniciativas de ley para hacer una reforma político–electoral: la primera era bastante robusta, la segunda con menos fuerza, pero ambas buscaban modificar algunas reglas de juego del régimen priista que todavía corre por las venas del sistema político mexicano. Prácticamente ninguno de estos cambios prosperó porque la oposición política tomó este debate como una defensa a ultranza del Instituto Nacional Electoral (INE) y esto nubló la necesidad de generar cambios profundos.
Cuando concluyó el mandato del tabasqueño, y ya con una mayoría calificada en ambas cámaras (senadores y diputados), se anticipaba que esta vez sí se lograría una reforma que nos llevara a un régimen político distinto.
La primera propuesta de reforma política de Claudia Sheinbaum
Luego de un proceso filtrado a los medios de comunicación, en el que fue clara la falta de oficio político por parte de la presidencia de México, finalmente en marzo de 2026 Claudia Sheinbaum Pardo presentó la iniciativa de reforma político–electoral al Congreso de la Unión.
Puntos sustantivos
La primera propuesta de la presidenta tenía tres aspectos fundamentales: a) la modificación del criterio para asignación de las 200 diputaciones federales; b) la disminución del 50% de las senadurías de representación proporcional, y c) el impulso de los mecanismos de democracia directa en los estados de la República.
En la legislación vigente, los 200 diputados de representación proporcional se designan mediante listas elaboradas por los partidos políticos para cada una de las cinco circunscripciones del país. El número de legisladores que corresponde a cada instituto político se determina a partir del porcentaje de votación obtenido en la elección y del lugar que las y los candidatos ocupen en las listas confeccionadas por los propios partidos.
En la primera propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum se planteó que sólo cien diputados serían elegidos de esta forma, pero ahora con votación directa de los ciudadanos a las y los candidatos y no por el lugar en la lista que determinaran previamente los partidos. Los otros cien serían los mejores segundos lugares de las elecciones de diputados de mayoría relativa. Esto implicaba un cambio drástico en la manera de designar a los plurinominales, ya que al menos 400 de los futuros diputados deberían hacer campaña en territorio.
Uno de los mayores riesgos de esta propuesta es que MORENA y sus aliados políticos son la primera o segunda fuerza política en todos los estados hasta el momento, lo cual incrementa considerablemente sus posibilidades de mantener el control del Congreso de la Unión. En realidad, los partidos de oposición solamente tendrían mayores posibilidades en los cien diputados electos por la vía de las listas.
El segundo aspecto que representaba un cambio sustantivo en la conformación política del país era la disminución del número de senadores plurinominales. Hay que recordar que hasta ahora son 64 senadores electos de forma directa en cada uno de los 32 estados de la República, y los otros 64 legisladores son designados por la vía de la representación proporcional. En la primera propuesta de la presidenta de México los 64 senadores electos por estado se mantenían intactos, pero en la iniciativa se exponía que sólo 32 fueran electos de forma plurinominal, de manera que los otros 32 senadores plurinominales desaparecían. Esta circunstancia sí modificaba de forma importante la composición de la Cámara Alta, ya que se pasaría de 128 a 96 senadores. De nueva forma, se advertía que el riesgo de esta fórmula favorecería la presencia de los partidos mayoritarios, generando una disminución de la representación de las minorías. Hoy mismo la participación de algunos partidos en esta instancia ya de por sí es raquítica; con esta nueva composición la presencia podría ser menor aún.
El tercer aspecto sustantivo, que poco eco tuvo en la opinión pública, fue el impulso de los mecanismos de democracia directa como el referéndum, el plebiscito, la consulta popular, entre otros, en los distintos estados de la República. Aunque en la propuesta no se perfilan las figuras específicas, se alienta a que éstas existan y que estén reguladas e instrumentadas por los organismos electorales locales, los llamados «OPLE». Unos de los predebates más importantes que tuvo la reforma electoral fue la posible desaparición de los OPLE, pero con la primera propuesta de la presidenta esta duda se disipó, ya que la responsabilidad de instrumentar estos mecanismos era de ellos. Lo que sí quedaba más claro era que ésta parecía perfilarse como su función principal y como el elemento que distinguiría sus atribuciones de las funciones sustantivas del INE. Esto en principio era una buena noticia para el país, ya que no todos los estados cuentan con estos mecanismos de democracia directa, y en el caso de las entidades que sí los tienen, son muy poco utilizados, como ocurre en Jalisco.
Aspectos procedimentales
Los asuntos procedimentales de mayor importancia en la propuesta de reforma electoral de Claudia Sheinbaum eran los siguientes: a) el momento del comienzo de los cómputos distritales; b) la utilización del voto electrónico; c) la regulación en el uso de la inteligencia artificial en las campañas políticas; d) el «blindaje» de recursos a los donativos de campañas, y e) la disminución de tiempos oficiales para la propaganda electoral.
La legislación vigente ordena que los cómputos distritales de las 300 demarcaciones electorales del país se realicen a partir del día miércoles después de la elección; por su parte, la propuesta señalaba que los cómputos comenzarían al recibir el primer paquete electoral, es decir, el mismo día de la jornada electoral. Esta situación presentaba aspectos positivos y negativos: por un lado, la prontitud de los datos generaba mayor certeza en los resultados; por otro, implicaba estrés y una fuerte carga de trabajo para los consejos distritales, además de retrasos en la llegada de paquetes provenientes de zonas rurales con pocas vías de comunicación. Por supuesto que era por demás positivo que los partidos tuvieran la obligación de decir cuándo se utilizaba la inteligencia artificial en su propaganda política para evitar falsedades en los beneficios prometidos, además de la incorporación de mecanismos electrónicos para la emisión del voto en los procesos de democracia directa. De hecho, una agenda impostergable en México es el tránsito del voto artesanal que ahora tenemos a un voto electrónico que facilite procesos y genere mayores certezas.
En esta iniciativa también se retomaba la imperiosa necesidad de incrementar el blindaje de recursos ilícitos en las campañas o de regular las aportaciones en dinero en efectivo por parte de particulares, que es un asunto que se tuvo que legislar desde hace tiempo por las distorsiones que generaba en los procesos electorales y luego en los compromisos de gobierno. Finalmente, la primera propuesta de Sheinbaum exponía la necesidad de disminuir los tiempos oficiales para la propaganda electoral en medios de comunicación masiva, asunto que tendría un aspecto positivo y uno negativo (recordemos que en la propuesta se pide pasar de 48 a 35 minutos diarios). El acierto radicaba en que reducía el problema de la espotización de las campañas que hasta ahora no ha dejado nada bueno a la calidad de la contienda política. No obstante, el aspecto negativo era que podía afectar la equidad de las campañas electorales al otorgar menos tiempos de propaganda a los partidos minoritarios.
Cuando se conoció la primera propuesta de reforma electoral varios la calificamos como una iniciativa «descafeinada» y que poco abonaría a una verdadera reforma política y electoral. Sólo recordemos, porque ahora ya casi nadie habla de esto, que en México urge una reforma política de fondo, ya que se han acentuado problemas de la democracia mexicana, como nuestra grave crisis de representación, en la cual gran parte de la población no siente que sus necesidades sean abanderadas por ningún partido político; la tremenda y profunda desconexión que hay entre los partidos y la ciudadanía; las injustificables e inmorales prerrogativas y privilegios que tienen las fuerzas políticas en México; las excesivas e inexplicables funciones del INE; las inservibles, fastidiosas y aburridas campañas políticas que cada tres años tenemos que soportar; la preocupante incapacidad estructural de muchos municipios para realizar su mandato (por ejemplo las policías municipales que sólo sirven para sacar borrachos de cantina); la poca y abusiva claridad de las alianzas electorales y su conformación de mayorías ficticias; la inexistencia de mecanismos, como la necesaria segunda vuelta, cuando se presentan comicios muy competidos; el alto y persistente abstencionismo que hay en el país, que ronda el 40% de la población; el incremento en el porcentaje de votación para que un partido político obtenga el registro electoral, entre otros. Éstos son algunos de los problemas que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, que la clase política no ha querido resolver, y que incluso se ha beneficiado de estas situaciones.
«El hecho de que la legislación vigente permita que sea únicamente la propia clase política la encargada de regularse a sí misma, nos coloca en círculo vicioso que sólo podrá romperse con una fuerte e intensa presión de parte de la sociedad civil».
El hecho de que la legislación vigente permita que sea únicamente la propia clase política la encargada de regularse a sí misma nos coloca en círculo vicioso que sólo podrá romperse con una fuerte e intensa presión de parte de la sociedad civil para cambiar el estado de las cosas. Este escenario no está presente en este momento y por esta razón la discusión se convirtió en un asunto sólo de élites y de las partes directamente afectadas por las reformas.
Hay que retomar que las dos propuestas de Claudia Sheinbaum ya no tenían muchos elementos propuestos en los anteriores intentos, eran iniciativas muy descafeinadas desde su concepción y, a diferencia de López Obrador, la actual presidenta de México sí cuenta con una mayoría calificada en el Congreso de la Unión, pero al parecer el trabajo político de convencimiento de los aliados no ha sido el mejor, pues su primera iniciativa no alcanzó los votos que necesitaba para su aprobación.
La primera propuesta de reforma de Sheinbaum no alcanzó la mayoría calificada, ya que, en términos gruesos, sólo votaron por ella los legisladores de MORENA. El Partido Verde, el Partido del Trabajo (PT), el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano (MC) votaron en contra.
Era por demás evidente que los propios partidos no apoyarían la reducción de senadores plurinominales, lo cual claramente afectaba sus intereses, y que tampoco votarían a favor de reducir el dinero que reciben. En términos coloquiales, era como «darse un balazo en el pie», por lo que prefirieron hacer una pequeña revuelta política en contra de la presidenta que perder sus privilegios.
El Plan B
Luego del primer rechazo a la presidenta de México se presentó el llamado plan B, que cambiaba las propuestas de Sheinbaum por otras aún menos significativas para el desarrollo democrático del país. Quedó claro entonces que la necesidad de una gran reforma del Estado no será resuelta en este sexenio y que al final nos quedaremos con una chiquirreforma electoral, muy descafeinada y que poco ayudará a mejorar nuestra precaria democracia.
Recordemos también que para el momento de la presentación del plan B ya eran tres los descalabros que la presidenta había tenido con este Congreso de la Unión, a saber, el atraso en la entrada en vigor de la reforma contra el nepotismo (hasta 2030); la designación de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la que se ratificó a Rosario Piedra, quien no contaba con el apoyo de Claudia Sheinbaum, y el rechazo de la primera iniciativa de reforma electoral. Estos reveses en tan corto tiempo y con un poder legislativo con supuesta mayoría calificada demuestran la poca fortaleza política de la presidencia.
Por otro lado, la chiquirreforma electoral o el llamado plan B contenía, desde mi punto de vista, un aspecto sustantivo, varios elementos procedimentales, algunas disposiciones francamente inservibles y un tema extremadamente polémico. El punto más relevante es la reducción del número de regidores en los cabildos del país, cuyo máximo sería de 15, según la población de cada ayuntamiento. Basta citar los casos de Guadalajara y Zapopan, donde actualmente hay 20 regidores y, a partir de la siguiente integración del cabildo, sólo habrá 15. Aunque esta medida puede justificarse como una forma de ahorro al erario y como respuesta a la falta de rendición de cuentas de algunos regidores, en realidad debilita la representación de las minorías políticas, que quedarían con una presencia mínima en los cabildos del país.
Los aspectos procedimentales de la minirreforma tienen que ver con el ajuste a la baja del presupuesto para los partidos políticos, la vigilancia en tiempo real de los gastos de campaña electorales, la disminución del presupuesto de los congresos locales de todo el país y la inservible baja del salario de funcionarios electorales, que puede sonar justo en términos valorales, pero que no resolverá absolutamente nada en el fortalecimiento de la democracia.
El tema más controvertido de la chiquirreforma electoral era adelantar la ratificación de mandato de Claudia Sheinbaum para junio de 2027. Hay que recordar que en este momento el proceso de ratificación puede ser hasta 2028. De haber prosperado esta parte del llamado plan B, la presidenta habría aparecido en las boletas electorales junto con los diputados federales, la mayoría de los diputados locales y miles de candidatos a presidentes municipales, además de poder participar en campaña durante el proceso electoral. Este ejercicio, además de resultar inútil, pues hasta ahora nadie ha solicitado la renuncia de la presidenta, habría generado un grave escenario de inequidad en las campañas de las elecciones intermedias.
Finalmente se aprobó tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores la mayor parte del plan B, salvo el apartado del adelanto de la ratificación de mandato. El PT fue responsable de oponerse a la propuesta de la presidenta que finalmente no pudo llevar adelante esta iniciativa. Luego, en la Cámara de Diputados el partido naranja votó a favor de la minirreforma electoral, que sólo encontró oposición en el PAN y en el PRI.
Las breves conclusiones que pueden extraerse de este largo proceso son varias. En primer lugar, volvió a postergarse la necesidad de una reforma política de fondo y, en su lugar, se aprobó una reforma electoral poco funcional y operativa. Asimismo, la presidenta quedó en entredicho, pues se evidenció que actualmente no controla por completo al partido político que la llevó al poder, dejando ver que la sombra de Andrés Manuel López Obrador continúa presente en el escenario político nacional.
Por otro lado, los partidos políticos en México, en su configuración actual, difícilmente impulsarán una reforma política que afecte sus propios intereses, lo que coloca al país en un peligroso círculo vicioso de deterioro democrático. Finalmente, el PT asumió el papel de partido «respondón» dentro de este escenario político, mientras que MC parece acercarse cada vez más a las necesidades de la alianza gobernante.
