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Hacia una agenda por la paz

México vive hoy la peor crisis de violencia de su historia, mientras que las instituciones de seguridad y justicia no se dan abasto para enfrentarla.

Las dimensiones y la profundidad de esta crisis nos obligan a todos a actuar, por encima de cualquier interés o proyecto político.

Nos hemos dado a la tarea de trazar una agenda mínima para poder construir la paz; una agenda mínima, pero potente e integral. Proponemos un cambio profundo de conciencia que transite de una cultura de violencia hacia una cultura de cuidado, que recupere el valor de la vida, la dignidad humana y la fraternidad.

Al haber efectuado cientos de reuniones por todo el país y escuchado las preocupaciones de diversos sectores, recogimos algunos de los factores que se considera que alimentan las violencias: la desconfianza, el abandono de las juventudes, la fragmentación social, la falta de apoyo a las policías y el deterioro ambiental, entre otros.

Proponemos la construcción de un nuevo horizonte basado en la solidaridad comunitaria y el restablecimiento de lazos de confianza y de colaboración, tanto entre los ciudadanos, como entre éstos y las instituciones.

El documento que elaboramos presenta un conjunto de “principios”, entendidos como las condiciones que se requieren para que todos podamos sumarnos a la tarea de construir la paz en México. Partimos de la certeza de que el miedo y la violencia no son nuestro destino natural, sino apenas una oscura etapa de nuestra historia que pasará en la medida en que trabajemos en conjunto.

Quienes convocamos y somos convocados hoy aquí, lo hacemos desde la esperanza y la convicción de que la paz es posible para México y para las personas que vivimos y soñamos en cada una de sus comunidades.

Consideramos que, en materia de seguridad y justicia, se requieren instituciones sólidas, capaces de respetar tanto los derechos de las víctimas como de los victimarios y alejándose de los modelos punitivos y reactivos para priorizar la justicia restaurativa y los modelos alternos de solución de conflictos.

Tenemos mucho que aprender de los mecanismos tradicionales de conciliación, mediación y reparación que, anclados en las comunidades, pueden servir como mecanismos de prevención que eviten el congestionamiento de las instituciones de procuración e impartición de justicia. En esos mecanismos se investiga para encontrar la verdad, y se construyen acuerdos entre las partes para reparar el daño a la víctima y reeducar al victimario.

Los resultados de haber apostado sólo por el encierro como la única vía posible para sancionar y reinsertar a los responsables, así como para disuadir a otros de cometer delitos, los tenemos a la vista: no logramos reinsertar a los primeros, pero tampoco disuadir a los segundos.

Nuestro sistema de justicia prevé la posibilidad de emplear medios alternativos a la prisión como la reparación del daño, los mecanismos alternos de solución, las medidas cautelares y un conjunto amplio de posibles sanciones que, desafortunadamente, no se aplican, entre otras razones por la presión social que, equivocadamente, inclina la balanza hacia las penas más severas.

Siempre que sea posible, habrá que adoptar todas las medidas aplicables antes de acudir al encierro como sanción. El encierro no hace sino agravar la situación de la persona, deteriorar sus lazos sociales y su calidad humana y disminuir las posibilidades de un desarrollo sano para su familia, causando además daños que se revierten a la comunidad.

El trabajo por la paz y la justicia implica múltiples estrategias, procesos y sectores. Proponemos la construcción de una agenda amplia, social y temporalmente. Una agenda que no deje a nadie fuera, a nadie detrás, pero, sobre todo, que mire a quienes son más vulnerables y se encuentran más rezagados.

Ello implica una comprensión amplia y profunda de las causas y factores que fomentan las violencias, así como de las formas en que tales violencias se retroalimentan. Como consecuencia de esta comprensión, las iniciativas de construcción de paz se conciben desde la complejidad y son multidimensionales.

Parte de la agenda consiste en que todas las voces sean escuchadas; el protagonismo de los y las jóvenes en la construcción de un futuro compartido; una ética por el diálogo que resista la polarización y apueste por la colaboración desde el nivel local; que priorice la atención a las víctimas de las violencias. El camino hacia la construcción de la paz necesita de una cultura de encuentro basada en la empatía, la escucha, el diálogo, el consenso y el acuerdo.

Las violencias que vivimos están dejando duelos no resueltos, desconfianzas y miedos que llevan al aislamiento, al desorden de valores e infinidad de traumas comunitarios. Por ello, resulta urgente emprender procesos de sanación en su dimensión personal, familiar, comunitaria e institucional.

La educación para la paz tiene el potencial de reenfocar la vida comunitaria a través de alentar empatía, solidaridad, diálogo y resolución no violenta de conflictos. La educación en una cultura de paz debe estar articulada con los distintos proyectos y programas de asistencia social, educativa, de salud, de atención a las conductas violentas y delictivas, además de en los procesos de justicia.

La educación para la paz requiere del compromiso de todos los sectores con el desarrollo de una ciudadanía corresponsable, solidaria, colaborativa, dispuesta a construir las condiciones de bienestar que los niños y niñas necesitan para convertirse en su mejor versión.

Los programas educativos deben incluir capacitación a padres y docentes para implementar procesos de mediación en escuelas y familias, así como programas que formen a estudiantes para mediar en los conflictos entre pares.

El cuidado del medio ambiente es un compromiso ineludible con las generaciones futuras que solo será posible con la participación de todos los sectores.

Es urgente fomentar la colaboración y el acercamiento entre las comunidades y sus policías municipales; promoviendo un balance adecuado entre los esfuerzos de prevención y reacción y abogando por una conciencia pública que permita dimensionar la responsabilidad que cada quien tenemos con la seguridad. Los casos exitosos de reducción de los delitos han sido fruto de un trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad de los distintos órdenes de gobierno en estrecha colaboración con los ciudadanos

El apoyo a las víctimas y a sus familiares debe ir más allá de la empatía y la solidaridad. Los distintos órdenes de gobierno, las universidades, las organizaciones de la sociedad civil y las iglesias debemos sumarnos y brindar los apoyos necesarios para que obtengan justicia y reparación del daño, lo que les permitirá resignificar su experiencia más allá del dolor y la pérdida.

Las fiscalías, tanto estatales como la federal, requieren de un rediseño integral y de un modelo de procuración de justicia construido alrededor de la calidad en los servicios, la garantía de los derechos, la atención a las víctimas y la reducción de la impunidad. Las fiscalías deben garantizar una atención honesta y profesional a quienes denuncien y, sobre todo, deben tener protocolos eficaces de atención a las víctimas, para evitar la revictimización.

Siempre que sea posible, habrá que adoptar todas las medidas aplicables antes de acudir al encierro como sanción. El encierro no hace sino agravar la situación de la persona, deteriorar sus lazos sociales y su calidad humana y disminuir las posibilidades de un desarrollo sano para su familia.

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