E
l primero de octubre de 2024 Claudia Sheinbaum Pardo tomó posesión como la nueva presidenta de México, con un mandato popular claro y nítido de construir, que coloquialmente se conoce como el segundo piso de la Cuarta Transformación. Este proceso nos obliga a reflexionar sobre los pendientes que deja la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el convulso proceso de transición entre el presidente saliente y la presidenta entrante, y cómo se inicia el periodo de gobierno de Sheinbaum Pardo.
Como es costumbre, el primero de septiembre de 2024 AMLO dio a conocer su último informe de gobierno, que tuvo un nivel de aprobación muy alto: El Financiero informó que el 65% de las y los mexicanos evaluaron positivamente su gestión, frente a un 33% que la consideró mala. El tabasqueño concluyó su mandato con un alto grado de percepciones favorables, a diferencia de su antecesor, Enrique Peña Nieto, que para el fin de su sexenio tenía un alto porcentaje de repudio social.
A lo largo de los siguientes meses se podrá hacer una ponderación precisa y exacta de lo que fue el primer sexenio de la autodenominada Cuarta Transformación, pero conviene colocar algunos planteamientos iniciales.
Acciones y procesos con impactos positivos
Desde mi visión personal y en un intento de hacer una síntesis, los aspectos más positivos de estos seis años fueron los siguientes.
En primer lugar, el conjunto de programas sociales implementados por el gobierno federal contribuyó a disminuir la pobreza en el país. El incremento de las personas beneficiadas y de los montos hizo de esta política pública una de las acciones más efectivas de este sexenio, llegando incluso a ser una de las principales banderas de la campaña electoral.
El segundo aspecto relevante fue el aumento sistemático del salario mínimo, acompañado de la regulación de las prácticas más negativas del outsourcing. Estas políticas eran imprescindibles para avanzar con el combate a la pobreza y la desigualdad y mejorar la vida de muchos hogares en México. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la pobreza disminuyó a niveles que no se habían logrado en décadas, lo cual muestra el impacto de estas medidas.
En tercer lugar, López Obrador instrumentó una política de austeridad en el gobierno federal. Ante los gastos suntuosos e innecesarios de otras administraciones públicas, se redujo el gasto superfluo y se redirigió a programas sociales y a obras de infraestructura.
Otro aspecto destacable es la relación directa que AMLO logró establecer con la población, algo sin precedentes en la historia reciente del país. Esta estrategia lo convirtió en un presidente popular, con respaldo mayoritario para sus proyectos e iniciativas. Las «mañaneras» fueron un mecanismo sumamente útil y eficiente para posicionar su agenda pública.
Además, a diferencia de sexenios anteriores en los que la presidencia mostró una relación de subordinación hacia los grandes capitales nacionales y extranjeros, en este periodo la relación se equilibró. El Poder Ejecutivo logró un diálogo y negociación con mayor capacidad de acuerdos, al mismo tiempo que se cobraron adeudos tributarios a grandes empresarios.
En el ámbito de infraestructura se llevaron a cabo megaproyectos en el sur del país, como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec y la refinería de Dos Bocas en el estado de Tabasco, con la intención de impulsar el desarrollo de la región.
Por último, cabe destacar la estabilidad de las variables macroeconómicas durante la mayor parte del sexenio, aun con las críticas de la oposición. Asimismo, se renegoció el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T–MEC) a pesar de las presiones ejercidas por Donald Trump.
Aspectos negativos y pendientes del periodo lopezobradorista
El periodo de López Obrador también dejó saldos negativos y pendientes que la nueva presidenta deberá abordar. El primer aspecto crítico es la grave crisis de inseguridad pública que enfrenta México. Aunque hacia el final del sexenio se observó una leve disminución en el número de homicidios, el país permaneció en una meseta alta de violencia, lo que convierte este periodo en el más violento de la historia reciente. El problema de las personas desaparecidas no tuvo solución, se vivieron crisis recurrentes en varias regiones y la Guardia Nacional no logró los resultados prometidos.
En cuanto al combate contra la corrupción, que fue una de las mayores demandas sociales durante el sexenio de Peña Nieto y una de las principales banderas de López Obrador, no se lograron avances significativos. Casos paradigmáticos del pasado, como la Estafa Maestra o el de Petróleos Mexicanos, no se resolvieron, y el expresidente se negó a investigar a fondo situaciones que involucraban a funcionarios de su propio gobierno.
La relación de López Obrador con las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales fue conflictiva y distante. Durante su mandato el expresidente estigmatizó y criticó el trabajo de organizaciones no gubernamentales como Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez, S.J.» y Mexicanos Contra la Corrupción, entre otras. Además, mantuvo serias diferencias con los movimientos feministas y los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, lo que evidenció una falta de sensibilidad y una escasa respuesta del gobierno federal para atender las demandas de estos grupos.
En el ámbito de las relaciones diplomáticas, el gobierno de López Obrador se caracterizó por ser poco cuidadoso, entrando en conflictos internacionales innecesarios, como el caso de España, mientras mostraba una postura débil ante flagrantes violaciones a los derechos humanos en otros países, como Nicaragua. La política exterior fue errática y contradictoria a lo largo de su administración.
Finalmente, aunque López Obrador aseguró que el sistema de salud pública era mejor que el de Dinamarca, la realidad es que el sistema enfrentó una profunda crisis, especialmente evidente durante la pandemia de covid–19. Según el CONEVAL, al menos 50 millones de mexicanos tienen problemas para acceder a servicios de salud. Esto pone de manifiesto la necesidad de mejorar la infraestructura, el personal médico y el abastecimiento de medicinas.
El sexenio que concluyó deja un escenario político inédito y peculiar. AMLO, además de desempeñarse como primer mandatario del país, se consolidó como el líder indiscutible de su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), que no sólo renovó la presidencia, sino que controla el Poder Legislativo y gobierna en 24 entidades del país. Actualmente MORENA se erige como una fuerza política sin contrapesos formales y con una presidenta que ha sido la más votada en los últimos 40 años.
Por otro lado, la oposición política en México se caracteriza por una profunda debilidad y una capacidad limitada para competir. Durante la última década los partidos opositores actuales —Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD)— dilapidaron su capital político. Por su parte, el partido Movimiento Ciudadano (MC) no logró consolidarse como una opción política atractiva a escala nacional. Los resultados electorales dejaron a estos partidos en una posición testimonial, sin las herramientas necesarias para contrarrestar al partido oficial y sus aliados.
Al menos durante los próximos tres años, hasta las próximas elecciones legislativas, este escenario político se mantendrá. Lo mínimo que estos partidos deberían hacer es advertir a la ciudadanía sobre posibles errores o malas decisiones de MORENA y sus aliados. Tanto el PRI como el PAN enfrentan serias crisis internas, marcadas por fracturas en su estructura y por un claro distanciamiento con gran parte de la ciudadanía.
Para superar esta crisis los partidos de oposición deberán impulsar profundos procesos de reflexión y cambio, emprendiendo reingenierías intensivas que clarifiquen sus prioridades, definan su posición en el espectro político, se reconcilien con la ciudadanía y democraticen su vida interna.
En un escenario político como éste, con un partido oficial avasallador y con una oposición política testimonial, los contrapesos políticos deberán surgir de las organizaciones de la sociedad civil, de los movimientos sociales y de las agrupaciones empresariales.
La reforma al Poder Judicial
Desde el inicio del debate, uno de los primeros puntos de discusión fue la necesidad misma de la reforma. Para algunos académicos, expertos y opinadores, el Poder Judicial en México ya era autónomo, funcionaba medianamente bien y desempeñaba un papel de contrapeso político frente a los otros dos poderes. Aunque admitían que había aspectos por mejorar, consideraban que, en términos generales, este poder operaba de manera relativamente adecuada.
Por otro lado, hubo voces que desde hace al menos tres décadas han señalado la necesidad de una transformación profunda del Poder Judicial, enfocada en dos problemas centrales: la falta de independencia de los jueces y la grave impunidad que persiste en el país. Si bien la impunidad no es exclusiva de este poder, sin duda contribuye a su existencia. Además, la percepción de la mayoría de los mexicanos es que la justicia en México no es justa ni expedita, más bien favorece a los poderosos y está llena de privilegios para sus miembros.
En este debate no hubo consenso y tampoco quedaron claros cuáles eran los puntos nodales que una reforma al Poder Judicial debería atender y resolver. Sin duda alguna, el punto más cuestionado fue la elección por voto popular de jueces y magistrados. Es cierto que el voto directo es una expresión democrática, pero en el contexto de la elección de quienes juzgarán casos de acuerdo con las leyes mexicanas, hay un doble riesgo: que poderes políticos y fácticos influyan en la elección de jueces para imponer personas y, por lo tanto, favorecer sus intereses, y que este mecanismo impida que las y los juzgadores del país lleguen a estos cargos por sus trayectorias, es decir, que su carrera judicial quede cancelada por decreto.
Una de las ausencias más preocupantes de la discusión y aprobación de esta reforma fue la necesaria transformación de las fiscalías y los ministerios públicos. El problema endémico de la impunidad también es provocado porque estas entidades dependen de los poderes ejecutivos. Actualmente carecen de autonomía, métodos científicos de investigación y se han documentado numerosos casos de tortura, revictimización de las personas afectadas por delitos, colusión con el crimen organizado y un desempeño deficiente en general. Los informes de organismos internacionales sobre este problema son extensos y detallados.
La reforma aprobada no garantiza que se resolverán los problemas que busca atender. Sin otras reformas complementarias existe el riesgo de que todo cambie, pero que en la práctica todo siga igual.
El comienzo del sexenio de Claudia Sheinbaum
Durante el proceso de transición la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó a su equipo de trabajo, compuesto por secretarias y secretarios con experiencia previa en el gabinete de López Obrador, así como por personas de su confianza. Este gabinete se destaca por mantener la paridad de género y por contar con un alto número de integrantes que repiten sus funciones tras el periodo de transición, lo que podría reflejar continuidad en las políticas instrumentadas durante la administración anterior. Además, una parte significativa de los nuevos integrantes proviene de un perfil técnico–científico alineado con sus respectivas áreas de trabajo, lo que genera expectativas de mejores resultados.
El nombramiento más controvertido ha sido el de Mario Delgado Carrillo al frente de la Secretaría de Educación Pública, percibido más como un premio a su eficacia electoral que como una decisión basada en su experiencia en el sector educativo.
Durante su toma de protesta y en el acto masivo celebrado en el Zócalo de la Ciudad de México, la nueva presidenta presentó 100 compromisos y transmitió algunos mensajes clave para su sexenio.
En primer lugar, destacó su intención de profundizar las políticas de redistribución del ingreso iniciadas por López Obrador. Estas acciones y programas conforman el llamado «segundo piso» de la Cuarta Transformación, lo que refleja una clara continuidad con el gobierno anterior.
La presidenta también hizo un llamado a la calma dirigido a los mercados internacionales, grandes empresarios y capitales, con quienes se comprometió a trabajar en conjunto para fomentar la inversión privada y renovar el T–MEC con Estados Unidos y Canadá.
Uno de los mensajes más contundentes de Sheinbaum fue su compromiso de combatir las violencias de género y avanzar hacia la igualdad sustantiva, lo cual marca una diferencia significativa respecto al sexenio anterior, ya que López Obrador había desestimado sistemáticamente esta agenda. Sus declaraciones en materia de género fueron reveladoras y determinantes, posicionando este tema como una prioridad en su administración.
Sheinbaum también enfatizó que su gobierno buscará que México se convierta en una potencia en desarrollo científico, tecnológico e innovación, algo que se explica por su origen académico y que representa una novedad respecto al gobierno anterior.
En lo que se refiere a la crisis de seguridad, la presidenta Sheinbaum continuó con el negacionismo y defendió la militarización, aunque propuso cuatro estrategias para encarar este grave problema. En este caso la continuidad con el sexenio anterior resulta por demás preocupante.
Otro aspecto notable de su discurso fueron los halagos a Andrés Manuel López Obrador, a quien calificó como el mejor presidente de México desde Lázaro Cárdenas, afirmando que marcó una nueva etapa en el país. Estas palabras fueron consideradas excesivas por algunos opinadores.
Finalmente, Sheinbaum anunció la presentación de una reforma político–electoral, que incluirá ajustes a la propuesta de AMLO. Una de las diferencias más notables será la eliminación de la reelección, lo que ha generado controversia.
Así termina un sexenio y comienza otro. Habrá que estar atentos para ver las líneas de continuidad y de ruptura entre ambas administraciones.
