Derechos humanos: balance sexenal preliminar

Este 10 de diciembre cumple 75 años la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento en el que quedaron cristalizados los anhelos de dignidad y justicia de la humanidad, tras la catástrofe civilizatoria que significaron las dos guerras mundiales a comienzos y mediados del siglo XX.

El 10 de diciembre de 2023 también será la última vez que se conmemore esta fecha bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Como es sabido, en junio de 2024 tendremos elecciones federales y a partir del 1 de octubre un nuevo gobierno federal detentará el poder.

En ese sentido, es pertinente realizar un primer balance sobre la política de derechos humanos de esta administración, cuando ya se encuentra próxima a concluir. Hacer esta tarea con objetividad es sumamente relevante para no caer en los extremos de estridencia que hoy enmarcan la conversación pública en el país.

La promesa de cambio y la realidad del sexenio

Sin duda alguna, el arranque de la administración parecía promisorio. Se hicieron algunos nombramientos plausibles en áreas clave, se habló del reconocimiento de la magnitud de la crisis de derechos humanos, se revisaron algunos casos emblemáticos pendientes y se sostenía el compromiso contraído en campaña de modificar a fondo la política de seguridad. Todas estas medidas apuntaban a la dirección correcta.

Pero, en este campo, muy pronto comenzaron a vislumbrarse situaciones preocupantes que, vistas en conjunto hacia el término del sexenio, obligan a hacer un balance negativo. La continuidad de la violencia y especialmente de los homicidios y las desapariciones, la grave profundización de la militarización, la ausencia de agenda de cambio en el ámbito de la justicia, la negligente política migratoria y el clima hostil hacia la labor de las y los defensores de derechos humanos son algunas de las cuestiones que, acumuladas, llevan a concluir que el sexenio quedó muy por debajo de las expectativas en el rubro de los derechos humanos.

La continuidad de la violencia es, sin duda, el aspecto más lacerante. Las políticas de seguridad impulsadas durante este sexenio no han sido bastantes ni suficientes para lograr una reducción drástica y sustantiva en los homicidios, que siguen en niveles inaceptables y que pueden alcanzar a quien sea, como lo mostró el doloroso crimen en Cerocahui, Chihuahua, en donde fueron asesinados el joven Paul Berrelleza, el guía de turistas Pedro Palma y los entrañables jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora. Y es que las muertes violentas en el país no descienden a la velocidad que se necesita. Las propias cifras oficiales así lo confirman. En la conferencia presidencial matutina del 1 de junio de 2023 se presentaron los datos oficiales sobre el índice de homicidios durante este sexenio. Ahí se reconoció que en los primeros cuatro años del actual gobierno se contabilizaron 141 mil 559 homicidios, más de los registrados para el mismo periodo en las dos administraciones previas. Considerando estas cifras, algunos medios de comunicación han enfatizado que el actual gobierno se perfila como el más violento de la historia reciente. En respuesta, éste ha justificado la situación señalando que se debe a la «herencia del pasado», pero, más allá de estas justificaciones, es evidente que la administración vigente no entregará los resultados esperados en este rubro.

En este marco, la persistencia de la crisis de desapariciones es extremadamente grave, pues éste podría ser el sexenio con más desapariciones en el pasado cercano. De acuerdo con datos del sitio de investigación periodística A dónde van los desaparecidos, entre el 1 de diciembre de 2018 y el 24 de mayo de 2023 se registraron 42 mil 29 desapariciones en todo el país; un promedio de 25 personas desaparecidas por día. Ésta es, como se ha señalado incluso en este mismo espacio, una de las realidades más dolorosas que enfrenta México, la cual lamentablemente no ha encontrado en las autoridades de más alto nivel —y consecuentemente en muchas otras en el plano local— una escucha empática. Aunque en estos años se iniciaron desde el estado algunos esfuerzos como el relanzamiento del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la consolidación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, la crisis continúa y las familias de las personas desaparecidas han tenido incluso que litigar contra el estado para que sean instrumentadas herramientas básicas, previstas en la ley desde hace años, como el Banco Nacional de Datos Forenses. Entre tanto, las desapariciones siguen siendo en México crímenes sin sanción: aunque hay más de cien mil personas desaparecidas en el país, las sentencias condenatorias contra perpetradores por este delito apenas rebasan las tres decenas.

En este mismo orden de ideas, la apuesta del gobierno por la militarización, ya no sólo de la seguridad sino inclusive de amplias franjas de la vida pública, ha sido ineficaz para revertir la violencia y al mismo tiempo generará nuevos riesgos para la estabilidad democrática. Aunque debe reconocerse que ciertos tipos de abusos castrenses disminuyeron parcialmente en este sexenio en contraste con lo que ocurrió en el pasado reciente, el renovado protagonismo de la Secretaría de la Defensa Nacional, sin contrapesos y sin controles civiles externos, es sin duda una amenaza hacia el futuro para la vida democrática del país, pues las Fuerzas Armadas han tenido una permanente renuencia a rendir cuentas a instancias civiles y proceder con notoria autonomía fáctica.

«Por otro lado, la ausencia de cambios relevantes en materia de justicia es otra deuda notable de este sexenio».

Por otro lado, la ausencia de cambios relevantes en materia de justicia es otra deuda notable de este sexenio. En vez de abocarse a generar cambios sustantivos en la procuración de justicia construyendo fiscalías funcionales, el presidente de la República se dedicó a fustigar permanentemente a los poderes judiciales. Esta decisión constituyó un grave error: sin negar que hay múltiples aspectos que revisar en la judicatura, la reversión de la sistemática impunidad del país pasa más bien por generar cambios de fondo en los ministerios públicos; es decir, en la investigación de los delitos y no tanto en el juzgamiento de los responsables, lo cual es en realidad aún escaso. El gobierno actual, al focalizar sus anhelos de cambio en entes como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consintió que en la Fiscalía General de la República se sostuviera un liderazgo propenso al conflicto de interés e ineficaz, que no trajo la urgente puesta al día en la investigación criminal.

Estas falencias han impedido avances sustantivos incluso en procesos que han sido priorizados por esta misma administración, como lo confirma lo acontecido en el llamado caso Ayotzinapa, en el que la promesa de alcanzar la verdad durante este sexenio, por dolorosa que sea —como no dejan de señalarlo las dignas familias de los jóvenes normalistas— parece alejarse. Aunque se han impulsado esfuerzos y algunos perpetradores se encuentran hoy sujetos a proceso penal, la falta de capacidades para indagar delitos complejos se ha impuesto, como han prevalecido también las resistencias militares. El resultado es que el paradero final de las víctimas continúa sin ser cabalmente esclarecido.

Por otro lado, aunque se anunciaron medidas para revisar la situación de personas privadas de la libertad que están en prisión por causa de sentencias injustas, mediante amnistías y otros esquemas análogos, éstas no han logrado instrumentarse cabalmente y no se han replicado en el ámbito estatal —ni siquiera en las entidades donde gobierna el partido en el poder—. Al mismo tiempo, se ha reivindicado la actual política de seguridad sobre la base del número de personas que son detenidas y sometidas a prisión preventiva, endureciendo incluso los supuestos en los que puede darse este encarcelamiento —lo que se conoce como prisión preventiva oficiosa—, cuestión que pone en evidencia una perspectiva sobre las políticas de seguridad que en esencia reproduce los esquemas infructuosos que hemos tenido en el pasado.

La política migratoria ha sido otro tema fallido. El sexenio en este rubro comenzó con el anuncio de que se otorgarían visas humanitarias a las personas en condición de movilidad, y lo concluyó, en los hechos, con el incendio de una estación migratoria en Ciudad Juárez que consumió la vida de 40 migrantes. Las personas que atraviesan México con el anhelo de alcanzar Estados Unidos siguen padeciendo condiciones terribles en el territorio nacional, enfrentando tanto la violencia de estado como la violencia que generan las propias redes criminales. México se ha plegado a las exigencias de nuestro vecino del norte, que sigue en su empeño de externalizar sus fronteras y contener la migración desde el sur de nuestro país, fin al que se han prestado el ejército y la Guardia Nacional.

Finalmente, la retórica presidencial en contra de quienes integran el espacio cívico es otro elemento que impide realizar una evaluación positiva sobre lo que el sexenio que finaliza ha significado para los derechos humanos. En múltiples ocasiones se arremetió en contra de la Oficina de Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Iglesia católica, organizaciones civiles y periodistas independientes, desde esa caja de resonancia amplificada que es la conferencia matutina presidencial, con el afán de destruir reputaciones de actores con voz crítica. En el Centro Prodh no fuimos ajenos a señalamientos tan estigmatizantes como injustos de parte del propio titular del ejecutivo.

La recurrencia del espionaje en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos confirma esta tendencia de hostilidad contra el espacio cívico. El 18 de abril de 2023 en el Centro Prodh decidimos hacer pública la confirmación de que dos personas de nuestro equipo fueron espiadas con el software Pegasus en al menos cinco ocasiones entre junio y septiembre de 2022, mientras trabajábamos en casos relacionados con abusos y violaciones a derechos humanos de cuerpos castrenses. No es la primera vez que esto sucede: en 2017 una investigación encontró que tres personas del Centro Prodh habían recibido mensajes infecciosos para vulnerar sus teléfonos. La repetición del espionaje ilegal contra la misma organización en dos sexenios, sin que la justicia llegue, confirma que hay inercias autoritarias que no han cambiado.

Esta enumeración podría continuar. Aspectos positivos como la reforma laboral y el incremento a los salarios mínimos, o el intento de traer verdad y memoria frente a los crímenes de la llamada “Guerra Sucia” de los años setenta, coexisten con otras muchas cuestiones sombrías como el socavamiento a los organismos constitucionales autónomos encargados de tutelar derechos —como el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el Instituto Nacional Electoral y la Comisión Nacional de Derechos Humanos— o incluso el impulso a grandes proyectos de desarrollo en regiones indígenas —como el corredor transístmico o  el Tren Maya— sin el debido respeto a los derechos colectivos de los pueblos originarios a ser consultados previa y libremente. El absoluto debilitamiento del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y su Comisión Ejecutiva es otro elemento de preocupación: en este sexenio el referido Sistema sólo ha sesionado en una ocasión.

En suma, aunque quizá en otros temas relevantes de la agenda pública la valoración pueda ser más favorable, en derechos humanos el balance de la actual administración no es positivo. En este rasgo, sin duda, el sexenio que está acabando terminará pareciéndose, más que distinguiéndose, de los que le precedieron. La narrativa sobre la existencia de una profunda transformación en el ámbito de los derechos humanos no se ha acreditado con hechos.

Las violaciones a derechos humanos no se han erradicado. Los profundos problemas estructurales que provoca en nuestro país la falta de estado de derecho siguen ahí, desafiantes. Y debe decirse, también, que ante estos retos el desempeño de los gobiernos estatales es igualmente decepcionante: no es sencillo encontrar alguna entidad que realmente destaque por atender a fondo la problemática de los derechos humanos.

Frente a este panorama, no contribuye al reconocimiento de esta realidad el discurso que desde el poder minimiza la persistencia de la violencia y el sufrimiento real y tangible de las víctimas, en aras de insistir discursivamente en que el cambio ya se verificó y en que estamos mejor que antes. Del mismo modo, tampoco se contribuye a que esta realidad cambie cuando desde la oposición se usan los derechos humanos como arma arrojadiza con notorio oportunismo, por actores políticos que, cuando detentaron el poder, tampoco entregaron los resultados que el país necesitaba o que entonces fueron indiferentes ante la violencia y la violación generalizada de los derechos humanos.

Sostener la esperanza

En este escenario, que deja poco lugar para el optimismo, existe espacio para la esperanza. Ésta radica, sobre todo, en quienes incansablemente siguen trabajando para defender la dignidad humana, ahí donde se encuentra amenazada. Las víctimas, los organismos de la sociedad civil, la academia, algunos medios de comunicación y no pocos servidores públicos han seguido madurando propuestas y articulaciones para poner en el centro la reducción de la violencia, el avance de la justicia, el reconocimiento de la verdad y políticas sostenibles de atención a las víctimas.

Desde luego, el riesgo en el contexto de polarización que se ha instalado, y que se ha acrecentado notoriamente por la anticipada contienda electoral que se encuentra ya en curso, es que las demandas de la agenda de derechos humanos pasen a un plano periférico y que se debilite la exigencia de colocar en el centro del debate público la reducción de la violencia deshumanizante que impera en el país.

Para que este extremo no ocurra y para que la indiferencia no se siga extendiendo en México, la movilización y visibilización de las propias víctimas es lo fundamental. Es así como puede sostenerse la esperanza. Para que estas voces sean escuchadas, todos y todas estamos llamados a amplificar su legítimo reclamo con acciones de solidaridad concreta y con una mayor empatía.

Francisco de Roux, S.J., quien presidió la Comisión de la Verdad de Colombia, ha dicho en varias entrevistas que «es necesario escuchar a las víctimas de todas las partes en un conflicto, y tener mucho coraje para ver la verdad e invitar a todos a construir juntos en las diferencias».

Desde esta posición ética, la Comisión de la Verdad colombiana entendió que el primer paso hacia el esclarecimiento que se le había mandatado era «acoger la realidad de las víctimas». Reproducimos el discurso de esa Comisión en su Convocatoria a la Paz Grande:

Antes de cualquier discurso o sermón, se debe poner las manos sobre «el cuerpo ensangrentado de su pueblo», como lo pidió el papa Francisco a los obispos reunidos en Medellín. Nosotros, los comisionados, acogemos el llamado poniendo las manos sobre la Colombia herida. Nos han puesto ante la realidad de las víctimas y responsables los más de 500 encuentros de diálogo social para escuchar la verdad, los de reconocimiento de responsabilidades, las juntas de mujeres, la presencia en mingas y comunidades ribereñas o de montaña, con sus correspondientes caminatas, horas de mula, camioneta y aviones; los actos de convivencia, las acogidas de grupos que traen su tragedia y los miles de horas de testimonios individuales y colectivos.

Esta visión es la que debemos retomar. Hay esperanza si individual y colectivamente acogemos la experiencia de las víctimas y nos dejamos tocar por su dolor, para desde ahí —movilizados por la empatía y la compasión— construir las alternativas a la violencia imperante que México necesita con urgencia.

Durante la ceremonia en la que el Sistema Universitario Jesuita entregó a De Roux el Doctorado Honoris Causa, en el marco del primer aniversario de los hechos de Cerocahui, se insistió una y otra vez que en México necesitamos aprender de experiencias como la que han tenido en Colombia para hacer frente al legado de dolor que ha dejado la larga noche de violencia desde hace más de tres lustros.

Si queremos que los balances de derechos humanos de los sexenios por venir dejen de presentar un saldo negativo, y si nos tomamos en serio el compromiso de reparar el país roto por la violencia que hoy tenemos, es necesario poner en el centro la vivencia de las víctimas, hasta que el reconocimiento de la dignidad de todos y todas, poco a poco, se haga costumbre.