Un intempestivo primer semestre

Durante el primer semestre de 2022 hubo numerosos debates en la arena pública. Dada su extensión y su variedad, haré un breve análisis solamente de tres que considero importantes: la apertura del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA); el informe del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI) en torno al caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y, finalmente, el proceso electoral rumbo al 2024, que ha empezado a tomar color y sobre el cual ya se han comenzado a publicar encuestas muy serias en torno a los políticos mejor posicionados.

Inauguración del nuevo aeropuerto en Santa Lucía

El día 21 de marzo de 2022 comenzaron las operaciones del nuevo AIFA. La ceremonia de inauguración se realizó con la presencia de buena parte de la clase política y de los principales empresarios del país. Hubo varias notas, reportajes y discusiones al respecto, mucha de la información estuvo traslapada, por lo que considero necesario retomarla y analizarla, para así valorarla en su justa dimensión. Al respecto, existen cuatro aspectos que podemos ponderar: la movilidad aérea, el proyecto económico, las argumentaciones políticas sobre el tema, y finalmente, el proceso de gestión y administración de las instalaciones. Un aspecto prioritario es que el antiguo aeropuerto de la Ciudad de México está saturado y experimenta continuos retrasos en sus servicios. La puntualidad en las llegadas y salidas de los vuelos es inusual. Es más común, en cambio, que existan retrasos y contratiempos. La solución más fácil, y que enarbolan algunos empresarios del país, es pensar que se necesita un aeropuerto de mayor tamaño. Aunque parece mucho más pertinente generar un sistema de terminales aéreas que cubran las demandas más allá de los vuelos a la capital del país y que incluyan conexiones a otros lugares, además de que se permita el transporte de mercancías.

Frente a la saturación del antiguo aeropuerto, fue una locura que en los últimos años disminuyeran las operaciones del de Toluca. Consideramos más adecuado que el país se centre en crear un sistema de aeropuertos más diversificado, mucho más sólido y articulado, esto ayudaría a cubrir las necesidades de seguridad área y de eficiencia, evitando con esto la saturación de las terminales aéreas. En este sentido, la construcción del AIFA y la rehabilitación del aeropuerto de Toluca podrían ser un gran acierto, sin embargo, esto implicara que Santa Lucía se convierta en una verdadera alternativa y que Toluca reactive su actividad aérea.

Una mala costumbre en México, y que incluso los capitalistas más ortodoxos critican, es la concentración de los negocios y la creación de monopolios. Ésta, dicen, es una de las peores distorsiones del sistema capitalista. La apuesta por crear una sola gran terminal aeroportuaria tiene detrás la concentración de los negocios en una sola sede, no solamente los de la construcción, sino también los de su operación.

Se ha hablado hasta la saciedad que uno de los problemas centrales del país son las dinámicas de la desigualdad y una de las soluciones más eficientes es la redistribución de la riqueza, que conlleva no sólo una reforma fiscal profunda, sino también generar múltiples procesos de desarrollo que impliquen la diversidad de territorios y de actores. Al menos desde esta perspectiva, la diversificación de la oferta de vuelos en un sistema sólido y articulado de aeropuertos puede generar un modelo de competencia que ayude a bajar costos y mejorar el servicio. Una de las bondades que puede traer el AIFA, la reactivación de Toluca y además el fortalecimiento de los aeropuertos de Guadalajara, Monterrey, Cancún, Puerto Vallarta, entre otros, es generar una competencia/complementación mucho más virtuosa.

Pero, más allá de las cuestiones operativas, la apertura del AIFA se convirtió en una arena más de los simpatizantes del presidente contra sus detractores. Unos han opinado que Santa Lucía es lo mejor del mundo y los otros que es lo peor. Ni unos ni otros tienen la razón, se ha generado un ambiente muy enrarecido donde pronunciarse por alguno de estos bandos ha sido indispensable, aunque, desde mi punto de vista, lo más productivo es pensar en los matices existentes. Ni todo es blanco, ni todo es negro.

Esta polarización sacó a relucir nuestro profundo clasismo, uno que transpiramos y que ya nos parece normal, pero que en debates como el que se ha dado en torno al AIFA, ha salido a relucir con su cruel rostro. Por lo que considero que es necesario que nos asumamos con honestidad como un país clasista y racista y que desde la educación empecemos a combatir este terrible flagelo.

Por supuesto que no podemos olvidar que la gestión de este proyecto será clave para que sea efectivamente la solución que se requiere. Esto implica transparentar los procesos y costos de construcción, el que la gestión administrativa pase a manos de civiles —y no permanezca en manos del Ejército—, además de que se concluyan las obras complementarias, se le dé vida al nuevo aeropuerto, se resuelvan los problemas de accesibilidad y se logre que existan más rutas que empiecen a utilizar esas instalaciones.

Hasta ahora el gobierno de López Obrador no ha sido el mejor ejemplo de implementación de proyectos, aunque no podemos dejar de señalar que la construcción del AIFA se realizó en los plazos estipulados. Sin embargo, todavía se tiene que demostrar que este nuevo aeropuerto traerá consigo todas las bondades que se le han atribuido. Por el bien del país esperemos que este proyecto funcione y que se convierta en una buena solución.

El tercer informe sobre el caso Ayotzinapa

A propósito del tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), a finales del mes de marzo de 2022, el caso Ayotzinapa volvió a levantar una gran indignación pública. El GIEI presentó información novedosa y un video sobre la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos, hace siete años. En el video del GIEI se muestra a miembros de la Secretaría de Marina en el basurero de Cocula, horas antes de la llegada de elementos de la Fiscalía General de la República. En este basurero se iba a incinerar (presuntamente) los cuerpos de los normalistas. La grabación da cuenta de la manipulación ejercida por los marinos ya que movieron objetos y hasta prendieron fuego. También se dio a conocer que en la Escuela Normal hubo miembros de las Fuerzas Armadas infiltrados y que en todo momento supieron los movimientos de los estudiantes. Desde luego que llama la atención que hasta siete años después se haya dado a conocer esta información, por lo que me parece importante recalcar algunos aspectos del tercer informe del GIEI.

La llamada «verdad histórica», construida por Jesús Murillo Karam, el entonces Procurador General de la República, ya no tiene ningún sustento, no cuenta ya con ninguna credibilidad y se comprueba una vez más, que la narrativa construida tenía por objeto deslindar a los elementos de seguridad federal y a las fuerzas armadas de haber participado en el evento. Esta «verdad» estuvo encaminada a culpabilizar solamente a la delincuencia organizada y a las autoridades locales, que, al parecer estuvieron implicados también, pero que, en definitiva, no fueron los únicos involucrados.

El informe expone de forma contundente, que en este condenable hecho hubo participación y conocimiento de las fuerzas armadas de la región, que no solamente permitieron que esta tragedia se consumara, sino que además obstaculizaron las investigaciones al modificar los escenarios y no proporcionar información clave del caso. Estos aspectos ponen en entredicho la política militarista de López Obrador al empoderar al Ejército y la Marina, no sólo en el campo de la seguridad pública, sino también en otros ámbitos de la vida social.

Aunque no podemos dejar de reconocer la actuación de Alejandro Encinas y la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, es notoria la indignación de los padres de familia y de las organizaciones civiles que han acompañado el caso, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez de la Compañía de Jesús. Esta indignación abona a la bien fundada desconfianza de que el caso llegue a buen término, de que por fin se localice a los estudiantes desaparecidos y de que todas las responsabilidades pasadas y actuales sobre este asunto se asuman verdaderamente.

Ya que el manejo de este caso ha resultado muy desesperanzador y dado que las autoridades civiles y militares han actuado de esta forma en un asunto tan mediático y que representó el repudio internacional para México, nos queda varias preguntas en el aire: ¿cómo es que actúan nuestras autoridades en otros casos que no tienen la relevancia política y mediática de Ayotzinapa?, ¿cuántos casos más permanecen en el anonimato? Podemos ver, entonces, que lo único que se ha logrado es generar un clima de indefensión y vulnerabilidad para muchos ciudadanos que permanecen a la sombra. No puedo imaginar el sentimiento de los padres y familiares de los normalistas, pero también el de otras personas que siguen con hambre y sed de justicia en un país como el nuestro, enfermo de impunidad.

Habrá que estar atentos al seguimiento del informe sobre Ayotzinapa, pero el que presentó GIEI, ha podido, afortunadamente, abrir la puerta a líneas de investigación hasta ahora desconocidas y ha puesto en el centro la necesidad de seguir indagando en torno a la actuación de los marinos y militares que intervinieron en el caso, pero, sobre todo, en el tratamiento que dan las fuerzas armadas a las políticas de seguridad en el país.

Camino al 2024 y elecciones estatales

A principios de abril de 2022, una de las empresas más sólidas en el ramo de las encuestas, De las Heras Demotecnia, elaboró un ejercicio estadístico para analizar las preferencias electorales de cara a las elecciones presidenciales del 2024.

Según los resultados obtenidos, el partido que tiene mayor identificación con la población es Morena con el 45% de las simpatías, seguido del PRI con 12% y en tercer lugar el PAN con 10%, el resto de los partidos políticos están por debajo del 6% del apoyo de la población.

Si en el mes de abril de 2022 hubiera elecciones presidenciales y los partidos políticos fueran sin alianzas electorales, Morena arrasaría con el 46% de las preferencias, seguido del PRI con 10% y el PAN con 7% de la intención del voto. Si hubiera alianzas electorales el escenario sería similar, ya que la coalición Morena-PT-Partido Verde ganaría con el 55% de los votos, mientras que la alianza PAN-PRI-PRD obtendría solamente el 15% de la intención de los votantes. Podemos ver que en ambos escenarios Morena mantiene una amplia ventaja.

De acuerdo con los datos anteriores, podemos constatar que Morena y sus aliados mantienen una fortaleza política importante y que los adversarios al presidente siguen siendo débiles.

En cuanto a los presidenciables de cada instituto político, la encuesta nos muestra que los personajes mejor posicionados por Morena son Claudia Sheimbaum y Marcelo Ebrard. Por el PAN, Margarita Zavala y Ricardo Anaya, mientras que en el PRI están colocados Alfredo del Mazo y Alejandro Moreno. Por parte de Movimiento Ciudadano se destacan Luis Donaldo Colosio y Samuel García. Evidentemente, falta mucho tramo por recorrer, pero no podemos dejar de señalar que los personajes anteriores empiezan ya a perfilarse en torno a la carrera presidencial y es muy probable que los veamos en la arena pública como precandidatos.

La preferencia electoral hacia Morena sigue en pie, a pesar de realidades tan dramáticas como la violencia cotidiana a la que están expuestas las familias mexicanas, la falta de seguridad, la persecución y asesinato a periodistas, o los feminicidios, que no han sido resueltas durante la gestión del presidente, miembro y fundador de este partido. Todas estas son las principales coordenadas dentro de las cuales se mueve México, donde el común denominador es la polarización social que vivimos. Es triste decirlo, pero todavía seguimos esperando un cambio.