En el segundo semestre de 2022 se presentaron en los estados de Jalisco, Guanajuato, Baja California y Chihuahua, actos de violencia de muy alto impacto, perpetrados por la delincuencia organizada. Pudimos ser testigos de camiones urbanos en llamas y del despojo y quema de vehículos en los que viajaban varias familias. Estos acontecimientos volvieron a colocar en la agenda pública el terrible problema de inseguridad y violencia que se vive en el país, que revivieron las grandes preocupaciones que existen al respecto.
Frente a estos hechos hubo muchas especulaciones y poca información concreta, sólo quedó el recuento de los daños materiales, las cifras de personas fallecidas y de detenidos, pero hasta ahora no sabemos lo que realmente sucedió, desconocemos los entretelones. Solamente tuvimos —y seguimos teniendo— un intento sistemático de las autoridades para convencernos de que la situación ha estado mejorando, pero en la práctica, los hechos de violencia se han mantenido y siguen apareciendo escenarios cada vez más preocupantes.
A partir de estos últimos sucesos, podemos presentar una reflexión sobre varios puntos. En los ataques de las bandas se manifestaron nuevas dinámicas de violencia que no habían estado presentes en otros momentos. Vimos que estos actos se presentaron en varias entidades del país, cuando habitualmente estos hechos ocurrían sólo en un territorio; aquí se extendieron en varias ciudades casi de forma simultánea y articulada. Además, hubo agresiones directas a tiendas de conveniencia, sobre todo en el estado de Guanajuato, donde aparentemente se buscó perjudicar a una cadena comercial concreta. La explicación de los ataques de los malhechores quedó en el aire y surgieron muchas especulaciones al respecto. En ocasiones anteriores, este tipo de eventos estaban ligados a una intervención militar clara y los hechos se presentaban como una respuesta de los grupos de la delincuencia organizada a estas intervenciones. En los eventos que comentamos se habla de una operación militar frente a una supuesta reunión de dos líderes de una importante red criminal para dirimir la sucesión dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), todo esto de acuerdo con la información obtenida a través de dichos y columnas en los medios de comunicación. El problema es que nunca existió información clara de lo que sucedió, por lo que se habla, por una parte, de un operativo fallido, y por otra, de que las personas aprehendidas fueron dejadas en libertad después. Esta ausencia de información propició una enorme incertidumbre entre la población de las ciudades afectadas.
A partir de los trágicos eventos que he señalado, queda claro que la capacidad logística y de fuerza de los grupos delictivos ha ido en aumento y que en cualquier momento pueden poner de cabeza a una ciudad, o incluso a un estado completo. Algunos medios definieron los actos cometidos por estos grupos como vandálicos, otros como narcoterroristas. Pero, más allá de discutir en torno a la naturaleza de estos hechos, sí podemos señalar que sus perpetradores son grupos bien armados, perfectamente organizados, con un fuerte control territorial y que han podido desafiar claramente la capacidad del Estado.
Además, tenemos que señalar como un factor importante y que propicia este tipo de situaciones, el que exista una sistemática falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno en materia de seguridad, y que ha sido un común denominador desde de la aparición de estas violentas prácticas. A lo largo de los años se ha cultivado una profunda desconfianza entre las distintas autoridades en la materia, que siempre se culpabilizan mutuamente de la problemática existente. Esta situación ha llevado a politizar — y no a resolver —los asuntos pendientes en materia de seguridad, y como consecuencia se ha provocado la falta de colaboración entre los diferentes actores políticos, un aspecto que sería más que necesario y fundamental para enfrentar el grave problema de la violencia, pues se requeriría que los encargados de resolverlo hagan lo que verdaderamente tienen que hacer.
En cuanto al Gobierno federal, se puede comprobar perfectamente que los hechos violentos que azotan al país han puesto en entredicho la estrategia de seguridad propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ya que la Guardia Nacional no ha dado los resultados esperados y la militarización del territorio nacional no ha producido ninguna mejora sustantiva. Dentro de este marco, la propuesta del primer mandatario de que la Guardia Nacional se incorpore completamente a las Fuerzas Armadas del país, es una iniciativa que no tiene ningún sustento legal y experiencial, que parece más una acción política de reforzamiento del enorme poder que están adquiriendo el Ejército y la Marina en este sexenio; y que hasta ahora no tiene consecuencias positivas y atenta contra la Constitución.
«La apuesta militarista del primer mandatario resulta alarmante, porque está convirtiendo a las Fuerzas Armadas en una institución con demasiado poder político y económico y sin ningún tipo de contrapeso”.
La respuesta estatal: la cuestionable apuesta de militarizar la seguridad
Cuando el actual mandatario fue candidato a la presidencia prometió que sacaría al Ejército de las calles, pero no lo hizo. Posteriormente creó la Guardia Nacional y, para defender esta iniciativa, señaló que la corporación estaría dirigida por un mando civil y sería parte de la Secretaría de Seguridad… pero tampoco lo cumplió. A lo largo de sus cuatro años de gobierno, ha ido cediendo cada vez más actividades a las Fuerzas Armadas, actividades que en cualquier sociedad democrática serían gestionadas por civiles; por ejemplo, las construcciones de bancos, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y la gestión y el manejo de las aduanas.
Más allá del legítimo y fundado reclamo de la población de que el presidente no sólo incumplió una promesa de campaña, sino que más bien actuó de manera contraria, lo más preocupante es que López Obrador está generando un proceso de militarización de la seguridad pública sin precedentes en el país. La apuesta militarista del primer mandatario resulta alarmante porque está convirtiendo a las fuerzas armadas en una institución con mucho poder político y económico, y sin ningún tipo de contrapeso. Esta situación preocupa a propios y extraños, sobre todo por la tradición autoritaria que se ha desarrollado en muchos países latinoamericanos, incluso en nuestro propio país, donde las fuerzas armadas por mucho tiempo vivieron en un estado de excepción.
Sin ningún ánimo de dejar de reconocer los aportes que el Ejército y la Marina han hecho a México, y por los que mantienen un alto nivel de confianza ciudadana — aunque en los últimos años haya disminuido — es necesario señalar que la apuesta de AMLO de militarizar por completo a la Guardia Nacional implica varios y complejos problemas. Lo que ha propuesto el presidente atenta contra la Constitución, ya que con esto genera obligaciones y atribuciones al Ejército que la Carta Magna no contempla, puesto que las instituciones que tienen la facultad y la responsabilidad de garantizar la seguridad pública son otras y la iniciativa presidencial va en contra del andamiaje institucional del Estado mexicano en materia de seguridad.
Como lo han mencionado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y las universidades jesuitas del país, la decisión presidencial va en sentido contrario a las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos. Después de varias décadas, distintos organismos de la ONU y de la OEA han recomendado a México desandar el camino de la militarización de la seguridad pública y han exhortado para que se fortalezcan las estrategias civiles para el combate de la delincuencia, ya que los riesgos de realizar acciones en contra de los derechos humanos son muy altos. Hay que señalar que estas recomendaciones han surgido de la experiencia concreta de nuestro país.
No podemos dejar a un lado la iniciativa presidencial de fortalecer a la Guardia Nacional a través de su incorporación a la Secretaría de Defensa Nacional. Esta incorporación, además de negativa, tiene como consecuencia directa que se deje de lado el fortalecimiento de las policías estatales y municipales, a pesar de que los especialistas en la materia han señalado que este es un proceso clave para avanzar en materia de seguridad. Y, aunque el presidente se haya aventurado a «poner todos los huevos en una sola canasta», esta es una decisión que podemos cuestionar ante la complejidad del escenario nacional.
Creer que la militarización es la forma de resolver el grave problema de seguridad en el país deja de lado visiones más integrales, donde se incorporen acciones de reconstrucción del tejido social, procesos locales de pacificación de mediano plazo y una recuperación social del territorio, además de la generación de alternativas económicas sólidas y viables, e inclusive la necesaria discusión sobre la despenalización y legalización del consumo de drogas. Sin embargo, las medidas que ha tomado AMLO envían el mensaje de que la vía de la confrontación es la única estrategia para resolver la violencia que impera en nuestro país.
Como conclusión, diré que el mensaje del presidente en materia de seguridad es que él no se saldrá del guion que ha establecido para el resto de su mandato, a pesar de que el país se le desmorone en las manos. Esperemos a ver cómo se desarrolla la esfera política durante este 2023, donde las nuevas alianzas y las fracturas definitivas camino a las elecciones tomarán rumbo y pueden trazar nuevos derroteros.
