“¿Por qué los buscamos? ¡Porque los amamos! ¿Por qué los buscamos? ¡Porque los amamos!”
El 10 de mayo pasado, mientras muchas familias celebraban a las madres alrededor de una mesa de comida dominical, las calles de múltiples ciudades se llenaban con esta consigna. La Ciudad de México recibió, por decimocuarta ocasión, a madres de diversos estados que participaron en la «Marcha por la Dignidad», la cual resignifica esta fecha en la que ahora decenas de miles de madres en el país expresan que no tienen nada que celebrar, pues viven cada día con la ausencia de un ser querido en casa. Son ellas, con su amor y resiliencia, quienes nos convocan a la unión y articulación ante una crisis dolorosa que interpela a toda la sociedad.
La crisis de desapariciones en México ha regresado al centro de la discusión pública en el país en meses recientes. Ante una inminente determinación del Comité contra las Desapariciones Forzadas (Comité CED) sobre la situación de México, el gobierno federal decidió adelantarse y presentar información sobre el tema. Sin embargo, más que profundizar en los reclamos de las familias buscadoras, el esfuerzo se concentró en revisar las cifras oficiales de personas desaparecidas.
Con una metodología poco clara y, sobre todo, sin explicar cómo se subsanarían las falencias advertidas, el gobierno presentó una revisión al Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPDNO), que buscaba minimizar la cifra de más de 133 mil registros de personas desaparecidas. Más de 2 mil desapariciones cometidas en la llamada «Guerra Sucia»; más de 46 mil registros deficientemente integrados por las instituciones; 43 mil personas que el Estado debería de buscar ante la falta de indicios sobre su paradero; otras 40 mil que aseveran que han tenido algún tipo de actividad, sin dar más información, y apenas 3,869 carpetas de investigación.
Una dolorosa e innegable realidad desde donde se le mire, pues detrás de esos números hay rostros concretos y madres que se niegan a permitir que la dignidad de sus seres queridos quede reducida a una cifra.
Días después, el Comité CED anunció que —conforme al artículo 34 de la Convención— encontró indicios bien fundados de que en México las desapariciones forzadas se cometen de manera generalizada y sistemática, además de advertir la ausencia de una política efectiva para prevenirlas, investigarlas y erradicarlas. Por ello, decidió remitir la situación mexicana a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y recomendar medidas extraordinarias de cooperación técnica, búsqueda y análisis forense, así como mecanismos para esclarecer la verdad y proteger a las familias buscadoras.
Se trata de una decisión inédita, tomada tras años de insistencia de las víctimas y organizaciones ante la gravedad de la crisis. La respuesta gubernamental, sin embargo, volvió a centrarse en deslegitimar al mensajero por encima de reconocer el diagnóstico.
Poco después, y un día después de la Marcha por la Dignidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe «Desapariciones en México» en el que ratificó que el país enfrenta una grave y persistente crisis de desapariciones en un contexto de impunidad estructural. Si bien reconoce avances normativos, señala también la falta de implementación efectiva. A diferencia de otros momentos, el Estado abrió espacios de diálogo con la Comisión e incluso acudió a la presentación del informe, compartiendo la mesa con víctimas y el Centro Prodh. Sin embargo, posteriormente desestimó públicamente parte de sus conclusiones, abriendo de nuevo la herida para las víctimas.
Imagen generada en IA.
Más allá de los tecnicismos y las diferencias entre los sistemas, la realidad es que los dos mecanismos internacionales concuerdan en aspectos que son necesarios destacar. Primero, que estamos ante una crisis vigente y no del pasado, que requiere de medidas extraordinarias. En particular, ambos organismos son claros en indicar que la connivencia de las redes criminales con elementos del Estado debe ser analizada con detenimiento, pues las desapariciones que se cometen en estos contextos pueden constituir una desaparición forzada por la responsabilidad que tiene el Estado en permitir su comisión. También concuerdan en que no se trata de evaluar la decisión de una administración en particular, sino de reconocer con honestidad que, a lo largo de los últimos 20 años, las desapariciones han ido en aumento y continúan cometiéndose.
Los organismos también coinciden en que persiste la impunidad estructural que perpetúa la comisión de las desapariciones, que el país enfrenta una crisis en el ámbito forense y que las personas buscadoras —principalmente mujeres, madres, hijas, hermanas— enfrentan múltiples riesgos, incluso letales, ante la inacción y negligencia del Estado.
Ese diagnóstico compartido no sólo desnuda la realidad que enfrentan diariamente las familias buscadoras frente al Estado y las redes de macrocriminalidad, también nos invita a imaginar respuestas distintas, más cercanas a quienes sufren día con día la desaparición.
Por ello, para quienes caminamos con las familias, el reto está en cómo continuar animando su organización, resiliencia e indignación, pues ha sido justamente la fuerza de las familias la que ha obligado al Estado a dar los pasos logrados hasta este momento.
Desde el Prodh consideramos que este momento, que nos enfrenta a un escenario de dolor y desesperanza, es también uno para encauzar toda la indignación a iniciativas que llamen a cambiar las acciones del Estado, y sumarnos a la voz de esas madres que, aun en medio del dolor y los riesgos que enfrentan, no temen a la denuncia y no cesan en su búsqueda. Para ello nos corresponde acompañar sus esfuerzos de manera técnica y responsable, ya sea en su decisión de continuar interlocutando con el Estado, poniendo a su servicio insumos y valoraciones sobre su alcance; hasta en sus movilizaciones, como en el contexto de la campaña «Hagamos que Suceda», que varios colectivos han impulsado alrededor del Mundial de futbol, que busca visibilizar la crisis de desapariciones y ponerle rostro a ésta en el marco del evento deportivo que atraerá atención internacional.
Porque también en la arena internacional —tanto desde los mecanismos de derechos humanos como desde la solidaridad— pueden ensancharse los caminos de esperanza: con congruencia en sus determinaciones, mediante la cooperación y asistencia técnica, el acompañamiento y la escucha atenta a las voces de las madres que continúan buscando.
Frente a esta realidad marcada por la violencia y la injusticia, dejarnos tocar por la voz de las madres buscadoras es apenas el primer paso para hacer eco de su exigencia. Atender su llamado a la acción transformadora —a defender la dignidad y sostener la esperanza colectiva— es clave para la construcción de un país distinto, que alcance la justicia. Por ello, escuchemos a aquellas madres que ponen su esperanza en que reconozcamos que las y los desaparecidos nos faltan a todas y todos, y actuemos en consecuencia. Hasta encontrarles.
