Para cuando este texto se publique habrá transcurrido un mes del proceso electoral de 2024. Si las encuestas no se equivocan, el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) y sus aliados —Partido Verde y Partido del Trabajo— habrán retenido la presidencia de México, contarán nuevamente con la mayoría en el Congreso de la Unión y habrán ganado seis de las nueve gubernaturas que estuvieron en juego en estas elecciones. En una entrega posterior analizaré de manera sucinta los resultados.
Lo que ahora quiero proponer como reflexión son los grandes pendientes que deja la administración de Andrés Manuel López Obrador para su sucesora. Cuando comenzó su sexenio había tres agendas que predominaban: el combate a la corrupción, la inseguridad pública y la endémica pobreza. Los analistas más serenos esperaban que, por la dimensión de cada uno de estos problemas, si se solucionaba uno de los tres de forma completa y de fondo, ya sería un gran logro. Por supuesto que añadían que no se debería dejar que los otros dos siguieran en franco deterioro. A pocos meses de que termine este sexenio ya se pueden hacer evaluaciones completas y colocar las grandes tareas por resolver, que desde mi punto de vista son las siguientes: la crisis de seguridad y la militarización, el inconcluso combate a la corrupción, la errática política en migración, el seguimiento a los megaproyectos, la política social y la reforma fiscal, la fallida reforma política y el futuro político del lopezobradorismo.
Crisis de seguridad
Una de las principales promesas del presidente López Obrador fue pacificar al país, y luego de cinco años y medio esto no se logró. México se mantuvo en una meseta alta de homicidios dolosos que, a pesar del descenso de algunas cifras, sólo se pudo disminuir a poco menos de 30 mil asesinatos por año. La cantidad de desaparecidos tampoco descendió a lo largo del sexenio, salvo un absurdo y sumamente cuestionable ejercicio donde «ajustaron» a la baja el número de personas en esta condición, pero sin otorgar ninguna justificación para ello, es decir, no se informó si el descenso fue porque los habían encontrado.
La respuesta para este problema fue incrementar de manera sustantiva el proceso de militarización de la seguridad, pero no sólo eso: se involucró a las fuerzas armadas en labores que no les corresponden; por ejemplo, la administración de aduanas, la gestión de aeropuertos civiles o la construcción del Tren Maya, por citar algunas. Sin duda, el presidente entregará a su sucesora un país con los índices de violencia más altos en la historia. En este caso el fracaso de la administración es manifiesto y la crisis de seguridad es inocultable, a pesar de los esfuerzos de López Obrador por defender a los cuatros vientos su fallida estrategia de seguridad. Éste, desde mi perspectiva, es el pendiente más grande de la administración y será una bomba de tiempo para la nueva presidencia.
Combate a la corrupción
En la opinión pública predominaba una noción generalizada de que el sexenio de Enrique Peña Nieto había sido el más corrupto de la historia y fue una de las banderas que el candidato López Obrador enarboló en su campaña. La idea de que en México existía una «mafia del poder» cobró gran fuerza y fue uno de los principales motivos por los cuales el candidato de MORENA obtuvo una victoria electoral contundente.
Luego de seis años los avances en este asunto son variopintos. Efectivamente durante el sexenio, la llamada «austeridad republicana» permeó al gobierno federal y muchos gastos excesivos y suntuarios dejaron de realizarse. Es innegable que hubo ahorros que fueron destinados a otras cosas, pero también críticas sobre programas prioritarios que fueron desechados sin el debido análisis.
El problema radica en que ésta fue la única forma como se abordó el tema. La transparencia gubernamental retrocedió, el Sistema Nacional Anticorrupción fue desmantelado y los mecanismos para investigar y perseguir casos de corrupción se llevaron a su mínima expresión.
Los hechos de corrupción del pasado no llegaron a investigaciones profundas —la Estafa Maestra y Petróleos Mexicanos, por ejemplo—, y los posibles casos durante el sexenio tampoco se investigaron, como los presuntos tráficos de influencia de personas allegadas al presidente. Todo quedó en la buena voluntad de los funcionarios públicos, pero no se logró consolidar un sistema y los mecanismos adecuados para avanzar de manera sustantiva en transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Megaproyectos
Una de las principales apuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador fue generar megaproyectos de desarrollo, sobre todo en el sur del país. Al principio esto sonaba muy bien, ya que las inversiones públicas y privadas se habían concentrado en el centro y norte de México. Los megaproyectos que se llevaron a cabo fueron el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en Ciudad de México; la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, y el Tren Maya, que atraviesa varias entidades del sureste mexicano.
Los tres megaproyectos han sido cuestionados por la falta de transparencia en los procesos de construcción y gastos aplicados en éstos. Tanto en Dos Bocas como en el Tren Maya hay impactos ambientales muy importantes que no fueron considerados y que han sido señalados por grupos ambientalistas. Por otro lado, se cuestiona que el Tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles estén administrados y gestionados por las fuerzas armadas.
Los tres megaproyectos siguen sin operar de la forma debida. En el caso del aeropuerto no se están proporcionando el número de operaciones proyectadas ni el de pasajeros transportados, ya que se preveía llegar a los 20 millones de usuarios, pero desde su inauguración hasta ahora sólo van poco menos de cuatro millones.
El Tren Maya entró tardíamente en operaciones y ya reporta fallas en la construcción, mientras que la refinería de Dos Bocas, todavía hasta febrero de 2024, no había producido ningún litro de gasolina a pesar de haberse inaugurado hace dos años. Por lo tanto, la nueva administración deberá revisar los costos de construcción de estos proyectos para que realmente cumplan con su propósito.
Política social y reforma fiscal
Uno de los aciertos más grandes del actual gobierno son los programas sociales, que han representado un alivio para millones de personas en México, luego de la endémica pobreza y de la aguda desigualdad que persiste en nuestro país. En este momento poco más de un tercio de los hogares en México reciben algún tipo de apoyo social, ya sea la pensión de adultos mayores o las becas Benito Juárez, por mencionar algunos. Esta política contribuyó a que tengamos los índices más bajos de pobreza desde 2008. A esto se debe añadir y reconocer que el salario mínimo se fortaleció como no se había hecho desde la instauración de las políticas neoliberales en los años noventa. Esto sin duda generó una dinámica de recuperación del poder adquisitivo a pesar de los efectos económicos negativos derivados de la pandemia por covid–19.
Ahora bien, esta estrategia presenta tres problemas que pueden poner en tela de juicio sus avances. El primero es el deterioro en el acceso a los servicios de salud porque, a la fecha, poco más de 50 millones de mexicanas y mexicanos no cuentan con éstos. Lo segundo es que no existe una política clara de desarrollo regional y económico, salvo los megaproyectos antes mencionados. El tercero es que el incremento de cobertura de los programas sociales implica necesariamente una reforma fiscal profunda, por medio de la cual se aumenten los niveles de recaudación fiscal a través del Impuesto Sobre la Renta, sobre todo a los más ricos de México. Por lo tanto, el crecimiento de estos programas se puede comprometer si no hay más recursos.
Reforma política
Durante el sexenio que está por concluir, el gobierno federal intentó en dos ocasiones realizar una reforma política integral con propuestas muy positivas, como disminuir el gasto de campañas y el financiamiento público a partidos políticos, o quitar a los senadores de representación proporcional, pues no se justifica su existencia. También había iniciativas sumamente cuestionables como elegir por voto popular a los magistrados del Tribunal Electoral o desaparecer de tajo la estructura de las 300 juntas distritales del Instituto Nacional Electoral, que es donde descansa la labor de este organismo. Hasta el momento ninguna de las dos propuestas prosperó, ya que el presidente y sus aliados no cuentan con la mayoría calificada en el Congreso de la Unión para reformar la Constitución, y tampoco tuvieron el tacto para negociar una reforma política con la oposición.
La crisis de representación política en México es innegable y la falta de legitimidad de los partidos políticos es muy profunda. Por esta razón urge una modificación sustantiva al régimen, que fortalezca los contrapesos y genere un sistema político más robusto, democrático y que se reconcilie con la ciudadanía. La polarización política prevaleciente ha sido un obstáculo para que este debate avance y será un reto para la presidencia entrante generar las condiciones de diálogo y acuerdo que viabilicen transitar hacia otro sistema político.
Política migratoria
La política migratoria de la administración pública federal no se modificó de manera sustantiva a lo que venían haciendo los gobiernos anteriores. Aunque Andrés Manuel López Obrador ha tenido un discurso más empático con las y los migrantes que pasan por México y buscan llegar a Estados Unidos, la práctica ha sido igual o peor que antes. Sólo por citar las labores de contención que hace la Guardia Nacional, en la frontera sur del país se les ha perseguido y criminalizado, mientras que en las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración —que, por la vía de los hechos, son centros de reclusión— ya presenciamos la tragedia de 39 migrantes, de distintas nacionalidades, que fallecieron a causa de un incendio.
La política migratoria de facto de López Obrador sigue subordinada a las necesidades de control migratorio que exige el gobierno de Estados Unidos. Por ello, la nueva presidenta de México deberá, ahora sí, construir una política propia en la que el respeto a los derechos humanos sea la guía de actuación.
Lopezobradorismo
MORENA es una organización política en construcción que está conformada por múltiples grupos y facciones políticas donde confluyen personas de la izquierda tradicional, del casi extinto Partido de la Revolución Democrática, expriistas, personajes del resto de la clase política y actores de la sociedad civil organizada. El mosaico ideológico de MORENA es muy diverso y, aunque programáticamente es un partido de izquierda, esto no es reconocible en muchos de sus miembros y candidatos. El «pegamento» que une esta diversidad es el lopezobradorismo, que genera adeptos legítimos y otros interesados.
La fortaleza del partido radica en que la marca «MORENA» es muy potente electoralmente y que existe un liderazgo capaz de poner a todos de acuerdo y en orden. Este escenario implica un enorme reto para la nueva administración, sobre todo si el partido llega nuevamente al poder, ya que el relevo no contará con la fuerza política que actualmente tiene la presidencia. Por lo tanto, se deberán generar acuerdos políticos que le otorguen un liderazgo efectivo y eficiente. La gran pregunta que queda en el aire es ¿cómo será el lopezobradorismo sin López Obrador?
Aunque hay un importante grupo de la población que está conforme con lo que está pasando, las deudas que deja López Obrador son mayores a los problemas resueltos de fondo. Será tarea de la nueva presidencia de la República abordarlos y proponer e implementar soluciones de raíz.
