Por Diana Patricia Santana Jiménez-Revista 100 días.
En el corazón del Caribe colombiano, las comunidades enfrentan desafíos significativos relacionados con el acceso al agua potable y la defensa de sus territorios. Dos comunidades han puesto de manifiesto la urgencia ante un enfoque integral frente al derecho al agua, que respete sus derechos al agua y el medio ambiente, los y las campesinas de los Montes de María y la comunidad Wayuu. En ambos casos son comunidades que viven las afectaciones que ha dejado la explotación económica, en Guajira por la extracción minera, y en la Serranía de San Jacinto, la implantación de monocultivos, que implicó apropiación ilegal de tierras y aguas, desplazamiento forzado por coacción (masacres, amenazas y un repertorio de actos de sevicia y terror).
El primer caso nos presenta la situación del arroyo Bruno, un recurso hídrico vital para las comunidades de Pujuta Shuchiku, Luwopuu y Youluna. Estas comunidades han alzado su voz para exigir la protección de este arroyo, símbolo de toda la destrucción que ha significado el Cerrejón para el ecosistema peninsular y su territorio esencial para su subsistencia. El arroyo Bruno forma parte de su identidad cultural. La contaminación y la explotación de recursos naturales ya ha creado bastante destrucción de su ecosistema, desaparición de poblaciones (Tabaco es un ejemplo de ello) y destrucción de sus caminos tradicionales vinculados a los caminos del agua (algunos de ellos desplazados para uso de la minera), generando falta de fuentes hídricas para sus poblaciones, contaminación de las pocas aguas disponibles y afectaciones a la salud. Por ello los y las líderes wayuu han sido llevados a organizarse y luchar por su defensa (#defendamosalbruno).
Por otro lado, la situación del acceso al agua potable en las comunidades rurales de María La Baja es alarmante, y refleja una grave crisis de salud pública. A pesar de que hace casi diez años una orden judicial exigió garantizar el suministro de agua potable, las familias continúan enfrentando serias dificultades ya que la calidad del agua que reciben es inadecuada según informes técnicos realizados por ILSA para acción popular: “las característica físicas, químicas y microbiológicas del agua estudiada son alarmantes para la salud de la comunidad(…) El agua que se le suministre a los habitantes del sector debe ser tratada con el fin de evitar que ésta con esos niveles de contaminación por E. Coli”. Lo cierto es que la comunidad por falta de acceso al agua se ve obligada a consumir las aguas de los canales de riego, que monopolizaron arroyos, pozos y fuente de agua de la región, con lo cual, hoy viven con afectaciones infecciones gastrointestinales, vaginales, reacciones cutáneas y afectaciones fatales en algunos casos de niñas y niños.
En ambos casos son comunidades que han resistido, en este último, los sobrevivientes han sido priorizados por el Estado y beneficiados con la primera sentencia de Justicia y Paz, y con sentencias de restitución de tierras, que a pesar de recuperar sus tierras no han permitido que recuperen el agua. Toda esta situación existe a pesar de los fallos a favor de las comunidades:
En el caso de la Guajira, el fallo otorgado por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-698/17 falló a favor del derecho al agua, la salud y la alimentación de las comunidades wayuu afectadas por el proyecto de desviación.
El segundo dado en 2018, gracias a recurso presentado por la Corporación Desarrollo Solidario (CDS), que instauró un derecho de petición ante la Defensoría del Pueblo Regional de Bolívar, solicitando la revisión del incumplimiento de la sentencia de 2014, que a su vez presentó incidente de desacato en contra del entonces alcalde del municipio de María La Baja, el gerente de aguas de Bolívar, y el director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud.
A pesar de los recursos legales presentados, el hecho concreto es que las comunidades rurales de la Guajira y María La Baja no han logrado acceder a un territorio con agua, y servicio de potable sigue en las manos de varias instituciones, que demuestran ineficiencia e indolencia ante las realidades de dichas comunidades y, por el contrario, han demostrado amplio favoritismo a los requerimientos empresariales relacionados con estos territorios.
Contexto sobre la gestión actual de los recursos hídricos en Colombia
El Estado colombiano, a través de entidades como el Ministerio de Minas y Energía y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), es responsable de regular y otorgar concesiones para la explotación de recursos naturales. Estas decisiones se basan en un marco legal que busca equilibrar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades.
Uno de los aspectos clave en este proceso es la evaluación de impacto ambiental, que se realiza para determinar cómo las actividades mineras pueden afectar las fuentes de agua y los ecosistemas circundantes. Además, se busca garantizar la participación de las comunidades locales, quienes a menudo son las más afectadas por estas actividades. Esto incluye consultas previas y espacios de diálogo para escuchar sus preocupaciones y necesidades.
Sin embargo, la realidad es que entre las tensiones entre el desarrollo económico que promueven las concesiones y la necesidad de proteger los recursos hídricos, que son vitales para la vida y el bienestar de las comunidades, ha pesado más el poder corporativo y su accionar. A esto más recientemente se suma la creciente preocupación por el cambio climático y la escasez de agua, con lo que se ha llevado a un mayor escrutinio al manejo de estas concesiones.
La Guajira colombiana
La situación que enfrenta el pueblo guajiro, especialmente en relación con la escasez de agua y el desvío del arroyo Bruno (Youluna), es un tema de gran preocupación y complejidad. La crisis hídrica que sufren las comunidades wayuu resalta la importancia del agua no solo como un recurso vital, sino también como un elemento sagrado y fundamental para su cultura y espiritualidad. El hecho de que el Estado colombiano permita el desvío de una fuente hídrica crucial para favorecer a una empresa extranjera, como Cerrejón Limited, plantea serias interrogantes sobre las prioridades en la gestión de recursos naturales y el respeto a los derechos de las comunidades locales.
La lucha por la defensa del arroyo Bruno, en particular, es un símbolo de la resistencia de las comunidades Wayuu afectadas y su deseo de ser escuchadas y reconocidas. La sentencia de la Corte Constitucional que reconoce el derecho al agua, la salud y la alimentación de las comunidades wayuu es un paso importante, pero su implementación efectiva es crucial, y lograr que se garantice la participación activa de las comunidades en la toma de decisiones que les afectan.
Los Montes de María
Conocida también como la Serranía de San Jacinto, en los departamentos de Bolívar y Sucre, es una cadena montañosa de baja altitud localizada al norte de Colombia. Las comunidades que la habitan viven una crítica situación del acceso al agua potable en el Caribe debido a las extensas plantaciones de palma de aceite y piña sobre los acuíferos. La falta de acceso al agua potable limita las oportunidades y perpetúa ciclos de pobreza, afectando especialmente a las mujeres, quienes culturalmente, a menudo son las encargadas de gestionar el agua en los hogares. Ellas enfrentan no solo el desafío de la escasez, sino también riesgos para su salud y seguridad.
En los años setentas, bajo la presidencia de Lleras, se creó el distrito de riego en Mampuján, que garantizaba el suministro de agua al campesinado para que sus parcelas fueran productivas. La crisis de los cultivos de arroz y el conflicto armado (las Farc,el Eln y el Bloque Héroes de los Montes de María de las Auc -paramilitares-), generó crisis y desplazamiento, que facilitó a que en el año 2000, el exministro de Agricultura del presidente Andrés Pastrana (1998-2002), Carlos Murgas Guerrero, implantara el modelo de proyectos productivos, centrados en ampliar su propio proyecto de palma de aceite de la Hacienda Las Flores. La zona de Mampuján es un punto estratégico, dado que tiene salida muy cercana al mar, y en ella se ubica el distrito de riego, necesario para irrigar el demandante cultivo de palma. Todo estuvo dado para cercar los recursos a costa de la comunidad de la región.
El distrito de riego buscaba desarrollar cultivos transitorios para garantizar la alimentación de los y las campesinas, se debe permitir que cumpla su verdadero objetivo y vuelva a las manos de la comunidad.
Las voces de las comunidades Wayuu y de Montes de María claman por agua
La falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades competentes ha llevado a las comunidades a organizarse y exigir sus derechos, pero la situación sigue siendo crítica. La necesidad de un acceso adecuado y seguro al agua potable es urgente y debe ser atendida con seriedad por el Estado para garantizar la salud y el bienestar de estas comunidades. En ambas se refleja una realidad interconectada: la defensa del agua y el territorio es una lucha que va más allá de la simple disponibilidad de recursos. Implica reconocer y respetar los derechos de las comunidades, así como promover políticas que garanticen el acceso equitativo al agua. La voz de las comunidades es crucial en este proceso, ya que son ellas quienes mejor conocen sus necesidades y el valor de sus territorios.
Las lideresas de estas comunidades han tomado un papel fundamental en la lucha por el acceso al agua, enfrentándose a la contaminación provocada por las plantaciones, y a pesar de sus esfuerzos, las soluciones ofrecidas por las autoridades han sido insuficientes y, en muchos casos, ineficaces. Muchas se ven obligadas al uso de agua de lluvia, recolección de agua de pozos, o de los canales de riego, lo que se ha convertido en prácticas comunes lo que pone en riesgo su salud y vida.
La lucha por el agua y el territorio en el Caribe colombiano es un llamado a la acción. Es fundamental que sean escuchados y se implementen soluciones sostenibles que aseguren el acceso al agua potable y la protección de los ecosistemas. Solo así se podrá construir un futuro más justo y equitativo. La situación actual exige una reflexión profunda sobre la relación entre desarrollo económico y justicia social, así como un compromiso real por parte del Estado y las empresas para proteger los derechos de las comunidades y el medio ambiente.
Para saber más:
Pujuta shuchiku luwopuu youluna – liberen el arroyo Bruno
Sin agua potable no es posible disfrutar del territorio.
Dónde está el agua de Maria la Baja
Inicios y devenires de las juntazas
Foto de portada: Depositphotos