El Poder Legislativo en México y la paz justa y digna

Durante su campaña la presidenta Claudia Sheinbaum propuso construir el segundo piso de la Cuarta Transformación respaldando la reformas que impulsó su antecesor, entre las que destaca la reforma al Poder Judicial.

Sin embargo, según una encuesta difundida por la propia Sheinbaum, la mayoría de quienes votaron por ella desconocía la que se había propuesto de reformar al Poder Judicial.

A la pregunta: «El presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum están proponiendo una reforma al poder Judicial. Antes de que yo se lo mencionara ¿Usted estaba enterado de esto o no?» 49% respondieron no a la casa encuestadora De las Heras; 54% dijo que no a Enkoll, y 51 por ciento respondió negativamente a la Comisión de Encuestas.

Las reformas en curso han generado preocupación no solamente por su contenido, sino porque el proceso en el que se desarrollan pone en cuestión los principios democráticos que deberían regir la vida política, que proveen de mecanismos para que todas las personas seamos tratadas con la misma dignidad, y buscando emparejar las circunstancias en las que nos encontramos.

Por eso, una democracia funcional protege los derechos de las minorías vulnerables, para evitar que sean aplastadas por el peso de la mayoría, lo que implica evitar la concentración de poder en unas cuantas manos. Para eso se elaboran leyes que moderen el ejercicio del poder y se crean mecanismos para que las autoridades rindan cuentas del uso que han dado al poder que se les ha delegado. En síntesis, es una contradicción pensar que una democracia puede existir sin contrapesos, y que la mayoría puede hacer lo que quiera.

Para evitar la concentración del poder y mejorar la rendición de cuentas, en la actualidad las funciones públicas se reparten entre varias instancias. Las más conocidas son el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pero en el caso de Mexico hay otras, como la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto de Transparencia, etcétera. Cada instancia tiene una función, que complementa y limita las funciones de las otras. En la medida en que se mantenga el equilibrio será más probable que la población tenga acceso a mejores bienes y servicios públicos para atender sus necesidades y garantizar sus derechos humanos.

Ahora bien, que las instituciones públicas sean contrapeso unas de otras no significa que deban estar contrapunteadas. De lo que se trata es de evitar abusos de un lado o de otro, que terminen siendo perjudiciales para la población en general.

En México, el Poder Legislativo federal lo ejerce el Congreso de la Unión, conformado por dos cámaras: la de diputados y la de senadores, que se complementan entre sí: los asuntos que se resuelven en una cámara son revisados por la otra, lo que constituye un sistema de control de la calidad democrática, por así decirlo.

El Congreso tiene tres funciones fundamentales: la más conocida es la que se refiere a la creación y modificación de las leyes que rigen al gobierno federal.

La representación de la pluralidad política y social del país es otra de sus funciones, que se ejerce de manera diferenciada: las y los diputados representan al pueblo mexicano en su conjunto, mientras que las senadoras y los senadores representan los intereses de los estados que les eligieron.

La tercera de sus funciones es la de control sobre el Poder Ejecutivo federal, los Ejecutivos estatales y los gobiernos municipales, vigilando y fiscalizando la manera en que ejercen los recursos públicos a su disposición.

Precisamente por esta última función es que el Congreso tiene a su cargo la negociación y aprobación del presupuesto federal, además de aprobar y supervisar el cumplimiento de los tratados internacionales que México elige firmar y ratificar.

Por las características de sus funciones, el Congreso está al centro de los conflictos nacionales, por lo que para mediarlos de manera institucional es muy importante que ejerza su función de contrapeso, de otra manera se erosionan los controles democráticos y se corre el riesgo de que los conflictos se resuelvan a través de la confrontación social.

Como sabemos, en ambas Cámaras del Congreso se encuentran representados los partidos políticos que compitieron en la pasada elección federal, pero debido a maniobras de dudosa legitimidad, el partido Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista Mexicano, tienen una sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados con la que consiguieron tener más de dos terceras partes de los 500 diputados, por lo que pueden aprobar las reformas constitucionales que deseen.

En el caso del Senado, gracias a negociaciones que no se dieron a conocer, el senador Yunes, que obtuvo su puesto postulado por el Partido Acción Nacional, ha votado junto con el bloque de Morena, con lo que también en esa Cámara tienen las dos terceras partes necesarias para avalar los cambios a la Constitución que aprueben los diputados.

Dado que Morena y sus aliados controlan más de dos terceras partes del Congreso, se generó una dinámica en la que la Reforma Judicial, aunque fue discutida, terminó siendo aprobada sin un debate profundo y con modificaciones menores, lo que refleja un ejercicio de imposición, pese a que contenía diversos errores, que tuvieron que ser corregidos en una segunda reforma a menos de un mes de aprobada la primera.

En ese sentido es claro que el Congreso federal está en una circunstancia tal que la reforma del Estado denominada Cuarta Transformación podrá avanzar casi sin detenerse, tanto en lo que se refiere a la aprobación de reformas y modificación de las leyes, como en lo tocante a la aprobación del presupuesto requerido para instrumentarlas, debido a que el Poder Legislativo renunció a su papel de contrapeso y se convirtió en mera comparsa del Ejecutivo.

Hasta ahora, el único obstáculo para llevar a cabo la Reforma Judicial ha sido la resistencia del personal del Poder Judicial Federal y de estudiantes de diversas facultades de derecho de todo el país, que consideran que no mejorará las condiciones de acceso a la justicia para la población, sino que, por el contrario, provocará la sustitución de personas juzgadoras con varios años de experiencia y preparación por otras que muy probablemente llegarán a aprender el oficio judicial, con todas las consecuencias negativas que eso puede traer.

Esa resistencia llevó a la presentación de más de trescientos recursos en contra de la implementación de la reforma. Entre los argumentos que se han presentado está el de que podrían haberse omitido varios requisitos para que la reforma fuera legalmente válida. A su vez, en la Suprema Corte de Justicia, que forma parte del Poder Judicial, está discutiendo si es posible revisar y en su caso invalidar reformas constitucionales.

Los juicios de amparo utilizados para frenar la puesta en marcha de la Reforma Judicial han suscitado una verdadera crisis constitucional, ya que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo han optado por desacatar las órdenes judiciales para que no continúen hasta que se haya terminado de revisar si todo el proceso se llevó a cabo de manera adecuada. Ambos poderes coinciden en argumentar que es ilegal intentar detener una reforma constitucional mediante un juicio de amparo, algo que le corresponde determinar al propio Poder Judicial.

Adicionalmente, y mientras se estaban redactando estas líneas, estaba por discutirse, y muy probablemente aprobarse, otra reforma constitucional con la que se pretende blindar las reformas constitucionales contra cualquier revisión y posible corrección o invalidación por parte del Poder Judicial, y para hacerlo se pretende restringir la garantía de los derechos humanos en nuestro país, lo cual es muy grave, porque aunque se supone que en ese tema no puede haber regresiones, quienes ostentan el poder en nuestro país parecen considerar que su proyecto se debe llevar a cabo, sin importar si para eso deben pasar por encima de las personas a las que dicen representar y gobernar.

Es imperativo que la ciudadanía ejerza presión para restaurar los contrapesos institucionales y sociales, porque sólo así podremos garantizar una democracia que ponga al centro la construcción de una paz que sea justa y digna para todos los habitantes de México.

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