Sin Escuela Judicial, la justicia en riesgo

La reciente y ominosa reforma judicial, vigente desde el 16 de septiembre de este año, nos deja como ciudadanos en una situación de extrema dificultad. Sin jueces ni magistrados capacitados, con una profunda formación judicial y llegados al cargo por méritos propios, y no por voto popular, corremos el gran riesgo del no acceso a la justicia. En este artículo intentaré ofrecer algunos argumentos sobre por qué es esencial que los jueces y magistrados tengan el perfil idóneo para la función, que los cargos sean ocupados por personas competentes, con capacidad de razonamiento y la libertad de emitir sentencias sin presiones partidistas.

Quizá no lo sepan, pero en la actual conformación del Poder Judicial de la Federación, por disposición legal, existe un órgano auxiliar denominado  «Escuela Federal de Formación Judicial», antes Instituto de la Judicatura Federal, que es responsable directa de la capacitación a las y los servidores públicos de carácter jurisdiccional. Es este organismo el encargado de dar cuerpo a la carrera judicial, tal como lo estipula la propia Ley Federal de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación (LCPJF).

Esta escuela se encarga de gestionar los procesos de ingreso, formación y actualización de conocimientos y principios para ocupar los cargos que configuran la carrera judicial, que a su vez se basa en el mérito y la igualdad de oportunidades. La carrera judicial no es un simple sistema de escalafón, su esencia es mantener los valores de nuestra actividad, asegurando que los servidores públicos actúen con independencia, competencia, estabilidad, profesionalismo y especialización.

La escuela judicial destaca en tres vertientes: formación, profesionalismo y especialización de todas las personas, con base en el mérito, entendiendo con esto la cualidad del perfil del juzgador. Ahora, por «juzgador» quiero decir todo el personal que labora en un órgano jurisdiccional, porque si bien el juez es quien firma y resuelve en solitario —y con sus propias virtudes y principios constitucionales—, no lo hace solo, necesariamente requiere de equipos de trabajo profesionales también capacitados y actualizados por la Escuela Judicial.

Son hombres y mujeres preparados para alcanzar una calidad superior a la de cualquier empleado del gobierno, no es un burócrata más, sino personas con vocación de servicio, honestidad, responsabilidad y sentido de justicia. Su tarea es apoyar en la administración de justicia en los órganos federales. A esta formación continua y experiencia la llamamos Carrera Judicial.

La Carrera Judicial, además de la excelencia, busca propiciar la permanencia y la superación de los integrantes del Poder Judicial. Uno de esos principios rectores de la carrera judicial —según la ley—, es la antigüedad en el desempeño de un cargo, a considerar su continuidad. Por ello se busca que jueces y magistrados sean ejemplo de experiencia que se adquiere con la formación y el propio desempeño en el cargo.

Actualmente, para ser juez fedederal se necesita, entre otras muchas estimaciones, tener experiencia y estar altamente capacitado, con valores y sentido de la responsabilidad compartida en la función. Una cuestión que debe añadirse a este perfil judicial es el conocimiento de la organización y el manejo del despacho judicial,  que se inicia desde el trabajo de un oficial judicial y termina con la investidura de magistrado o magistrada de Circuito, y antes de jueza o juez de Distrito.

Recapitulando: amerita una formación jurídica integral. Ésta es la gran tarea de la Escuela Federal de Formación Judicial.

La Escuela Federal de Formación Judicial, además de impartir educación especializada para la profesionalización del personal del PJF, también tiene la responsabilidad de organizar concursos de oposición y realizar investigaciones que fortalezcan al PJF.

Su funcionamiento se ha perfeccionado mediante un complejo programa formativo, que incluye cursos, conferencias, talleres y maestrías. Además, se ha implementado un cuerpo docente compuesto, en su mayoría, por los titulares de los órganos jurisdiccionales. Esto es clave, ya que en el aula no solamente se transmite el conocimiento jurídico, sino también la experiencia práctica y la trayectoria profesional en el ejercicio diario de la labor jurisdiccional.

En los últimos 48 años la Escuela Judicial ha enfrentado el desafío de formar a las y los jueces que la sociedad demanda, no es una escuela más; es un centro de saberes especializado que forma a personas que ya tienen un título precedente; son profesionistas que ya fueron avalados por una universidad, y la calificación mínima aprobatoria de sus cursos es de ocho.

Por 10 años estuve al frente de una extensión de la Escuela Judicial de Jalisco, quizá la más significativa después de la sede central en la Ciudad de México, y con certeza afirmo que las habilidades para la impartición de justicia no se obtienen en las universidades, por más prestigiadas que sean, como lo establece la infausta reforma judicial,  que avala un saber básico adquirido de manera generalizada, pero que no transmite la vocación, el servicio, la visión, la forma en como el juez arriba al conocimiento del caso, cómo se arropa con las herramientas jurídicas y de reflexión vivencial, experimental y presencial de los problemas jurídicos que debe resolver.

En la Escuela Judicial, dicho sea de paso, se tiene el conocimiento de que todos los titulares son el resultado de rigurosos exámenes, de concursos de oposición dificultados, exigentes.  Una más de las mentiras en que se basa la amarga reforma, porque los jueces no somos designados, sino que somos elegidos porque fuimos vencedores en procesos en los que demostramos nuestras habilidades, conocimientos y aptitudes para desempeñar el cargo.

Los educandos de la Escuela Judicial, a su vez, tienen un incentivo, por demás humano —que la reforma desconoce o pretende ignorar—, que es la guía y la certeza de que si aprenden de sus mentores, si se preparan, si emplean sus conocimientos en lo cotidiano de su trabajo, podrán en un futuro acceder a los más altos cargos dentro de la judicatura. Ése es el motor que inspira el proceso de enseñanza que abrevan de los propios instructores: «si estoy bien capacitado podré, en un futuro, llegar a ser juez o magistrado, que es el ejemplo a seguir como efecto espejo de un futuro prometedor en la profesional y por la honorabilidad del cargo».

Por experiencia propia sé que, en la mayoría de las escuelas judiciales de las entidades federativas, para los empleados del Poder Judicial es obligatorio capacitarse y tomar cursos. Quienes no asisten no adquieren el conocimiento necesario, no tienen interés, no tienen el aliciente del ascenso.

¿Por qué, entonces, el desinterés en la nueva reforma judicial en la preparación profesional y la selección por mérito?

Con la actual reforma las y los servidores públicos del Poder Judicial Federal saben que su mériro no vale y que, al darse una vacante, ésta se ocupará por la persona que designe el gobernante en turno —sin referirme a los procesos de corrupción que giran en el imaginario popular sobre los nombramientos— y se presenta un fenómeno de politización de la judicatura, que a su vez es un desaliento en el futuro laboral de miles de trabajadores del Poder Judicial. Ése es el problema que enfrentará ahora el personal del PJF.

Desde la pandemia, el modelo digital de justicia ha multiplicado los amparos y la necesidad de procesarlos casi de manera automática. Las cargas de trabajo en los órganos de justicia federal de todo el país han aumentado drásticamente. De acuerdo con cifras de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en 2020, el primer año de la pandemia, ingresaron 416 mil casos en los juzgados de distrito y 243 mil en tribunales colegiados; para 2024, con la implementación del expediente electrónico, los ingresos subieron a un millón 155 mil 263 asuntos en juzgados y 358 mil en colegiados, lo que representa un aumento de 277% en juzgados y de 147% en colegiados federales de todo el país.

Todo esto ocurre bajo la presión constante de cumplir con metas estadísticas que sean sólidas y plausibles, como una verdadera espada de Damocles sobre el sistema.

Ésa debió ser la motivación de la reforma: ¿cómo mejorar el sistema de administración de justicia para hacerlo más eficiente? Crear nuevos órganos, con especialidades y una correcta distribución, bajo la premisa de que, si las autoridades responsables en los juicios respetan mejor el orden legal, las demandas de amparo disminuirán.

Me pregunto, ¿quién querrá participar en cursos de actualización si, para ser juez, sólo se necesita un título universitario con calificación de ocho, sin experiencia ni capacitación? Basta con la recomendación de cinco vecinos o conocidos y una carta de tres páginas explicando las razones para ser juez federal (art. 96.II.a). Y para ser magistrado solamente se requiere una calificación de nueve y tres años de antigüedad.

Según la reforma (art. 96.1), los cargos serán asignados mediante elección. ¿Elección de quién? ¿Del pueblo? Por favor, es casi ridículo. Las listas de candidatos para la elección serán elaboradas por los Poderes de la Unión (art. 96.II). ¿Y quiénes conforman esos poderes? El Senado, la Cámara de Diputados —es decir, los partidos políticos— y el gobernante en turno, que también pertenece a un partido. Entonces, ¿a quién se le deberá el favor de la nominación? No al mérito, ni al esfuerzo personal, ni a la academia, ni al conocimiento y la aptitud propia.

¿Y cómo se obtiene esa nominación? Tras una evaluación de un comité técnico, del cual ni siquiera se sabe quién lo integra, si es permanente o si desaparece, entre otras muchas inexactitudes que contiene la reforma, véase ya prima facie el conflicto en los líderes del Senado de la República por el nombramiento de las personas integrantes de ese comité (nota del 22 de octubre del diario Reforma).

Quienes diseñaron esta reforma intentaron corregir o encubrir sus propias fallas. En el artículo 94 se mencionan concursos abiertos para integrar nuevos órganos jurisdiccionales, pero no abordan el verdadero problema de los órganos federales actuales. Además, la reforma reconoce la fragilidad del método, ya que estipula que los jueces serán evaluados al año de su nombramiento, y si no pasan la evaluación se implementarán medidas de refuerzo, como capacitación. En otras palabras, el riesgo se reconoce desde el inicio, pero se intenta corregirlo después de la elección.

¿Quién paga las consecuencias de una mala elección? El usuario de la justicia: tú, yo, cualquiera que enfrente un problema legal y busque que se le resuelva. Porque ésa es la función del juez: resolver conflictos, no crearlos debido a su inexperiencia o a un sistema de designación defectuoso.

En conclusión, México no es un ente aislado; es parte del mundo, inmerso en un contexto internacional con compromisos que cumplir. No se trata de injerencias o intervencionismo, como afirma el discurso maniqueo desde Palacio Nacional, sino de acuerdos internacionales —tratados, convenios, convenciones— que, como nación, México firmó libremente y debe honrar: Pacta sunt servanda —los tratados se firman para cumplirse—. El país debe seguir los altos estándares profesionales y técnicos que exige el derecho internacional, y que, como autoriades, están obligados a respetar.

Para eso está la Escuela Federal de Formación Judicial, con amplia experiencia en la formación y selección de perfiles, basada en métodos científicos de evaluación y en programas especializados nacidos de la experiencia jurisdiccional. Sin embargo, esta valiosa labor se desechará junto con todos los recursos humanos y materiales que le costaron al pueblo de México, ese mismo pueblo que se dice querer proteger, pero que ha sido el gran olvidado en esta reforma.

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