Las filias y las fobias en torno a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) han sido el centro de la discusión política mexicana al menos desde 2018, durante el proceso electoral de 2012, y a lo largo de su gestión como jefe de gobierno de la Ciudad de México y luego candidato presidencial, entre los años 2000 y 2006. AMLO ha sido la figura icónica de la política del siglo XXI en México. Sin embargo, la discusión política trasciende a sí misma e involucra especialmente la dimensión económica: el comportamiento de la producción y el reparto de riqueza, la pobreza y el empleo, el dinero y la inflación, la paridad de la moneda, la regulación de los mercados y la intervención del estado en las actividades productivas, los impuestos y el gasto público, la relación con los empresarios, los tratados comerciales y la deuda… en suma, gran parte de lo que define nuestras condiciones de vida en el día a día.
En los diversos procesos electorales presidenciales en los que participó AMLO se generaron campañas de miedo centradas en el riesgo que supuestamente implicaría su llegada al poder. Desde «AMLO, amenaza para México» (2006) hasta su comparación con el «populismo de Hugo Chávez» (2018), se procuraba generar temor sobre las consecuentes crisis económicas que resultarían de su mandato.
Ahora, a cinco años de iniciado su gobierno, sí se ha presentado una crisis inédita, derivada del derrumbe económico mundial que acarreó la pandemia del covid–19, pero la política económica ha estado lejos de ser lo disruptiva que se esperaba o se temía. Se ha caracterizado por ser una extraña mezcla de políticas financieras extremadamente conservadoras, una política de intervención productiva medianamente activa, una mezcla de desregulaciones y regulaciones económicas, una política laboral activa y progresista, una política social basada en transferencias individuales más que en derechos sociales, así como un desdén en política ambiental, tecnológica, de economía cultural, etc. En suma, ha sido una administración sui generis, inclasificable desde las lógicas de las principales corrientes económicas. Pareciera ser que la guía fundamental del actuar del estado ha sido el pragmatismo.
El indicador económico más representativo para medir la generación de riqueza, pese a sus deficiencias, es el Producto Interno Bruto (PIB). Su orden de magnitud es tal, que una millonésima parte del PIB mexicano equivale a 332 salarios mínimos anuales (incluyendo 15 días de aguinaldo y otros 15 por prestaciones diversas). En la lógica capitalista es imperativa la búsqueda permanente por incrementar ese producto lo más posible (inclusive a costa de la destrucción ambiental). Los países que más han crecido en las últimas décadas lo han hecho a ritmos que rondan el 10% anual, y es China el caso más icónico.
En cuanto a México, su comportamiento ha sido notoriamente pobre, pues desde 1982 hasta ahora apenas alcanza el 1.9% del promedio anual en términos reales (descontando inflación). Además, en 1982 éramos 70.9 millones de habitantes y ahora somos 129, lo que significa que la población ha crecido a un ritmo de un 1.5% anual. Por lo tanto, el producto por habitante apenas ha aumentado anualmente al 0.4%. Por su parte, la Población Económicamente Activa era de 21.4 millones de personas en 1982 y ahora es de 60.1 millones; ha crecido anualmente a una velocidad del 2.5%, lo que resulta no sólo del cambio demográfico, sino de la intensa incorporación de la mujer a las actividades generadoras de PIB. Como el PIB ha crecido más lentamente que el número de trabajadores, la producción promedio por trabajador tiende a ser menor cada año en un 0.7% desde hace 41 años, esto pese a que transitamos por la tercera y cuarta revoluciones industriales durante este periodo. En otras palabras, la situación del país está cada vez más deteriorada en una trayectoria de muy largo plazo.
Si hacemos un acercamiento a los últimos cinco años, la situación es aún más grave debido al impacto de la pandemia. Al primer trimestre de 2023, el PIB era apenas un 2.2% mayor que el del mismo trimestre de 2018, lo que representa un crecimiento real del 0.4% anual. Visto desde una lógica optimista, el PIB ya es mayor que antes del estallido de la pandemia. Visto desde una perspectiva pesimista, el crecimiento es de apenas poco más de una quinta parte que el promedio del crecimiento histórico desde 1982 hasta ahora. El crecimiento de la población total es ahora (periodo 2018–2023) del 1.0% anual, de lo que resulta una caída del producto por habitante en un 0.5% anual. Simultáneamente el crecimiento en el número de trabajadores se ha acelerado un 2.2% anual, lo que marca una fuerte caída en el producto por trabajador de un 1.7% anual. Como conjunto, somos un país en el que se trabaja cada vez más, pero se produce cada vez menos por trabajador. La cuestión no es la productividad en los grandes corporativos o en las empresas exportadoras, sino de la precarización del empleo que afecta crecientemente a la población que no logra integrarse a las dinámicas de los territorios, sectores y empresas dominantes.
Es clave el diferenciar el comportamiento económico de 2018 a 2023 en dos subperiodos, delimitados por el segundo trimestre de 2020, al establecerse el ineludible confinamiento de la población. Durante el segundo trimestre de 2020 el PIB fue un 19.5% inferior al del mismo trimestre de un par de años antes. La única caída comparable de la que se tiene registro en la historia de México fue entre 1928 y 1932, cuando para el conjunto de los cuatro años el PIB cayó en un 20.8% —con base en las Estadísticas Históricas de México del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)—. En cambio, del segundo trimestre de 2020 al mismo trimestre de 2022, el crecimiento acumulado ha sido del 22.4%, recuperándose en dos años el conjunto de la brutal caída. A partir de 2023 el crecimiento deberá ser mucho más lento, puesto que la evolución 2020–2022 se logró a partir del uso de una capacidad instalada (fábricas, oficinas, talleres, comercios, escuelas, etc.) que no podía utilizarse al momento del confinamiento. En cambio, luego de la reactivación, el crecimiento deberá derivarse de nuevas inversiones.
Empleo, todavía en deuda
En términos de empleo ha ocurrido un comportamiento similar. Del tercer trimestre de 2018 a su equivalente de 2020 aumentó la población total en 4.4 millones de personas, pero la Población Ocupada cayó en 2.4 millones, generándose una inédita pérdida de empleo y una presión económica igualmente inédita, por impacto inmediato, en los hogares. Cabe aclarar que las comparaciones en este caso son con respecto al tercer trimestre de 2020, pues el confinamiento obligó a suspender las encuestas directas en hogares durante el segundo trimestre. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo se sustituyó por una encuesta telefónica, cuyos resultados fueron estadísticamente poco confiables.
La caída en el empleo implicó, en contraparte: 1) un incremento en la desocupación de 926 mil personas, 2) un crecimiento de la Población No Económicamente Activa de 5.9 millones, de las cuales 5.3 estaban disponibles para trabajar, pero consideraban que no había ni dónde buscar, dado el confinamiento.
En cambio, del tercer trimestre de 2020 al primero de 2023 el comportamiento es positivamente opuesto al anterior. La población total aumentó 3.4 en millones de personas, pero la Económicamente Activa lo hizo en 6.5 millones. El crecimiento anual de esta última es normalmente de alrededor de un millón de personas, pero, esta vez, en dos años y medio se incrementó a un ritmo de más del doble, lo que genera una elevada presión sobre la generación de empleo. Sorprendentemente, no sólo aumentó la ocupación en ese nivel sino aún más: la Población Ocupada creció en esos dos y medio años en 7.7 millones, compensando la caída del periodo inicial de la pandemia. Cabe señalar que la mayor parte de los nuevos empleos fueron ocupados por mujeres (4.4 millones), pues en el periodo de caída del empleo ellas habían sido las más afectadas, con una pérdida de 1.3 millones.
El que la Población Ocupada haya crecido más que la Económicamente Activa se salda con una reducción en la desocupación. Entre 2018 y 2020 aumentó el número de desocupados en 927 mil personas y en el periodo posterior se redujo en 1.2 millones. Sin embargo, el aumento en el número de No Activos Disponibles (personas que quisieran trabajar pero no están buscando trabajo porque piensan que ya no lo obtendrían), que había sido de 5.3 millones en el periodo más intenso de la pandemia, sólo se ha compensado por una caída similar desde el tercer trimestre de 2020.
«El que se haya recuperado el empleo después de la etapa más intensa de la pandemia no significa que las condiciones del empleo hayan mejorado paralelamente».
El que se haya recuperado el empleo después de la etapa más intensa de la pandemia no significa que las condiciones de empleo hayan mejorado paralelamente. En términos generales podría hablarse de una mejora entre los trabajadores de bajos ingresos en condiciones de trabajo formal, de cierta estabilidad en los trabajadores de ingresos medios, formales, pero también de un deterioro en las condiciones de los trabajadores que laboran en condiciones de informalidad.
En efecto, conforme a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, el poder adquisitivo del salario mínimo fue en mayo de 2023 superior en un 94.7% al de noviembre de 2018. En otras palabras, el salario mínimo actual corresponde a dos salarios mínimos de aquel entonces. Además, la proporción de trabajadores sin remuneración (se refiere básicamente a trabajadores familiares) era del 7.1% en el cuarto trimestre de 2018 y del 5.7% en el primero de 2023. Ello da cuenta de mejoras significativas.
Sin embargo, en el cuatro trimestre de 2018, el 18.5% de las personas ocupadas recibían ingresos inferiores al mínimo, y el otro 32.3% obtenían entre uno y dos salarios mínimos. Es decir, el 50.8% de la Población Ocupada percibía ingresos de cuando mucho dos salarios mínimos. Las proporciones respectivas al primer trimestre de 2023 son del 40.9%, del 38.5% y en total del 79.4%. Ahora ingresan cuando mucho dos salarios mínimos cuatro de cada cinco trabajadores. El poder de compra del salario mínimo ha mejorado notablemente, pero ello no significa que en su conjunto la Población Ocupada esté mejorando su poder de compra de la misma manera. De hecho, en la actualidad, sólo un 1.3% de los trabajadores perciben más de cinco salarios mínimos (31,549 pesos mensuales).
La diferencia de niveles de ingreso se advierte más profunda al clasificar a los trabajadores entre quienes reciben prestaciones (básicamente seguridad social) y quienes no disponen de ellas. Entre los trabajadores remunerados y subordinados que reciben prestaciones al primer trimestre de 2023, recibe un salario mínimo o menos el 27.1%, y de uno a dos salarios mínimos el 51.6%; entre quienes no cuentan con prestaciones, las proporciones respectivas son del 61.4% y el 33.8%. Entre los subordinados que no tienen prestaciones sólo 3 de cada mil perciben ingresos superiores a cinco salarios mínimos y, al no contar con contrato como trabajadores, es mucho más difícil que puedan beneficiarse de las reformas laborales de mejora al salario y protección al trabajo digno.
En cuanto a los ingresos medios, si tomamos como referencia el índice de remuneraciones medias reales en la industria manufacturera (INEGI), se advierte una mejora discreta durante la actual administración. Las remuneraciones medias totales han acumulado un incremento real del 6% de noviembre de 2018 a marzo de 2023. Este es producto de un aumento del 12.4% en los salarios (básicamente trabajadores manuales), una reducción del 1.9% en los sueldos (trabajadores «de cuello blanco») y un incremento del 4.6% en las prestaciones sociales. Esta última compensaría la caída en los sueldos y matizaría el incremento en los salarios. En su conjunto, tal combinación puede implicar una leve mejora en la distribución de los ingresos al interior de las empresas manufactureras.
Estabilidad financiera
Además de la evolución de la producción y del empleo, el factor más notorio de la evolución económica durante la actual administración es la estabilidad financiera y el seguimiento de una estrategia particularmente conservadora en el manejo de las finanzas públicas, exactamente lo contrario de lo que se pensaba que podría ocurrir con la llegada de López Obrador al poder.
En efecto, el gran logro económico que se atribuían los gobiernos mexicanos desde fines del siglo XX era la mal llamada «estabilidad macroeconómica», que en realidad se refería únicamente a la estabilidad financiera, no a la estabilidad del crecimiento económico, la mejora en la distribución del ingreso o la sostenibilidad ambiental, que son igualmente comportamientos macroeconómicos. En contraparte, el mayor temor financiero que había hacia el actual gobierno era el de que desatara una ola inflacionaria y un círculo vicioso de crisis, devaluaciones y más inflación. Sin embargo, esto no ha ocurrido, a pesar de que sí se presentaron inflaciones altas en 2021 y 2022, como resultado de la fractura mundial de cadenas productivas (resultante de la pandemia) y de la guerra en Ucrania.
Poco antes de la actual administración, en 2017 la inflación llegó al 6.8%, a partir de los «gasolinazos» de Peña Nieto. En 2018 ésta se redujo al 4.8% y durante los dos primeros años de la actual administración entró al rango deseable del 3% al 4%, que corresponde a la meta del Banco de México (2.8% en 2019 y 3.15% en 2020). No obstante, el impacto de la pandemia y de los desequilibrios globales que resultaron de ella, y luego el estallido de la guerra en Ucrania, revirtieron todo en el plano global. En México la inflación llegó a un 7.4% en 2021 y a un 7.8% en 2022 (habiendo llegado a una tasa anual de un 8.2% a mediados de ese año). Sin embargo, desde fines de 2022 la inflación tiende a la baja y la tasa anual en julio de 2023 es del 4.79% anual, con la expectativa de que se acerque al 4% para diciembre próximo.
Un segundo indicador de estabilidad financiera es la paridad del peso con respecto al dólar estadounidense. En ello confluyen factores externos e internos. Por una parte, el proceso de desdolarización de la economía mundial, aunado a la debilidad del dólar, a su vez resultante de su elevadísimo déficit fiscal (equivalente a todo el PIB mexicano de un año). Por otra parte, desempeña un papel mayor la decisión gubernamental de no haber subsidiado masivamente a los grandes corporativos empresariales durante la pandemia, lo que hubiera implicado un fuerte endeudamiento del gobierno mexicano, que se hubiera traducido en una pesadísima carga para las finanzas públicas en el periodo pospandemia. La cautela en la contratación de deuda pudo haber contribuido a una mayor caída económica en 2020, pero también a mejores condiciones financieras posteriores. En la estabilidad del peso también cumple un papel crítico el récord de ingreso de divisas por remesas y la reactivación de las exportaciones automotrices.
Otro elemento adicional, aunque riesgoso en el mediano plazo, son las decisiones del Banco de México con respecto a la tasa de interés objetivo, y por ende al conjunto de las tasas del sistema financiero. En junio de 2023 una tasa de inflación del 5.8% y una tasa de interés objetivo del 11.5% supone una tasa de interés real de 5.7 puntos. En Estados Unidos la tasa de inflación anual es del 4.9% y la de interés del 5%, que deja un saldo de interés real positivo prácticamente nulo. Esto constituye un atractivo de corto plazo para el ingreso de dólares a México.
Lo anterior ha conducido a una reserva de divisas que gira en torno a los 200 mil millones de dólares, con la finalidad de responder frente a las expectativas de pago del servicio de la deuda y garantizar el pago de las importaciones.
En su conjunto, la evolución de las variables financieras responde más a las de un gobierno promotor de las políticas de libre mercado que a uno que busca separar el poder político del económico. El Índice de Precios y Cotizaciones, de la Bolsa Mexicana de Valores, ha aumentado en un 47% desde el comienzo del gobierno hasta el 11 de agosto de 2023, cuando en la administración de Peña Nieto cerró con un balance negativo.
En suma, hemos tenido un gobierno sincrético que ha mantenido resultados financieros favorables, una política laboral activa que ha mejorado las condiciones laborales en la formalidad y que ha logrado múltiples transferencias sociales en favor de sectores sociales específicos. La distribución del ingreso ha mejorado sustancialmente conforme a los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2022; la pobreza por ingresos se ha reducido marcadamente, lo que se ha traducido en una disminución en los niveles de pobreza en 8.9 millones de personas de 2020 a 2022. En particular se ha reducido la población en carencia alimentaria, en 5.2 millones de personas.
Sin embargo, estamos lejos de una Cuarta Transformación y de garantizar estabilidad en el largo plazo. La reducción en la pobreza se ha contrapesado con un significativo aumento en distintas carencias, como el aumento de 700 mil personas con rezago educativo y, sobre todo, el salto de 14.7 millones de personas con carencias en acceso a servicios de salud.
El crecimiento económico ha sido débil y seguimos con una estructura fiscal en la que el estado es sumamente débil frente al gran poder financiero. Se ha desarrollado una redistribución progresiva del gasto público en favor de grupos vulnerables, pero no una redistribución del conjunto de la riqueza (la captación tributaria sólo representa el 18% del PIB). Las transferencias sociales se han efectuado a costa de un creciente desdén hacia las esferas de la cultura, la ciencia y la tecnología, la promoción de los derechos humanos, el apoyo a las micro y pequeñas empresas y la sostenibilidad ambiental. Qué bueno que existan tales transferencias, pero para el desarrollo económico y social de largo plazo se requiere de un estado financieramente más fuerte, activo y promotor de instituciones autónomas y ciudadanas. El pragmatismo de corto plazo requiere de un contrapeso de visión y acción de largo plazo.
