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La esperanza y la justicia son las mujeres

Para tantas y tantas compañeras.

Al momento de escribir estas líneas me encuentro en duelo por la muerte de un tío muy querido. Ante esta situación especialmente emotiva, las mujeres de mi familia nos hemos reunido para dar soporte y cariño y ofrecernos esa mano que representa la seguridad de que hay vida y amor alrededor de nosotras. Desde esa certeza he vuelto sobre las líneas de este artículo. Hablemos entonces del apoyo entre mujeres para hacer cara a los duelos y a la búsqueda de justicia.  

Hasta encontrarles

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, en México hay 110 mil personas desaparecidas desde 1962 a la fecha. La cifra podría ser mayor dado que hay desapariciones que no llegan a denunciarse. Las personas ausentes no son las únicas víctimas, también son sus familiares y personas allegadas. La ausencia se convierte, para ellas, en una tortura constante.

Las desapariciones continúan ocurriendo todos los días debido a lo que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas llama «patrón crónico de impunidad». Y aunque las desapariciones nos conciernen a todas y a todos, cientos de mujeres, entre ellas madres, tías y hermanas de las personas desaparecidas, se ven obligadas a asumir la búsqueda ante la incapacidad, la indiferencia o la complicidad de las autoridades nacionales y estatales.

Al grito de «¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!», estas mujeres mexicanas exigen la búsqueda digna y la presentación con vida de sus seres queridos. Ellas dejaron su vida cotidiana por la búsqueda incansable, con la esperanza de encontrar a sus hijas e hijos, o lo que quede de ellos. Organizadas en colectivos, aprendieron a recolectar información, hacer denuncias, utilizar las redes, recorrer grandes distancias, cavar en la tierra y documentar los hallazgos. También aprendieron de los procedimientos oficiales en cada una de las instituciones involucradas, a tener contacto con la prensa, a dar soporte y orientación a las familias que pasan por la misma experiencia y a trabajar en red con otros colectivos.

Por si el dolor no fuera ya suficiente, en vez de recibir el apoyo y las facilidades para hacer su trabajo, son revictimizadas en el proceso, cuando en realidad buscar a sus hijos e hijas es un derecho, y encontrarlos una obligación del estado.

En el proceso de búsqueda lo primero a lo que se enfrentan estas mujeres es a la discriminación por parte de funcionarios públicos en cuyas dependencias denigran su condición y la de sus familiares con frases que banalizan la desaparición de sus seres queridos: «Seguro su niña se fue con el novio», «seguro su hijo andaba en malos pasos y con malas compañías». Luego, sus hijos e hijas se vuelven un número de expediente, un documento archivado. Más tarde esas mismas mujeres son amenazadas por el crimen organizado y autoridades corruptas cuando denuncian patrones de desapariciones o cuando dan cuenta de la incapacidad de las fiscalías y los servicios forenses. Ellas o algunos de sus familiares han llegado a ser asesinados para detener su búsqueda. Pero no se rinden.

Nadie debería buscar a su hijo, a su hija, en un barranco. Nadie. Los colectivos de búsqueda son la única esperanza para las personas desaparecidas. Son el milagro cuando logran la aparición con vida de algunos de los buscados. Son el apoyo ante un hallazgo de muerte. Son la fuerza para seguir buscando y el ánimo para exigir justicia. Son la luz en el camino y la fuerza para mantenerse de pie.

Justicia y reparación del daño

Setenta y tres obreros se encontraban trabajando en la mina 8 de la unidad Pasta de Conchos, ubicada en San Juan Sabinas, en Coahuila, ese 19 de febrero de 2006, cuando la acumulación de gas metano y las pésimas condiciones de seguridad de la mina causaron una explosión que terminó con la vida de 65 de ellos.

Pese a las múltiples fallas de seguridad encontradas en inspecciones y reportadas a las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el lugar, operado por el Grupo México, propiedad de Germán Larrea, seguía operando sin subsanar ninguna de las observaciones, muchas de ellas de carácter urgente. Empresarios y autoridades permitieron que la referida empresa funcionara en condiciones que no garantizaban íntegramente la salud y la vida de los trabajadores.

Después del siniestro, las labores de rescate quedaron a cargo de la propia compañía responsable. De acuerdo con el informe que elaboró el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el 4 de abril de 2007, después de recuperar únicamente dos cuerpos, la empresa decidió suspender el rescate con el argumento de que se ponían en riesgo las vidas de los rescatistas. Las familias —en su mayoría esposas e hijos— señalaron que el motivo de la suspensión sería que, de ser rescatados los cuerpos de los mineros, se evidenciarían las pésimas condiciones en las que realizaban su trabajo, lo que podría representar sanciones penales, económicas e incluso el retiro de las concesiones de la empresa.

Foto: © Cristina Paloma Robles Muro

Desde entonces, las familias encabezadas por las mujeres de los mineros han exigido la recuperacieon de los restos de los trabajadores y que se investigue y finquen responsabilidades. Paulatinamente, empezaron a visibilizar la problemática más global de las precarias condiciones laborales de los mineros en la zona, sobre todo las limitaciones en cuanto a seguridad en el trabajo.

Después de recurrir a todas las instancias judiciales en México, sin encontrar ni justicia ni reparación, las familias acudieron en febrero de 2010 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar el caso acompañadas por el Centro Prodh, el Centro de Reflexión y Acción Laboral y la Organización Familia Pasta de Conchos.

Las familias y sus representantes argumentaron ante la CIDH que el estado mexicano era responsable por la inefectividad de las inspecciones laborales realizadas, y aportaron pruebas para demostrar la demora injustificada y la falta de debida diligencia para esclarecer y sancionar estos hechos, según explica el Centro Prodh. Tras analizar las pruebas, en 2018 la CIDH determinó que no se han señalado las causas de la explosión, no se ha reconocido ni sancionado la presunta responsabilidad de servidores públicos, ni se han recuperado los cuerpos de los mineros, todo esto en un claro incumplimiento del estado mexicano, responsable de impartir justicia.

El área carbonífera de Coahuila es la principal zona de extracción de carbón en México y, por lo tanto, la minería es la actividad productiva más importante de la región. Sin embargo, esta industria sigue operando de manera irregular y sin las condiciones de seguridad necesarias para garantizar la integridad y seguridad de los trabajadores mineros. Esta situación, aunada al significativo aislamiento de la zona, significa un gran riesgo para defensores y defensoras de derechos humanos y para las familias organizadas, quienes se han visto amenazadas y hostigadas en numerosas ocasiones.

En 2019 el actual gobierno federal se comprometió con las familias a establecer una mesa de trabajo interinstitucional para delinear la ruta del rescate de los cuerpos, y en mayo de ese mismo año se instaló el Comité para la Reparación y la Justicia en Pasta de Conchos, que tiene como objetivo la recuperación de los restos de los mineros. Sus integrantes también dan seguimiento a la situación en la región, particularmente para impulsar el cumplimiento de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Los restos de los mineros aún no han sido rescatados. La primera empresa falló en la búsqueda y hubo necesidad de contratar a una segunda. Según fuentes oficiales, se espera que se pueda acceder a éstos en los primeros meses de 2024. Las esposas, los hijos y las familias de Pasta de Conchos, junto con quienes los han acompañado todos estos años de búsqueda de justicia, siguen en la lucha.

En defensa de la tierra

Las mujeres han sido determinantes en la defensa del medio ambiente, el territorio y los recursos naturales. Además, son referentes de la conservación de culturas indígenas, las que encuentran fundamental la preservación de la naturaleza. Promover el desarrollo sustentable es luchar contra las iniciativas extractivistas que lo ponen en peligro, y oponerse a ellas es oponerse a los grandes capitales e intereses de empresarios y gobiernos corruptos. Pero eso necesariamente pondrá en peligro la vida de defensoras y activistas, pues México es uno de los países más peligrosos para las y los defensores del medio ambiente.

Los pueblos originarios cuidan el 80% de la biodiversidad del planeta, de acuerdo con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, pero son excluidos de la toma de decisiones. El racismo ambiental es la manifestación de la discriminación racial en las políticas medioambientales y la aplicación de reglamentos y leyes. No atender los planteamientos de los y las defensoras de la Tierra para mitigar los efectos de la crisis climática sólo nos lleva a todos y todas a la catástrofe.

Las comunidades de Cholula frente a Bonafont, la defensa del bosque Yaqui, del Río Verde en Oaxaca, de la selva en la Península de Yucatán por la construcción del Tren Maya, de la sierra de Manantlán por el daño provocado por la mina Peña Colorada, la lucha en contra de la siembra de soja transgénica por parte de Monsanto en Campeche, son sólo algunos ejemplos. El gobierno mexicano ha recibido diversas recomendaciones internacionales, pero la impunidad predomina en muchos de los casos.

Las empresas y los gobiernos tienen estrategias de ataque muy claras hacia los defensores del territorio. La violencia contra líderes territoriales, científicos ambientales, comunidades indígenas y activistas denuncian los altos niveles de deforestación, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de ríos y mares y las consecuencias que los megaproyectos causan en los territorios.

La voz de las mujeres en defensa de la Tierra no solamente resuena en los foros internacionales, es vital para el mantenimiento de las comunidades y sus culturas, que representan el único freno contra el extractivismo, la última protección del territorio y sus recursos. En ello se les va la vida, la suya y la de todos y todas.

Por una vida libre de violencia e igualdad en derechos

Muchas mujeres, en muchas organizaciones, en todos los rincones del país, unidas en un movimiento político y social por la toma de conciencia de las mujeres en contra de la opresión, la violencia sexual, la subordinación y la explotación; en busca de condiciones de igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres en relación con los hombres. Eso es el feminismo.

Aun cuando, según las autoridades, los casos de feminicidio en el país han bajado en los últimos meses, la cantidad de mujeres que reportan haber sufrido violencia siguen en aumento. De acuerdo con datos recientes del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en México el 70% de las mujeres de 15 años o más han experimentado al menos un incidente de violencia, que puede ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual, de discriminación en al menos un ámbito, y ejercida por cualquier persona agresora a lo largo de su vida, lo que representa un aumento de cuatro puntos porcentuales desde la última medición. De hecho, las denuncias por violencia familiar repuntaron en el primer bimestre de 2023, de acuerdo con datos de losinformes de Incidencia Delictiva del Fuero Común.

Foto: © heyalexen, Depositphotos

A la par del crecimiento de la violencia también ha aumentado la conciencia social sobre el tema y la politización de las mujeres en lo individual y en lo colectivo. Ellas pintan bardas y rompen cristales, sí. También dan clases, escriben libros, dan conferencias, organizan foros locales, nacionales e internacionales, debaten, dialogan, diseñan, construyen, enlazan, advierten, denuncian, explican, se organizan, investigan y ocupan espacios de decisión.

En México tenemos uno de los sistemas legales de protección de los derechos de las mujeres, así como por su acceso a una vida libre de violencia, más avanzados del mundo. También lo es la legislación electoral que nos ubica entre los países más paritarios. En todos los niveles de gobierno tenemos políticas públicas, protocolos e incluso partidas presupuestales destinadas a la atención de las violencias en contra de ellas.

Discursivamente no ha sido un gran sexenio para el avance de las mujeres. En las acciones mi evaluación es más positiva, aunque tratándose de conciencia social, ahí tengo mis reservas. Nada de lo que hemos avanzado se nos concedió sin resistencia. Se ha luchado por cada centímetro, cada letra, cada coma. Y, sin embargo, aun con derechos ganados, vivimos con miedo. Nuestros principales agresores son hombres que conocemos, el lugar más peligroso para las mujeres es su hogar.

El patriarcado podrá lastimar nuestros cuerpos, pero por cada una que toca, hay una que lucha. Si tocan a una, respondemos todas.

Por el derecho a existir

De entre todas las mujeres, las mujeres transexuales son las que viven mayor nivel de desigualdad y sufren más discriminación. Y si la discriminación es la negación del acceso a otros derechos, las mujeres trans tienen una calidad de vida terrible al carecer de acceso al trabajo, a la educación, a la vivienda, a la salud y a una vida libre de violencia.

Miradas, chismes, insultos, rechazo y luego el terror. México es el segundo país con más asesinatos de personas trans en el mundo, sumando un total de 453 en los últimos cinco años, de acuerdo con el informe de 2021 Muertes violentas de personas LGTB+ en México, de la organización Letra S.

Relegadas por sus familias y comunidades, y excluidas de las oportunidades educativas, las mujeres transexuales están confinadas a sectores económicos como la peluquería, la estética, al show travesti y al trabajo sexual. De tener acceso, podríamos verlas en todos los campos profesionales, porque no es un tema de capacidad.

La población de mujeres transexuales en México presenta las tasas más altas de prevalencia de VIH, de manera que el promedio de vida de una mujer transexual en México es de 37 a 40 años, muy por debajo de la media nacional. El trabajo sexual las pone en riesgo de enfermedades de transmisión sexual y de todo tipo de adicciones. La calle también las expone a la violencia sexual.

Víctimas de la discriminación, tampoco ocupan espacios de decisión y por lo tanto los reglamentos y las leyes que pueden protegerlas a ellas y sus derechos son pobres y francamente inútiles.

Pero las mujeres trans tienen a otras mujeres trans que, organizadas en colectivos, se defienden, se cuidan, se apoyan, se proveen de cuidados, de vivienda, de salud. Esos colectivos se vuelven espacios de participación e incidencia. Incluso luchan por su derecho a ser enterradas bajo su nombre femenino.

Empezamos a ver a las mujeres y en general a las personas transexuales en los partidos políticos, en la toma de decisiones, en el ejercicio sustantivo de la ciudadanía. Tenemos una gran deuda con ellas y es urgente que se formulen políticas públicas, acciones de gobierno y marcos normativos que realmente protejan sus derechos humanos, en específico los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de las mujeres y el derecho a la salud, la educación y la vivienda.

Por todas

«Mujeres juntas ni difuntas», nos enseñaron desde chicas. Porque las mujeres juntas son la lucha y el aliento. Son sus manos entrelazadas las que nos ayudan a soportar una cultura patriarcal que siempre nos ha violentado, que siempre nos ha hecho menos. Nuestras luchas no empezaron hace cinco años, pero tampoco acabarán en 2024. Habitamos un mundo de padres abusadores, de maridos golpeadores, de familias que discriminan, de empleadores que nos pagan menos, de partidos políticos que escamotean espacios, de crimen organizado que se lleva a nuestros hijos e hijas, de empresas extractivistas que destruyen nuestro territorio. 

Cuando la injusticia nos sobrepasa, la esperanza es otra mujer parada a nuestro lado. 

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