Por José Toral*
La contaminación y el penetrante olor a basura dentro de sus hogares hizo que decenas de habitantes de Jalisco, en México, se movilizaran contra la operación ilegal del vertedero de residuos conocido como Matatlán. Pero el asesinato de su compañera y abogada Verónica Patricia Guerrero Vinueza hizo que muchos vecinos organizados dejaran la lucha. Ella es una de los 199 defensores del medio ambiente, la tierra y el territorio que en México murieron tras una agresión letal durante la última década, según el más reciente Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda). En ese mismo periodo, 2015 a 2025, la organización registró más de mil agresiones.
Rogelio, uno de los habitantes opositores al basurero de Matatlán y quien prefiere que se reserve su apellido, conoció en 2021 a Verónica Guerrero. Ella era su vecina y fue quien lo invitó a participar en la entonces incipiente organización contra el tiradero ilegal de residuos, ubicado a unos cientos de metros de sus hogares. Rogelio recuerda que comenzaron una campaña de comunicación en la zona para explicar los riesgos de la exposición a la basura y la información que habían podido documentar sobre la operación ilegal del tiradero. Para ello, colocaron lonas con la información en calles de la colonia, pero duraron poco tiempo.
«Apenas las colocamos, las destruían y empezaron las agresiones», recuerda Rogelio, quien señala a la empresa que operaba el basurero como la responsable. «Mandaban contingentes de pepenadores [recicladores] a destruirnos las lonas, a amenazarnos, hicieron algunos daños en la entrada del coto, y Vero era una líder muy visible».
La oposición al tiradero continuó, con mayores precauciones frente a los riesgos. Comenzaron las manifestaciones en espacios públicos, demandas legales y denuncias en medios de comunicación, pero también arreciaron las amenazas. Finalmente, el 3 de febrero de 2022, Verónica Guerrero fue asesinada. A los pocos días, las autoridades judiciales descartaron públicamente que el crimen tuviera relación con su papel como activista. Dicha versión fue considerada insuficiente e inadecuada por el Observatorio Internacional de Abogacía, que pidió a las autoridades mexicanas garantizar una investigación efectiva, diligente y exhaustiva.
El crimen sigue sin ser esclarecido y generó cambios al interior de la organización comunitaria. «Sí hubo personas que decidieron ya no participar y a todos nos produjo temor lo que había pasado», recuerda Rogelio.
Para Luis Enrique González Araiza, director del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez,S.J. (CUDJ), del ITESO, Universidad Jesuita De Guadalajara, las agresiones de este tipo muchas veces tienen el objetivo de desmovilizar a las personas que defienden el territorio. «No es un hecho aislado el asesinato de cada una de estas compañeras defensoras, sino que lo que buscan es que sus propias luchas se paren, o que dejen de hablar”, explica.
Para González Araiza, detrás del incremento de agresiones contra defensores del territorio en el país está el modelo extractivo instalado en el mundo para producir capital, donde convergen tanto economías legales como la macrocriminalidad, y que generan procesos violentos de despojo contra comunidades. Según el Cemda, actualmente las empresas privadas participan en una de cada cinco agresiones contra defensores en México, una proporción que va en aumento.
El director del CUDJ resalta que la violencia contra las comunidades y en particular contra defensores está íntimamente relacionada con la expansión de este tipo de modelos económicos extractivistas, relacionados con temas como la minería, la tala ilegal o la agroindustria, donde las empresas están implicadas en las agresiones, así como el propio crimen organizado y agentes del Estado, que participan directamente o por omisión.
González Araiza menciona tres casos recientes, ocurridos en Jalisco, México, donde defensores del territorio fueron asesinados y que se vinculan con procesos extractivos. Karina Ruiz Ocampo, quien defendía el derecho al agua en su comunidad, desaparecida y posteriormente localizada sin vida en el municipio de Amatitán, el 3 de mayo de 2025. El abogado Cándido Essaú Román Pérez, asesinado el 3 de noviembre de 2025, quien representaba a la comunidad agraria Emiliano Zapata, en el municipio de Cihuatlán, en la costa de Jalisco, y denunció el despojo de un predio donde se busca una nueva construcción turística. Y Marcos Aguilar Rojas, integrante de la comunidad indígena San Lorenzo Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, en la sierra norte de Jalisco, quien fue asesinado el 26 de noviembre de 2025 en un contexto de agresiones armadas derivadas de la invasión y despojo del territorio comunal.
«Estos tres asesinatos de personas defensoras del territorio, que justo son, a su vez, líderes sociales en sus propias comunidades, están asociados a este modelo extractivo. La defensa que estaban gestando era en contra de un modelo extractivo que generaba capital e ingresos tanto a economías legales como ilegales», señala el director del CUDJ.
La Organización de Estados Americanos, en su Tercer informe sobre situación de personas defensoras de derechos humanos en las Américas, reconoce que las organizaciones de la sociedad civil consultadas «coinciden en señalar que la violencia contra estos grupos se encuentra íntimamente relacionada con la expansión de modelos económicos extractivistas».
Esta situación está presente en México y en toda la región. «América Latina registra sistemáticamente el mayor número de asesinatos documentados de personas defensoras de la tierra y el medioambiente», señala Global Witness en un informe emitido en 2024 que estimó que 85 por ciento de todos los casos en el mundo ocurren en esta región. Según la organización internacional, un total de mil 586 personas defensoras han sido asesinadas desde la aprobación del Acuerdo de París sobre el cambio climático, en 2015. En la revisión realizada solo en 2023, Global Witness advierte que casi la mitad de las personas defensoras asesinadas eran afrodescendientes o indígenas.
«Hay que vincular el extractivismo a todo esto», insiste González Araiza. «En gran parte de las comunidades indígenas hay recursos naturales que son muy preciados y valorados por quienes están generando estos procesos de violencia». A la riqueza natural del territorio que defienden, se suma que muchos pueblos originarios que enfrentan procesos extractivos están aislados del poder formal centralizado, por lo que se encuentran en el máximo nivel de vulnerabilidad. E incluso, los grupos criminales controlan buena parte del territorio en simbiosis con la autoridad formal. «Sabemos que hay territorios que están copados por la macrocriminalidad, donde incluso ya la macrocriminalidad optó por camuflarse con el sistema de democracia liberal que tenemos, ya se eligen como las autoridades».
De acuerdo con Felipe Romero, gerente de Derechos Humanos del Cemda, la causa que está detrás de la mayoría de las agresiones contra defensores del territorio es la implementación de megaproyectos, obras o proyectos de gran envergadura y que tienen los mayores impactos socioambientales. «En ese contexto es donde suceden las mayores agresiones a personas defensoras. El proceso de diseño, planeación, autorización, ejecución y desmantelamiento de los proyectos, particularmente los megaproyectos, no garantiza los derechos de las comunidades que habitan esos lugares, ecosistemas, territorios donde se van a desarrollar estas obras, actividades o megaproyectos. Y eso es para nosotros la causa central».
Entre los cambios legislativos que se requieren en el país para revertir el incremento de agresiones, Felipe Romero destaca la necesidad de armonizar las leyes mexicanas con el Acuerdo de Escazú, tratado internacional firmado en 2018, en el que México se comprometió garantizar un entorno adecuado para la defensa ambiental, con procesos de información, participación y justicia. «Si hubiera garantías para que, en el proceso de aprobación de megaproyectos, se diera el acceso a la información, a la participación, se respetara el derecho al territorio de las comunidades, la conflictividad social disminuiría y también las agresiones y el riesgo”, asegura Romero.
También insiste en la necesidad de fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, creado en 2012 por el gobierno federal mexicano, pero que es insuficiente. «No ha habido una política pública realmente contundente. Eso es un hecho, a pesar de que hay algunos avances», advierte el integrante del Cemda. «Hay más agresiones por parte de ciertos actores como el crimen organizado, las agresiones de personas que pertenecen al gobierno también están presentes y de hecho crecen cada vez más».
En el caso del basurero de Matatlán, en Jalisco, la lucha continuó hasta conseguir que dejen de llegar residuos al punto. Pero aún están pendientes la remediación ambiental del sitio para que se detenga la contaminación, y el esclarecimiento del asesinato de Verónica Guerrero. «Ojalá que algún día se logre dilucidar, pero, por lo pronto, debemos estar agradecidos con ella, que fue una de las iniciadoras de este movimiento», reflexiona Rogelio, quien mantiene la lucha por la justicia ambiental para su comunidad.
*Es reportero en Guadalajara, Jalisco, México. Licenciado en Comunicación Pública por la Universidad de Guadalajara (udeg), con un máster en Comunicación de Conflictos Armados, Paz y Movimientos Sociales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesor de asignatura en las carreras de Sociología y Comunicación Pública de la UdeG y colaborador de Magis.
