
Hablar de la defensa del territorio desde América Latina implica reflexionar sobre los alcances de los modelos de desarrollo implementados por los Estados en nuestras distintas geografías.

El pasado 22 de mayo algunos medios de comunicación y varias redes sociales alternativas se hicieron eco de la muerte del profesor Eulalio Aquino Fleitas, indígena paĩ tavyterã de Amambay, Paraguay.

Rogelio, uno de los habitantes opositores al basurero de Matatlán y quien prefiere que se reserve su apellido, conoció en 2021 a Verónica Guerrero.

El sur de Venezuela enfrenta una severa crisis humanitaria y ecológica caracterizada por la minería ilegal, la violencia armada y la vulneración sistemática de los derechos de los pueblos indígenas ancestrales. Ante este complejo escenario, tanto los recientes operativos militares como las reformas legales vigentes despiertan profundas dudas sobre si buscan el bienestar de la población o el resguardo de intereses económicos extranjeros.

«La soberanía energética no puede ser a costa de los territorios y medios de vida, el uso de fracturación hidráulica en la Huasteca Potosina es equivalente a una declaración de guerra a los pueblos», apuntó el activista y asesor de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina (COCIHP) Rogel del Rosal, en entrevista con la revista CHRISTUS.

He caminado entre ellas. He escuchado sus preocupaciones al amanecer mientras preparábamos el café para la jornada y sus voces firmes al momento de narrar sus historias.

Una noche de agosto de 2020, en plena pandemia, el conflicto en territorio mapuche dejó de expresarse sólo en caminos rurales, predios forestales o comunidades en resistencia.

En muchos de nuestros países, la democracia enfrenta serios desafíos en términos de eficacia y legitimidad. La corrupción, la desigualdad y la violencia han penetrado los sistemas políticos, debilitando la confianza de la ciudadanía en la capacidad que tiene la democracia para ofrecer soluciones a los problemas más urgentes.