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2023, entre elecciones y violencias

2023 comenzó con una agenda política muy cargada, sobre todo por tres procesos que se desarrollarán a lo largo del año: la culminación de la reforma electoral, conocida como «Plan B» por la bancada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena); las elecciones para gobernador en el Estado de México y Coahuila, y una percepción más clara —seguramente para diciembre de este año— sobre las candidaturas presidenciales y las posibles alianzas entre partidos para 2024.

Por otro lado, es probable que la agenda de seguridad seguirá siendo uno de los asuntos prioritarios, porque a pesar de que en algunos rubros se experimentaron algunos descensos de delitos, el país sigue instalado en una meseta alta de violencia.

Reforma electoral

Durante 2022 hubo una álgida discusión en torno a la reforma política impulsada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que implicaba hacer cambios a la Constitución, modificaciones a la composición de la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, a los Cabildos, al Instituto Nacional Electoral (INE), al Tribunal Electoral y al financiamiento de los partidos políticos. Era una reforma de amplio calado, con algunas propuestas muy positivas, otras cuestionables y varias más que representaban un retroceso democrático.

Todo el debate se centró en lo que sucedería con el INE, pero se dejaron de lado los aspectos más importantes de la reforma, lo que postergó una discusión amplia y profunda sobre el régimen político —que cada vez tiene mayores falencias y un innegable problema de representación—. Estas modificaciones suponían alcanzar una mayoría calificada del bloque gobernante en las dos Cámaras, lo que no sucedió; por ello, y de forma inesperada, la bancada de Morena presentó su «Plan B», una serie de reformas a las leyes secundarias que por su naturaleza sólo requieren una mayoría simple para su aprobación, es decir, 50% de los votos, más uno de los legisladores de ambas Cámaras.

Esta propuesta ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, pero a mediados de febrero todavía se estaba discutiendo en la de Senadores y es difícil predecir qué sucederá. Las reformas más importantes contempladas por el «Plan B» buscan modificar, entre otras cosas, la estructura de las 300 juntas distritales del INE para que pasen de ser permanentes a temporales; un ahorro sustantivo en el gasto erogado por este instituto, y la reducción de la estructura electoral de los institutos locales. Esto, de acuerdo con Morena y sus aliados, implicaría un ahorro de 3,500 millones de pesos. La respuesta de la oposición y del propio INE ha sido que estos cambios pondrían en tela de juicio las elecciones de 2024 y dejarían sin empleo a más de 80% del personal de esta institución, que actualmente cuenta con servicio civil de carrera.

Foto: © Brenda Rocha Blossom, Depositphotos

Lo que comenzó como la oportunidad de reconfigurar el régimen político de México terminó en un diálogo de sordos sobre la reforma administrativa al INE. Es cierto que la desconfianza en los procesos electorales nos llevó a encarecerlos y que es factible aligerar sus procedimientos. Sin embargo, también es una realidad que se puede perder el expertise desarrollado a lo largo de muchos años, que se afecten los derechos laborales de los trabajadores y que la instrumentación de un modelo logístico nuevo para las elecciones de 2024 produzca riesgos no deseados. En todo caso, lo deseable sería establecer un nuevo modelo en una elección intermedia, es decir, hasta 2027.

En un entorno político extremadamente polarizado como el actual es muy complicado generar acuerdos y discutir detalles técnicos de un asunto tan importante, ya que la desinformación ha prevalecido y las partes involucradas solamente presentan narrativas muy sesgadas del problema de fondo. Esto ha provocado que la mayor parte de la sociedad esté atrapada, sin entender su trascendencia, en una discusión que además no le genera sentido.

Elecciones locales en Coahuila y Estado de México

El próximo 4 de junio de 2023 se elegirá al próximo gobernador de Coahuila y a las y los 25 diputados locales que conformarán el congreso de aquella entidad. A la par, en el Estado de México se llevarán a cabo las elecciones para gobernadora. En este momento ambos estados están gobernados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y cabe señalar que el Estado de México es considerado el último bastión priista del país.

Luego de parecer extinta, la Alianza Va por México tomó un segundo aire, y el PRI, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) acordaron ir juntos en las elecciones locales del año 2023 y en los comicios federales del próximo año. En el primer caso tomaron la decisión de que el PRI propondría a las y los candidatos, y para 2024 el PAN llevaría mano en la designación para la presidencia de México.

El periódico El Financiero publicó a principios de febrero un par de encuestas sobre estas elecciones locales, en las que se aprecia cómo arrancarán ambos procesos para elegir gobernador. Para el caso de la elección en el Estado de México, se muestra que la exsecretaria de Educación, Delfina Gómez, que abandera la alianza de Morena–Partido Verde–Partido del Trabajo (PT), encabezaba las preferencias electorales con 45% de los posibles votantes; le seguía Alejandra del Moral, de la alianza PAN–PRI–PRD–Partido Nueva Alianza (Panal), con 37%, y en tercer lugar se ubicó Juan Zepeda, de Movimiento Ciudadano (MC), con 15% de intención del voto.

El ejercicio realizado por El Financiero confirma que las preferencias electorales en el Estado de México favorecen a Morena, aunque la ventaja con la que arranca Delfina Gómez de ninguna manera es definitiva. Si retomamos que el margen de error de esta encuesta es de +/- 4%, entonces la diferencia que puede existir es corta y remontable en campaña electoral. La gran duda que queda es cómo actuarán en este escenario la presidencia de la República y el gobierno del Estado de México para apoyar a sus candidatas.

Para el caso del estado de Coahuila, el candidato de Morena, el senador Armando Guadiana, encabezaba las preferencias electorales con 43% de los posibles votos, mientras que Manolo Jiménez, de la alianza PAN–PRI–PRD, obtuvo 41%.

En lo que corresponde a la elección del congreso local, la alianza PAN–PRI–PRD cuenta con 41% de la intención del voto, mientras que Morena obtuvo 40%. El resto de los partidos tienen entre 4% y 6%.

Foto: © Heyalexen, Depositphotos

Al momento de comenzar el proceso electoral en Coahuila podemos hablar de un empate técnico, ya que la diferencia entre los dos principales candidatos se encuentra dentro del margen de error. Durante los meses previos, y por los resultados electorales del congreso local actual, parecía que la alianza Va por México llevaría ventaja; sin embargo, sorprende que el partido de López Obrador haya emparejado las preferencias electorales. Habrá que ver cuáles son los resultados definitivos. En lo concerniente al congreso local, si estas tendencias se consolidan habría un poder legislativo dividido en aquella entidad.

Un hecho que marcó el arranque de estos procesos electorales fue la decisión de Movimiento Ciudadano (MC) de no competir por la gubernatura en ninguna de las dos entidades. La argumentación que este partido utilizó para tal decisión es que ya había un “arreglo” entre las dos grandes coaliciones para repartirse las gubernaturas. Habrá que ver qué impacto puede tener esta posición política, tanto para el derrotero de estas elecciones como para el tablero electoral rumbo a las elecciones presidenciales.

Recordemos que estas votaciones son la antesala de los comicios de 2024. Será muy importante ver los grados de cohesión y de estructura que utilizarán ambas maquinarias electorales, pues será la última ocasión que entren en funcionamiento antes de elegir al próximo titular del Poder Ejecutivo Federal.

Rumbo a 2024

Uno de los asuntos sobresalientes para el primer semestre de 2023 será la carrera a la presidencia de México. Algunos de los precandidatos de Morena están en franca campaña preelectoral y creando grupos de apoyo a lo largo y ancho del país. Durante 2022 se dieron a conocer múltiples encuestas, tanto de la aprobación de AMLO en la población como de las preferencias electorales de los votantes por los posibles candidatos a la presidencia.

«Es probable que a lo largo de este año la polarización política no sólo continúe, sino que se profundice, ya que los actores políticos no tienen en este momento ningún incentivo para lograr acuerdos importantes».

Para ilustrar ambos casos presentaré los resultados condensados de varias encuestas.

Sobre la aprobación presidencial, el portal de Oraculus indica que para inicios de febrero el promedio de aceptación del actual mandatario era de 63% de la población, frente a 30% que lo rechaza. Ésta es una tendencia que se mantuvo muy estable durante todo 2022, lo que implica que el tabasqueño comenzó su quinto año de gobierno con una fuerza política significativa y con un gran apoyo popular. También quiere decir que durante todo el año pasado la oposición fue incapaz de afectar la popularidad y la imagen del presidente.

El portal de Polls.mx, que hace una síntesis de las preferencias electorales ante los posibles precandidatos a la presidencia, señala que el número uno lo ocupa la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; en segundo lugar está el canciller Marcelo Ebrard; en tercero, Adán Augusto López, secretario de gobernación; en cuarto, Mauricio Vila, gobernador de Yucatán; en quinto, la senadora panista Lilly Téllez y, por último, el excandidato Ricardo Anaya. Los posibles contendientes del PRI y MC aparecen hasta el noveno y décimo lugar. Tanto Ebrard como Sheinbaum están en franca campaña y la oposición no ha logrado colocar a candidatas y candidatos definidos. Al confrontar las preferencias por partido (es decir, por lo que cada uno representa en sí), en febrero todas las encuestas indicaban que Morena, solo o en alianza, ganaría la presidencia de la república. Cabe señalar que este año será clave para definir las candidaturas presidenciales, que para principios de 2024 deberán estar ya establecidas.

Sin embargo, es probable que a lo largo de este año la polarización política no sólo continúe, sino que se profundice, ya que los actores políticos no tienen en este momento ningún incentivo para lograr acuerdos importantes. Tanto los simpatizantes de la Cuarta Transformación como los anti–AMLO seguirán alimentando discursos estigmatizantes y que denuesten a sus adversarios en función de sus propios intereses políticos.

La crisis de seguridad

A principios de este año se dieron a conocer las cifras definitivas sobre la violencia en México durante 2022. Los homicidios dolosos descendieron en 7.1% con respecto a 2021; de una cifra de 33,350 personas asesinadas en ese año, en 2022 se pasó a la de 30,968. A pesar de esta disminución, México se encuentra en una meseta alta en la tasa de homicidios, que comenzó en los últimos años del sexenio de Enrique Peña Nieto y que hasta ahora no muestran un descenso significativo. Además, se añaden los eventos violentos presentados en varios lugares del país, de los que 48.6% se concentra en Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Chihuahua y Jalisco.

Por otro lado, 2022 cerró con una cifra de 109,516 personas desaparecidas, lo que significa un incremento de 15% con respecto a 2021. Los estados con mayor incidencia son Jalisco, con 15,038 personas desaparecidas; Tamaulipas, con 12,467; el Estado de México, con 11,868; Veracruz, con 7,438; Nuevo León, con 6,250; Sinaloa, con 5,664; la Ciudad de México, con 5,163 y Michoacán, con 4,803. Todos estos datos nos muestran que México está sumido en una grave crisis de seguridad.

La respuesta institucional ante la violencia fue profundizar el proceso de militarización de la seguridad pública a través de dos estrategias: la Guardia Nacional pasó a formar parte de las Fuerzas Armadas y se aprobó, hasta 2028, la extensión de la presencia del Ejército y la Marina en labores de seguridad pública. Este proceso encontró una fuerte oposición de académicos y grupos de derechos humanos que advirtieron los riesgos de avanzar en esa dirección, ya que existe una evidencia empírica del incremento en las violaciones a los derechos humanos y del nulo descenso de los índices de violencia.

La narrativa que se ha impuesto desde el gobierno es que no existen soluciones fuera de los apoyos gubernamentales a ciertos sectores sociales y de la presencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad. Hay que recordar que el proceso de militarización comenzó en el sexenio de Ernesto Zedillo y que todos los presidentes que lo sucedieron han continuado con la misma tendencia. Después de tres décadas de esta política —que sólo ha aumentado la violencia y la operación de más grupos de la delincuencia organizada, una mayor cantidad de territorios en manos de estos grupos y más violaciones a los derechos humanos— está claro que esa forma de proceder no es la solución ante este grave problema, o por lo menos no es la única que se debe instrumentar. Resulta muy sorprendente que el discurso de AMLO cuando era candidato concordaba con la necesidad de disminuir la militarización, y ahora que ya es presidente —y en el último tercio de su mandato— es el principal defensor de esta estrategia.

«Después de tres décadas de esta política —que sólo ha aumentado la violencia y la operación de más grupos de la delincuencia organizada, una mayor cantidad de territorios en manos de estos grupos y más violaciones a los derechos humanos— está claro que esa forma de proceder no es la solución ante este grave problema, o por lo menos no es la única que se debe instrumentar».

Foto: © Sala de Prensa de la Oficina de la Presidencia

Sin embargo, existen varios esfuerzos por la construcción de paz en el país. Hasta ahora el proceso más visible lo están desarrollando la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México (CIRM) y la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, a través del diálogo y de la eventual presentación de una agenda nacional sobre este tema. Este proceso supone un arduo trabajo de base que proporcionará un diagnóstico por territorios y a través de consensos sociales amplios, y que puede movilizar al país en otra dirección. 

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