Hay instituciones que no se construyen sólo con documentos y litigios, sino con nombres, con historias y con la férrea terquedad de no soltar la esperanza. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) es una de ellas y este 2026 cumple 38 años de caminar junto a las víctimas; comunidades y familias que buscan justicia en un país atravesado por la violencia.
Hoy, por primera vez, esa historia es encabezada por una mujer. María Luisa Aguilar fue nombrada directora en julio de 2025, y su llegada no es solamente un cambio administrativo; es también un signo de los tiempos: las mujeres hoy están al frente de las luchas y obras sociales, de las decisiones públicas; a la cabeza en la defensa de los derechos.
Fundado en 1988 por el padre Jesús «Chuche» Maldonado, S.J., el Centro Prodh nació como una apuesta concreta por acompañar a quienes desde el poder fueron ultrajados. Desde entonces, su historia ha sido la de sostener una presencia constante con las víctimas: escuchar, documentar, denunciar.
«Nos sostiene la determinación de las personas que acompañamos, y eso nunca es menor», dice Aguilar en entrevista con la revista CHRISTUS, en la que conversamos sobre las deudas históricas del Estado mexicano, los pendientes de la agenda de derechos humanos hoy y las preguntas que se abren hacia el futuro sobre la defensa de éstos en un tiempo de polarización política, violencia criminal y guerras abiertas.
María Luisa Aguilar lleva más de quince años habitando el territorio complejo de la defensa de los derechos humanos. Se formó en Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y más tarde cursó la maestría en Teoría y Práctica de los Derechos Humanos en la Universidad de Essex, en Inglaterra.
Se incorporó al Centro Prodh en 2016. Desde ahí coordinó el área internacional durante más de cinco años, tejiendo estrategias de incidencia. Su trabajo se ha centrado en algunos de los capítulos más dolorosos de nuestra historia reciente: desapariciones forzadas, tortura sexual y violaciones graves cometidas por el Ejército.
Antes de llegar al Prodh pasó seis años en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en Guerrero, una región herida por la violencia estructural y el abandono. Allí aprendió que la defensa no se ejerce desde la distancia, sino caminando junto a las comunidades.
«Somos parte de un proyecto que fue ideado por el padre Chuche, por David [Fernández], por muchos otros que vieron en la necesidad de muchas personas la herramienta de los derechos humanos como una forma de alcanzar justicia, de poner al centro la dignidad de las personas. Y ojalá eso sea lo que lo que le podamos dejar a quienes vienen en el futuro también para seguir construyendo el Pro», dice Aguilar, en cuya palabra aparece una convicción profunda: la defensa de la dignidad no es una consigna que se repite, sino un trabajo cotidiano que se teje con paciencia, con escucha atenta y con una memoria que se niega a rendirse.
En la defensa de los derechos, en un entorno cada vez más enrarecido tanto en México como en el mundo, María Luisa es clara: la clave está en no perder de vista los rostros concretos de quienes acompañan. Personas que, frente a la injusticia, la desolación, incluso la pérdida de sus familiares, continúan buscando medios de vida digna.
La entrevistada trae a la conversación el trabajo amoroso que hacen las madres y las familias de personas desaparecidas, quienes, a pesar de la indiferencia del Estado, siguen de pie.
Son ellas, dice, «quienes le dan hoy un rostro de dignidad al país. Son ellas quienes dicen: “no podemos conformarnos con lo que está ahí. Tenemos que seguir exigiendo al Estado una respuesta”».
Sobre su labor en el Centro Pro María Luisa insiste en que es «una oportunidad de seguir haciendo el trabajo que me anima, que está ahí en las mujeres que sufren una discriminación cuando son detenidas y que es completamente distinta a la discriminación que puede sufrir un hombre de sectores vulnerables, porque tiene una razón de género».
En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, esta conversación adquiere una resonancia particular: hablar de derechos humanos desde la voz de una mujer que ha acompañado de cerca el dolor y la resistencia es también reconocer la fuerza silenciosa, y muchas veces invisibilizada, de tantas mujeres defensoras en México, sobre todo las que trabajan en los territorios y zonas de peligro en donde la violencia es más tangible.
En ese sentido, Aguilar apunta: «Ocho de cada diez personas que vienen aquí son mujeres, lo tenemos muy claro y eso conlleva una serie de cargas y de cuidados y requerimientos que se le ponen a ellas por ser mujeres. Y eso nos impulsa a poder profundizar más en los análisis a la hora de señalar ¿dónde están las vulnerabilidades más amplias de las mujeres que son víctimas de derechos humanos? Creo que es algo que el Centro Pro ha ido construyendo en los últimos años, y me anima mucho también poderlo dirigir».
A continuación, reproducimos fragmentos de la entrevista.
Revista CHRISTUS: Cuéntanos desde tu mirada y desde el trabajo también de la organización ¿cómo observan los derechos humanos hoy en México? ¿Qué estatus guardan y en qué situación estamos?
María Luisa Aguilar: Empezaría diciendo que este año cumplió 80 años la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y en ese contexto vimos una serie de eventos a escala internacional en que el multilateralismo, la seguridad, la idea de que tuvieramos un régimen internacional que pudiera regir la vida de los países se vio severamente criticado y severamente puesto en duda con imágenes terribles en el mundo, con lo que hoy pasa en Gaza, en Ucrania, en lugares como Haití. Es decir, los derechos humanos como marco internacional son cada vez más criticados, cada vez más endebles.
Y en el plano nacional tampoco es tan distinto, me parece. Hay una visión de utilizarlo mucho en el discurso, poco en las realidades y mucho en el negacionismo. También de privar a la conversación del día a día, de un marco más centrado en la dignidad humana y menos en la disputa política. Creo que ésa es parte de los grandes retos que tenemos las organizaciones de derechos humanos en el mundo, pero en particular en México.
Hay cosas que en México son relevantes de destacar y hay que decirlas, porque luego también pareciera que, desde nuestra perspectiva, todo va en retroceso y no, hay algunos pasos que son muy relevantes.
Por ejemplo, la noticia de este año [2025] de que en seis años se redujo la pobreza en más de 13 millones de personas. O sea, 13 millones de personas que en 2018 no podían garantizar sus necesidades básicas de ingreso, pero también de una medición más multidimensional de derechos sociales, están en una situación distinta el día de hoy, y eso hay que reconocerlo.
Eso es parte de lo que ha permitido a un régimen político mantener su propia centralidad. Pero creo que va más allá de eso; creo que va también de un reconocimiento de que son derechos, de que las personas se encuentran en una situación distinta, que pueden ejercer otros derechos que cuando están en una situación de tanta vulnerabilidad. Y eso eso es muy importante.
(…) Otro aspecto, que no es menor también, es la llegada de una mujer a la presidencia en un país tan machista. Eso tiene un significado en sí mismo también (…) Es cierto que es también un logro de un movimiento muy amplio de mujeres que han luchado por la participación política en México y que, a la luz de la situación otra vez internacional, estamos hablando de la primera mujer presidenta de toda Norteamérica. Y eso es muy relevante. Me parece que pone en el centro de la discusión no solamente la participación política, sino también temas de violencia, temas de cuidados, que es parte de la agenda central de esta administración.
(…) En ese espacio, de los pasos dados, incluiría también algunas reformas laborales, o sea, en realidad, la posibilidad de que esos 13 millones de personas salieran de la pobreza. Ya en la discusión de los expertos que analizan los datos se da cuenta de que es por un tema de ingreso. No es tanto por las transferencias sociales (…) también en los sectores más beneficiados. Los datos de pobreza extrema no cambiaron tanto, pero sí los de pobreza multidimensional en general. La razón central era el cambio en los ingresos, y eso está íntimamente relacionado con el aumento al salario mínimo en todos estos años. Ése es otro de los avances desde una perspectiva amplia.
Sin embargo, otros temas, como los de seguridad y justicia, desde la perspectiva del Centro Pro siguen siendo los grandes pendientes para un país como México, que está marcado, diría, por violencia generalizada en muchos lugares, por un control ya no sólo de rutas de narcotráfico, en la lógica del tráfico de enervantes, sino de una gobernanza criminal más extendida en algunas zonas del país, y que la respuesta del otro lado, del Estado, sea muy punitiva, profundizando el poder de las fuerzas armadas».
Revista CHRISTUS: ¿qué balance haces a siete años de iniciados estos nuevos gobiernos? ¿Cómo miran estas otras agendas que están pendientes?
María Luisa Aguilar: Los retos en este contexto son las políticas de seguridad basadas en el militarización o en la profundidad de la participación de las fuerzas armadas en la vida pública, en seguridad y en justicia. Continúa la impunidad y hay, más bien, políticas cada vez más punitivas y de mayor centralización en algunas instituciones.
Los temas de desaparición, en los que al inicio de la administración de López Obrador vimos un discurso de aceptación sobre la dimensión de la crisis, y al final del sexenio, cuando tenían que dar ya una respuesta sobre el tema, la respuesta fue, básicamente la de desmontar todos los esfuerzos que se habían hecho previamente durante la presidencia del propio López Obrador, y buscar centrar el problema en la reducción de cifras, que es lo que hasta hoy se mantiene.
En realidad, con esta administración, los temas de desaparición habían estado completamente desaparecidos también, y fue el hallazgo de Teuchitlán lo que volvió a atraer la atención de la opinión pública a un tema tan grave como la realidad de más de 130 mil personas desaparecidas en el país, y más de 75 mil cuerpos en resguardo de instancias públicas que no están identificados.
El otro tema son los homicidios. Aunque la propia administración de la presidenta Sheinbaum ha insistido en que hay una reducción significativa de los homicidios, éstos siguen estando en un número exorbitante. Hay que reconocer que hay un cambio en la política de seguridad. Habrá que ver cómo se hacen los análisis de los homicidios del INEGI ¿Para qué? Para entender el cambio de metodología que hay también en el análisis de la administración.
(…) Los temas de abusos militares están íntimamente relacionados con todo lo demás. No es menor que, en un proyecto político que asegura ser de izquierda, la base de las políticas de seguridad estén centradas en el despliegue de fuerzas armadas que nunca han rendido cuentas, ni han permitido ser investigadas adecuadamente, incluso por delitos del pasado, incluso cuando había esfuerzos relevantes de la propia administración pública federal, como en la administración pasada, en la que se crearon mecanismos extraordinarios de esclarecimiento histórico para las épocas de la llamada «guerra sucia».
Con escándalos de corrupción grandísimos, como lo que hemos visto en este año relacionado con los desvíos fiscales asociados al tráfico de combustibles, el llamado «huachicol fiscal». Básicamente, lo que genera es un empoderamiento de unas fuerzas de seguridad castrenses que están desplegadas a lo largo de muchas zonas del país que nunca han rendido cuentas, y eso está relacionado con el incremento de violaciones a derechos humanos.
Salió una resolución de la Corte Interamericana sobre un caso de una mujer indígena de la tercera edad que había sido violada sexualmente por elementos del ejército en 2007, y que luego perdió la vida. La Corte es muy clara al decir que hay una relación entre el incremento de las violaciones a derechos humanos en México con el despliegue de las fuerzas armadas. Es la primera vez que lo dice así de claro. Yo creo que eso es muy relevante, pero es algo que las organizaciones de la sociedad civil hemos venido insistiendo, y nosotros lo vemos en el día a día.
Nosotros estábamos acompañando a una familia de Sinaloa que, en 2008, uno de sus integrantes fue ejecutado por el Ejército, en una de estas primeras ejecuciones que se podían documentar del despliegue de las fuerzas armadas en el contexto de la guerra contra el narcotráfico. Su esposa fue muy vocal y buscó justicia todos estos años. Su caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos humanos. Este año (2025) le ofrecieron una disculpa de parte del Estado. Unos meses después, dos niñas de la misma familia fueron ejecutadas por el Ejército en el mismo estado. Yo creo que eso da cuenta de la dimensión del riesgo que significa el despliegue de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
Y lo que tienes alrededor es una Fiscalía General de la República que sigue sin investigar al fuero militar, que tiene el control de las escenas y podría hacer parte de la base de una investigación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hoy una institución muy debilitada, que no pide cuentas al Ejército, y una Presidencia, en lógica no de la persona, sino de la institucionalidad del ejecutivo, que cada vez depende más de las fuerzas armadas en diversas acciones.
Entonces, lo que tienes es familias muy dolidas, pero también muy ciertas de que esto no puede ser la realidad. Y lo puedes ver en esa familia que, un ejemplo de cómo la violencia ha ido trastocando a muchas.
Revista CHRISTUS: A principio del gobierno de López Obrador se hablaba de la posibilidad de iniciar un proceso de justicia transicional, que quedó en nada. ¿Qué crees que pasó en el camino y por qué que se perdió esa ruta?
María Luisa Aguilar: Yo creo que era una expectativa muy amplia de la sociedad civil en México, la de poder contar con una transición que fuera real, una transición que generara cambios, que hubiera un proceso de discusión sobre qué habíamos pasado en los últimos quince años de violencia en el país. Creo que muy pronto las señales fueron de que ésa no iba a ser la guía.
Diría que por dos temas centrales que podemos analizar a la luz de la realidad: al inicio de la presidencia de López Obrador una de las reformas esenciales de ese momento fue la creación de la Guardia Nacional con un acuerdo casi unánime de las dos cámaras. En ese momento el propio presidente dijo: «Yo quiero que la Guardia Nacional sea militar». El acuerdo había sido que fuera civil, pero el presidente fue muy claro en que la composición en sí misma y la idea de que la política de seguridad estaría basada en el ejército.
Creo que a lo largo de esa administración fuimos viendo cómo el propio presidente, desde su investidura, fue entregándole cada vez más y más poder al ejército y pidiéndole menos rendición de cuentas. Y eso, a la luz de pensar en que iba a haber un ejercicio más de justicia asociado a las violaciones a derechos humanos que se habían cometido en los últimos diez años, en los que las fuerzas armadas habían tenido mucha participación. Creo que fue una de las primeras cosas que no iban en esa dirección.
La otra fue el nombramiento del fiscal general Gertz Manero —que acaba de ser removido—. Además, hubo una decisión muy rápida de generar una serie de contrarreformas para que su actuar fuera más similar a lo que habíamos visto previamente, más que generar un esquema nuevo de investigación que pudiera, por un lado, investigar las violaciones del pasado y, por el otro, estar a la altura de los retos de la realidad criminal del país en el contexto de la gobernanza.
Me atrevería a decir que un tercer tema es que por mucho tiempo se buscó que esos mecanismos o esquemas de justicia transicional tuvieran un pilar grande de cooperación internacional, o incluso de algún tipo de esquema no solamente de asistencia técnica internacional, sino, tal cual, de creación de mecanismos híbridos de justicia, y creo que en un país como el nuestro, pero sobre todo con una presidencia como la de López Obrador, tan nacionalista, difícilmente eso iba a suceder.
Lo que sí sucedió, y que creo que hay que ponerlo en el centro de la discusión para lo que puede funcionar y no puede funcionar, es que tuvimos al menos dos mecanismos ad hoc para contextos distintos. El caso de Ayotzinapa y el mecanismo de esclarecimiento histórico para los temas de los crímenes del pasado, la «guerra sucia» en particular, que se vieron justamente afectados por esos dos temas más estructurales. Y el tercero, diría que no era un mecanismo ni híbrido ni de justicia transicional, pero sí como una idea de poder robustecer la respuesta del Estado frente a la crisis de las desapariciones; los primeros años se puso a funcionar el Sistema Nacional de Búsqueda. La Comisión Nacional de Búsqueda tenía un actuar más protagónico de poder buscar y colaborar en los estados, como la creación de protocolos, la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, lo que se logró en Coahuila, que es muy importante, el Centro Regional de Identificación Humana, que esos esfuerzos venían algunos de cooperación internacional, pero otros, obviamente, de una voluntad política de decir: «vamos a abordar el tema», y al final se vieron totalmente desmantelados en los últimos años de la administración y dejaron muchos pendientes para hoy.
Revista CHRISTUS: Me gustaría que nos pudieras contar qué recuperan ustedes del caso de Ayotzinapa y del manejo que se dio.
María Luisa Aguilar: Yo creo que había muchas expectativas hace siete años. De poner en el centro a las familias de los estudiantes desaparecidos en un esquema extraordinario de investigación. Pero se creó la Comisión para el Acceso a la Justicia como un mecanismo, no de esclarecimiento histórico, como los que conocemos de la región, sino más como un mecanismo que pudiera concretar la voluntad política del presidente de decir: «Quiero encontrar la verdad en este caso», y que pudiera destrabar cualquier tipo de obstáculo político con la creación de una fiscalía autónoma que pudiera avanzar, que estuviera cercana a las familias, que tuviera además asistencia técnica internacional con el regreso del grupo interdisciplinario de expertos independientes.
(…) Y creo que muy pronto, en los primeros años, nos dimos cuenta de que había muchos esfuerzos que fueron importantes, que no hay que desestimarlos (…) se pudo identificar a dos jóvenes más. Hubo avances en las sanciones para quienes construyeron la llamada «verdad histórica» y que la construyeron con base en violaciones graves a derechos humanos, tortura, etcétera.
Ese mismo ejemplo da cuenta de cómo los temas más estructurales siempre llegan a afectar. En el momento en el que se empezó a buscar investigar a las fuerzas armadas hubo una determinación más clara de parte del presidente de decir: «Esto no va a avanzar». La fiscalía no cambió, es decir, había un fiscal muy dedicado al caso, que conocía a las familias, que conocía el caso, pero que en el momento en el que decidió dar pasos más adelante en la investigación su autonomía fue sesgada por parte del fiscal general y la institución.
Diría que los tiempos políticos nunca son los tiempos de las víctimas. Entonces, para las familias, después de dos o tres años de iniciada el gobierno de López Obrador, ellas ya llevaban casi siete u ocho años buscando verdad y justicia, y sus exigencias eran igual de duras que lo habían sido con cualquiera otra administración. Y eso no navegó bien con un proyecto político que estaba en uno de los mejores momentos de popularidad.
Revista CHRISTUS: Habrá quién aplauda la decisión de militarizar el país en un contexto como el actual, y eso también pone a las luchas en un lugar muy vulnerable. ¿A qué está dispuesto el Centro Pro para seguir sosteniendo la lucha por los derechos humanos, qué los motiva a ustedes como equipo a seguir mirando estos temas?
María Luisa Aguilar: Lo dices que es muy importante. Creo que hay cada vez más un cierre de la posibilidad de la sociedad civil para hacer nuestro trabajo, no sólo en la lógica de los riesgos que enfrentan muchos de nuestros colegas en los estados. Yo quiero ser muy clara, quienes enfrentan los riesgos mayores son quienes están en los estados, nuestros colegas. Pero también en esta lógica de lo que dices, de la imposibilidad de generar críticas más objetivas en la agenda de derechos humanos; en decir: «Oigan, el Poder Judicial era un desastre, pero la respuesta que se implementó no era la real y tiene impactos en derechos humanos». Lo de desmantelar controles esenciales como órganos garantes de derechos, como el INAI, el debilitar completamente la CNDH, tiene impactos directos en derechos humanos, y podemos dar ejemplos.
El debilitar todos esos espacios, todas esas formas de participación de la sociedad, pero también de la sociedad civil organizada, tiene un impacto en nuestro espacio cívico y en la posibilidad en la sociedad de ayudar a hacer propuestas, de ayudar a generar esquemas de avance en materia de derechos humanos, y creo que ése es otro de los grandes temas en el país.
Pienso en este momento en Keren Ordóñez, que fue privada de la libertad por casi diez años, alejada de su hija que tenía un mes de nacida. En Jovita, que también recobró su libertad a finales del año pasado. Y ellas están determinadas a reconstruir su vida, a generar cambios para sus familias. Recobrar ese tiempo que nadie les va a regresar. Pensar en el futuro y en cómo reconstruir su proyecto de vida. Y eso anima porque, además, tenemos muy claro que cuando le pones rostro a las injusticias, también ayuda a que puedas pensar en cómo hay otras mujeres que están en la misma situación y que hay que generar esquemas más amplios para poder atenderlas.
También están las familias de las personas desaparecidas. Cuando las vemos acá en nuestro en nuestro auditorio, pensando en qué van a hacer a la luz del Mundial, preguntándose: «¿Y por qué no poner el rostro de nuestros hijos, que también les gustaba el fútbol?»; que nos recuerdan que las búsquedas son lo que son y lo hacen porque el Estado no busca, pero que también, detrás de eso, hay todo un ejemplo de sororidad entre ellas, de creación de otras acciones para recordarnos quiénes eran sus hijos, sus hijas.
