Hace unas semanas, al celebrar el día en que Miguel Hidalgo lanzó el llamado «Grito de la Independencia» nos preguntamos si a los pueblos originarios habitantes de México les ha llegado también una verdadera independencia.
Cuando los habitantes del imperio mexica vieron llegar a los invasores europeos no imaginaron que con ellos llegaba la destrucción de Indias, como al poco definió la conquista fray Bartolomé de las Casas. El papa Paulo III hubo de alzar su voz con la bula Sublimis Deus para condenar la esclavitud y el que los conquistadores sometían a los indios «a tantas servidumbres que casi los tienen como burla y los convierten en su uso y lucro como si fueran animales brutos».
Pero la bula del papa no impidió que prevaleciera el trato inhumano y la guerra contra los pueblos indígenas. Juan Gines de Sepúlveda, consejero de Carlos V, afirma en su Tratado de las Justas Causas de la Guerra contra los indios que éstos «son tan inferiores a los españoles como los niños a los adultos […] y estoy por decir que de monos a hombres».
Ni Antonio de Montesinos, ni Bartolomé de las Casas, ni la admiración y defensa de las culturas y lenguas indígenas de Bernardino de Sahagún, y de jesuitas como Fernán Gómez y Juan de Tovar pudieron impedir que en 1640 la población indígena quedara reducida al veinte por ciento, a causa de epidemias y desplazamientos forzados.
La esclavitud continuó en las encomiendas. En las costas del país y en el Bajío el trabajo esclavo se amplió con la trata de miles de personas de piel negra traídas de África. Después de tres siglos de colonia española se entiende que la cuestión de la abolición de la esclavitud de indígenas y negros estuviera vinculada a los movimientos por la independencia.
Miguel Hidalgo dio el grito en la noche del 15 al 16 de septiembre para salir de Dolores, Guanajuato, encabezando un ejército que llegó hasta las puertas de la Ciudad de México en el Cerro de Las Cruces.
Hay que resaltar que el ejército del cura Miguel Hidalgo estaba formado por criollos y mestizos, pero también, y sobre todo, por gente indígena. Los levantados fueron pueblos indígenas y entre ellos particularmente los otomíes. Este pueblo otomí había sido encaminado por los españoles desde Jilotepec hoy Estado de México hasta Querétaro y luego hasta el norte de Guanajuato, junto con los náhuatl tlaxcaltecas.
Allí se encontraron con Miguel Hidalgo, un cura inquieto e ilustrado. Hablaba náhuatl y otomí. Tenía muchos amigos de estos pueblos con los que repasaba el evangelio y el pensamiento social. De allí que se piensa que Hidalgo tocó las campanas de la iglesia de Dolores y luego dio el grito de independencia en español, pero también en la lengua otomí y en náhuatl el 15 de septiembre, para que toda la gente le entendiera.
Siguiendo el estandarte de la Virgen de Guadalupe, el contingente indígena fue mayoritario para acompañar al cura Hidalgo en la batalla de Guanajuato y en su camino triunfal hasta el Monte de las Cruces, donde tomó la misteriosa decisión de no entrar en la Ciudad de México, teniendo el camino franco para hacerlo.
Miguel Hidalgo se retiró a Guadalajara encabezando el ejército insurgente. Lo siguieron también los purépechas y los cocas a su nuevo paso por Michoacán y Guanajuato. Guadalajara fue testigo de la abolición de la esclavitud, declarada por Miguel Hidalgo. «Por el presente, mando que todos los dueños de esclavos deberán darles la libertad dentro del término de diez días, so pena de muerte que se les aplicará por la infracción de este artículo. Que cese para lo sucesivo la contribución de tributos respecto de las castas que lo pagaban y toda exacción que a los indios se les exigía».
A Miguel Hidalgo lo mataron luego. Pero Morelos se levantó en el sur dos años después. Y proclamó Los Sentimientos de la Nación, en los que volvió a reconocer la independencia de los descartados en el artículo 15: «Que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales y sólo distinguirá a un americano de otro, el vicio y la virtud».
De nuevo se proclamaron libres e independientes los pueblos indígenas y los afromexicanos. Pero estos reconocimientos no cambiaron en mucho su vida cotidiana. Los pueblos indígenas fueron tratados como los últimos de la fila en las décadas que siguieron.
Todavía, cuando los franceses invadieron nuestro país para imponer a Maximiliano como emperador de México, fueron derrotados en la batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862, cincuenta años después de la declaración de la independencia. Y fueron de nuevo los indígenas náhuatl de Zacapoaxtla y del norte de puebla los que avanzaron por delante para vencer al general francés Carlos Lorencez.
Sin embargo, cuando Juárez derrotó a Maximiliano promulgó las Leyes de Reforma. La llamada Ley Lerdo de Desamortización de Fincas Rústicas afectó la propiedad colectiva de las comunidades indígenas y desapareció todos los bienes comunales de los pueblos, sean náhuatl, otomíes, tepehuas, tenek, totonacos y todos los demás. Los pueblos indígenas fueron obligados a vivir en propiedad privada, algo desconocido para la costumbre comunal indígena. Esa desaparición del sistema de bienes comunales dejó como ilegales las instituciones indígenas fundamentales que abarcan un territorio común propio: una asamblea como autoridad máxima, autoridades nombradas directamente por la asamblea y el trabajo común, faena o tequio.
Vino la revolución en 1910. Y fue emblemático el respaldo y la participación de los indígenas de la Sierra Oriental y la Huasteca, por ejemplo, para la restitución de sus tierras comunales al lado del coronel Adalberto Tejeda. Los otomíes de Texcatepec y los náhuatl de Chicontepec recuperaron sus bienes comunales. Los yaquis en Sonora no pueden ser ignorados como actores de la revolución antiporfirista en el complejo proceso desde Madero hasta Lázaro Cárdenas.
Los pueblos indígenas han participado, pues, en las tres grandes luchas por la libertad: la independencia respecto de España, la expulsión de los franceses y la revolución mexicana. La conciencia de haber sido protagonistas en estas encrucijadas de la historia crece entre los purépechas de Michoacán, los mayenses de Chiapas, los nahuas de la Huasteca y los Mixtecos y Zapotecos de Oaxaca.
Hubo de pasar un siglo y más desde la revolución, con una mentalidad de tutela y control llamada indigenismo, para que ahora los pueblos indígenas sean reconocidos en la Constitución. Porque, obviamente, la independencia respecto de España no significa todo para los pueblos indígenas, sin el derecho a la autonomía y a la libre determinación como originarios y constituyentes de la nación mexicana.
Así dice el artículo 2o de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos:
«La Nación tiene una composición pluricultural y multiétnica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas». Esta definición constitucional tiene fuertes consecuencias. Los pueblos son parte integrante, sin la cual no hay nación mexicana, ni la nación tiene origen. Porque el origen son los pueblos indígenas.
El nuevo artículo segundo añade: «Se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio». No son sujetos de «interés público», como decía la ley que escribieron Diego Fernández de Ceballos, Jesús Ortega y Manuel Bartlett en el año 2001.
Allí está la reforma de la Constitución. Con todo, la propuesta de la Ley General de Derechos de los Pueblos indígenas y Afrodescendientes, que mandó a consulta el gobierno de Claudia Sheinbaum, ha sido fuertemente cuestionada en medio de las apresuradas consultas indígenas regionales para aprobarla, porque restringe lo planteado en la Constitución. No despliega hacia la vida de los pueblos el principio fundamental de ser sujetos de derecho público con derecho originario a la autonomía y a la libre determinación. Tampoco encontramos en la Ley General cómo se vayan a armonizar todas las leyes en función del derecho de los pueblos a su territorio, a sus derechos agrarios, a la procuración de justicia, al registro civil autónomo y a su participación política, todo desde sus sistemas normativos, como lo plantea la Constitución.
Finalmente, nos preguntamos si el Estado mexicano está realmente dispuesto a romper con siglos de racismo y discriminación y de control indigenista para establecer operativamente un pacto nuevo con los pueblos originarios que encarne en ellos la Independencia Nacional que celebramos.
