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urante 2025 se darán al menos cuatro asuntos muy importantes sobre los cuales habrá que poner mucha atención: el replanteamiento de las relaciones entre México y Estados Unidos en materia migratoria y económica, las reformas constitucionales que habrá a lo largo del año en el Congreso de la Unión, el afrontamiento de la crisis de seguridad en nuestro país y el proceso de elección de jueces y magistrados.
Relaciones entre México y Estados Unidos
El martes 5 de noviembre de 2024 el candidato republicano Donald Trump ganó las elecciones presidenciales en Estados Unidos y asumió el cargo el 20 de enero de 2025. Desde la campaña presidencial y en los días previos al inicio de su mandato el magnate estadounidense hizo varios señalamientos en torno a la relación México–Estados Unidos en materia migratoria, en los intercambios económicos y en los problemas de seguridad. Estos tres asuntos revisten una importancia particular para nuestro país.
Durante la campaña electoral Donald Trump culpabilizó a los migrantes radicados en Estados Unidos de afectar su economía al ocupar puestos laborales que podrían estar en manos de las y los ciudadanos estadounidenses, además de hacerlos responsables de delitos y actos de violencia. Se utilizaron imágenes muy denigrantes para hacer estas críticas. Ya como candidato ganador del proceso electoral el republicano anunció que se reforzarían las medidas contra los migrantes, que se pondría en marcha un proceso de deportaciones masivas y que los requisitos para ingresar a aquel país serían más estrictos. Una de las dudas que se resolverán este año es hasta qué punto estos planteamientos van a avanzar y qué repercusiones habrá sobre esta política de criminalización de la migración. Esto supone dos retos para el gobierno de México: la reinserción laboral y social de las y los mexicanos deportados y las acciones que se realizarán con los migrantes centroamericanos que cruzan por nuestro país y que tendrán más dificultades para entrar en Estados Unidos.
El segundo asunto es que el presidente Trump hizo continuos amagos a México y otros países de imponer aranceles a los productos que exportan a Estados Unidos. Estos impuestos los propone por procesos y presiones económicas, pero también los quiere instrumentar para generar acciones políticas. Hasta el momento en que se escribe este texto no se han mencionado medidas concretas y específicas, pero ya hay una afectación económica directa al desincentivar la inversión privada internacional en México, sobre todo en la nueva dinámica de la relocalización de empresas. Frente al hecho de que México tuvo un crecimiento muy bajo del producto interno bruto a lo largo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) (5.5% acumulado en seis años), esto puede propiciar un escenario de recesión económica para nuestro país.
El tercer aspecto que probablemente se volverá problemático es la pretensión de Donald Trump de definir a los cárteles mexicanos como «terroristas». Antes de tomar el poder el republicano hizo afirmaciones como que en México los que realmente gobernaban son estos grupos criminales. Las implicaciones de tales dichos es que Estados Unidos se concede a sí mismo el derecho de intervenir militarmente un país cuando existe una amenaza terrorista que los afecta, por lo que estas intenciones suponen un escenario muy complicado para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Las relaciones México–Estados Unidos estarán en riesgo de entrar en tensión a lo largo de los próximos cuatro años por las agendas antes mencionadas, y hasta este momento los discursos y decisiones del presidente estadounidense dan cuenta de una exacerbación de sus posturas políticas.
Reformas constitucionales
Continuar con el llamado «Plan C» del gobierno de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) implica que a lo largo de 2025 seguiremos presenciando reformas a la Constitución. En febrero se retomará la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que fue criticada por plantear la preponderancia del sector público en las decisiones de éste. Además, a mediados del año se volverá a poner sobre la mesa la reforma político–electoral, que retoma la propuesta que hizo el expresidente López Obrador y a la que se adicionará la iniciativa de cancelar la reelección en cargos públicos (senadores, diputados y presidentes municipales). Hay que recordar que algunos de los puntos centrales de aquella iniciativa de ley contemplaban la disminución en el número de senadores, diputados y regidores, la desaparición de los institutos electorales locales que serían absorbidos por el nuevo Instituto Nacional Electoral y de Consultas, la disminución sustantiva del financiamiento público a los partidos políticos y la modificación del modelo de comunicación política, entre otros.
A la par, las 32 entidades federativas tendrán que adecuar sus legislaciones locales de acuerdo con las reformas constitucionales nacionales; algunos de estos procesos incluyen las modificaciones a sus poderes judiciales, la transformación de organismos autónomos locales y las reformas al sistema político–electoral local, sólo por citar algunos.
Aprovechando la mayoría que ahora tiene MORENA y sus aliados en el Congreso de la Unión, al menos para el periodo 2024–2027, es fundamental para estos actores políticos realizar todas las modificaciones legales posibles, que generen un andamiaje político e institucional distinto a lo que el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional constituyeron a lo largo de tres décadas. En el discurso gubernamental se propone una narrativa que implica desandar todas las transformaciones políticas del llamado periodo «neoliberal» y construir un nuevo régimen político que se autodenomina «la Cuarta Transformación» (4T). Esta narrativa y el estado de las cosas provoca que las y los simpatizantes de la 4T apoyen las reformas acríticamente y que los adversarios políticos y sociales del gobierno no acepten ningún aspecto positivo en las modificaciones legales. La polarización discursiva se mantiene y sigue consolidando que las miradas de blanco y negro de la realidad social y política se impongan y no permitan un diálogo social constructivo.
Un punto crítico en este proceso es la velocidad de aprobación de las reformas. El hecho de que las iniciativas y modificaciones a la ley se realicen casi de forma encimada y una detrás de otra, no permite un debate público para generar un mayor consenso social; tampoco ha sido posible que se analicen los alcances y los impactos de los cambios y no se ha logrado hacer un balance de conjunto de las reformas legales. La «diarrea» legislativa que estamos presenciando no genera consensos, no permite adecuaciones, no posibilita el análisis del impacto y no otorga una visión de conjunto. Los simpatizantes del régimen expresan que estamos construyendo un México más justo, igualitario y democrático, y los críticos del régimen señalan que se está gestando un estado autoritario e ineficiente. La polarización persiste.
La crisis de seguridad
Al concluir el sexenio de Andrés Manuel López Obrador el número de homicidios fue mayor al de los periodos presidenciales anteriores. Durante el mandato de Felipe Calderón Hinojosa se perpetraron 120 mil 463 asesinatos; en la gestión de Enrique Peña Nieto se consumaron 156 mil 660 homicidios dolosos, y en el sexenio que acaba de terminar hubo 199 mil 619 personas asesinadas, según datos publicados en El Financiero en octubre de 2024.
«El hecho de que las iniciativas y modificaciones a la ley se realicen casi de forma encimada y una detrás de otra, no permite un debate público para generar un mayor consenso social».
En lo referente al número de personas desaparecidas, de acuerdo con el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia en su Informe Nacional de Personas Desaparecidas 2024, a mediados de mayo de 2022 las personas en esta situación eran 100 mil; para el año 2023 aumentaron a 107 mil 327, y para el 16 de mayo de 2024 a 114 mil 069. Cinco estados aglutinan el 48% de estos casos y van en orden de incidencia: Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Nuevo León.
Como se puede observar, y a pesar de la narrativa gubernamental, es evidente que México sufre una crisis de seguridad que no sólo se ha mantenido durante dos décadas, sino que se agrava conforme pasan las administraciones federales. El combate a la delincuencia se basa en el intento de bajar las tasas de violencia de un año a otro, sin embargo, los agregados nos muestran que la incidencia de los delitos de alto impacto se ha incrementado a lo largo de tres sexenios.
La estrategia fundamental en los tres últimos sexenios ha tenido el mismo hilo conductor, un proceso gradual de militarización de la seguridad pública que no cuenta con acciones sólidas para contener las dinámicas de la economía criminal. Durante los últimos 18 años también hemos sido testigos de crisis de violencia en territorios como Michoacán, Tamaulipas, Guanajuato, Jalisco y Chihuahua, entre otros.
Al comienzo de la gestión presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo se desataron varios eventos de extrema violencia en algunos estados del país; por ejemplo, en Sinaloa se desencadenó un conflicto interno por el control del territorio entre los cárteles del “Mayo” Zambada y del “Chapo” Guzmán; en Guerrero decapitaron al presidente municipal recientemente electo, y en Chiapas hubo desplazamiento forzado de personas que se refugiaron en Guatemala.
Una de las primeras respuestas del gobierno federal a esta crisis de seguridad fue aprobar la ampliación del catálogo de delitos que son objeto de la prisión preventiva oficiosa que, de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, es claramente violatoria a los derechos humanos. A pesar de estos señalamientos, MORENA y sus aliados optaron por fortalecer esta figura que se puede definir como una acción política de corte autoritario.
«A la par, no existe una estra-tegia de pedagogía política que ayude a la población a entender qué vamos a elegir y cómo se tiene que elegir, y a ello se suma una enorme inconformidad de los actuales miembros del Poder Judicial sobre la refor-ma misma y contra el modo de operar el sis-tema de elección».
Es cierto que la nueva presidenta de México abandonó el discurso de «abrazos, no balazos» de su antecesor, sin embargo, defiende acríticamente la presencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad. Ésta es una de las agendas que revisten mayor importancia para el país y donde la ciudadanía deberá exigir resultados positivos.
Elecciones de jueces y magistrados
En el mes de junio se realizará la primera elección de jueces y magistrados en el país. El proceso enfrenta muchas controversias y dificultades para su instrumentación, ya que logísticamente hay problemas de operación en el diseño de la jornada electoral, además de procedimientos jurídicos que están impugnando la reforma al Poder Judicial, lo cual genera retrasos en la construcción de las elecciones. A la par, no existe una estrategia de pedagogía política que ayude a la población a entender qué vamos a elegir y cómo se tiene que elegir, y a ello se suma una enorme inconformidad de los actuales miembros del Poder Judicial sobre la reforma misma y contra el modo de operar el sistema de elección.
Ante la nula experiencia del país en este tipo de modelos electorales —aunque tampoco podemos encontrar experiencias en otros países para retomar mejores prácticas— y que en el desarrollo de éstos están apareciendo deficiencias en el camino, parece que se está propiciando un vacío de información sobre la elección y muy poco interés ciudadano sobre los resultados. Habrá que esperar si estos problemas persisten y si se solventarán de la mejor manera, pero al menos en el inicio del año podemos augurar que hay un alto riesgo de que la elección será desangelada y frustrante, situación que llevaría a una muy baja participación en este primer ejercicio electoral.
Durante el primer semestre del año las entidades federativas deberán aprobar sus propias reformas a los poderes judiciales locales y decidir entre adoptar reformas espejo, replicando la reforma federal tal como está, o hacer adecuaciones de acuerdo con sus contextos particulares. De inicio se antoja que los ocho estados de oposición que actualmente hay en México construyan reformas distintas a la federal. Habrá que esperar los resultados de estos procesos.
El desempeño político de la nueva presidenta
Uno de los aspectos presentes en el debate público en el comienzo de este sexenio versa sobre la influencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador y la autonomía política de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Lo primero que hay que decir es que, hasta el momento en que se escribe este texto, el tabasqueño no ha hecho ninguna aparición y tampoco ha dado ningún tipo de declaración desde que dejó el cargo. Lo segundo es que la presidenta Sheinbaum sigue considerando a López Obrador como el mejor presidente de México, pues alaba su legado en sus discursos oficiales y se asume como una continuadora del proyecto político del fundador de MORENA, lo que narrativamente se traduce como el «segundo piso de la 4T».
Lo tercero es que Luisa María Alcalde fue electa como presidenta nacional de MORENA y Andrés Manuel López Beltrán como secretario de organización, quien es el responsable de dar seguimiento a los equipos electorales de este instituto político. En estas designaciones la presidenta Claudia Sheinbaum no llevó la batuta y más bien estos cuadros son muy cercanos al expresidente.
Al interior del partido ya hubo encontronazos entre los líderes parlamentarios Ricardo Monreal Ávila, que encabeza a los diputados federales, y Adán Augusto López, que hace lo propio en la Cámara de Senadores, quienes tuvieron un fuerte conflicto a partir de las acusaciones de López sobre el uso indebido de recursos de Monreal. Esto llevó a que el gobierno federal interviniera para que el pleito no escalara; además, los senadores de MORENA decidieron ratificar a Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a disgusto de la presidenta de México, que tenía otra candidata.
Por otro lado, las llamadas «mañaneras del pueblo», que son los mensajes matutinos que hace la presidenta de México todos los días a la manera de su antecesor, de ninguna forma han tenido el impacto político que las «mañaneras» de AMLO. En el sexenio pasado el expresidente colocaba la agenda pública todos los días, pero en esta administración no se ha logrado.
Estos hechos nos llevan a plantear algunas hipótesis al respecto. La primera es que, a diferencia de López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum no tiene su poder político, esto se refleja en que no es la lideresa indiscutible de MORENA, que el poder legislativo ha tomado decisiones en contra de su voluntad y que no tiene el poder mediático de su antecesor.
«2025 será un periodo de muchas definiciones importantes y retos para el país».
Aunque la presidenta ya tomó algunas decisiones que seguramente el expresidente no avalaría, como el apoyo a la ciencia y la tecnología o algunos cambios en la política de seguridad, la forma de actuar de Claudia Sheinbaum ha generado que López Obrador se convierta en una especie de «ejemplo intocable», ya que se ha desarrollado una clara línea de continuidad en contenidos y forma de hacer política. A la par, al sexenio del presidente saliente se le trata como un periodo de gobierno inmaculado en el que todo se hizo bien y por lo tanto las actuaciones del tabasqueño están fuera de toda crítica. Aunque desde la campaña se ha esperado que la presidenta haga deslindes políticos de AMLO y críticas a su mandato, es un hecho que esto no ha pasado hasta ahora.
Estas circunstancias alimentan la narrativa de que López Obrador sigue gobernando y que Claudia Sheinbaum hace lo que se le ordena. Habrá que observar si en lo que avanza el sexenio estas dinámicas se modifican o se mantienen.
Lo anteriormente planteado nos muestra que 2025 será un periodo de muchas definiciones importantes y de retos para el país y para la presidenta de México.
Para saber más:
El Informe Nacional de Personas Desaparecidas 2024 se puede consultar en: https://bit.ly/3WJe0By
