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Esclarecer la verdad histórica del México reciente “es un mandato evangélico”: David Fernández, S.J.

El sacerdote jesuita David Fernández Dávalos está convencido de que la represión y la violencia estatal que se iniciaron hace 57 años, en el periodo mal llamado Guerra Sucia, son el germen que ha dado da vida a la violencia que se perpetra en el tiempo presente, en el que se suman más de 106 mil personas desaparecidas en todo el país.

“Si no esclarecemos lo que ocurrió, si no lo ponemos a la discusión pública, no será posible la reconciliación en este país, si es que la deseamos, pero tampoco conseguiremos la edificación de un país justo, de un país democrático. Entonces,  es un mandato, un mandato evangélico fundamental”, ha expresado tajantemente quien también es integrante de la Comisión por el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y Justicia a las Violaciones Graves a los Derechos Humanos, que comenzó sus labores en diciembre de 2021 y que busca ser un mecanismo participativo capaz de desmontar el aparato jurídico, militar e institucional que sirvió para perpetrar graves violaciones a los derechos humanos en México de 1965 a 1990.

Fernández tenía 16 años cuando en Guadalajara, su ciudad natal, surgía, en marzo de 1973, unos de los movimientos insurgentes más importantes del siglo pasado: la Liga Comunista 23 de septiembre, una organización política con estructura armada, integrada por estudiantes universitarios de distintas regiones de México y jóvenes proletarios, movidos por el espíritu revolucionario de la época.

Hacía decadas que la Guerra Fría se había instaurado en el mundo y la amenaza del comunismo se esparcía, sobre todo en los medios de comunicación mundiales, pero además en la prensa local, generando zozobra en las clases medias más conservadoras, pues  estos medios hacían ver a los miliantes comunistas como “desviados sociales, como perversos morales, como criminales”, recuerda el aún joven Fernández, antes de su ingreso al seminario.

Por toda Latinoamérica la consigna de eliminar a los enemigos políticos por medio de gobiernos militares se extendió en el continente, éstos tomaron el poder y ejercieron terror sobre algunos grupos específicos de la población.

En México la historia se contó de otra forma. Nunca hubo un proceso que abiertamente se nombrara como golpe de Estado; aunque la violencia contra la población fue legitimada como parte de una  política gubernamental, por lo que nunca hubo un proceso abierto de búsqueda de la verdad ni de la memoria y la justicia, y mucho menos de una  reconciliación.

Por el contrario,  la violencia de ese periodo histórico quedó enterrada en el silencio, lo que, a decir de Fernández, habilitó un esquema de violencia sistemática que se mantuvo impune y que en los años subsecuentes se ejerció también sobre campesinos, miembros  de otras fuerzas políticas, personas parte de las disidencias sexuales y hasta mujeres castigadas con tortura por haber abortado.

Quizá en aquellas épocas, reconoce el entrevistado, fue su investidura religiosa la que lo salvó de la represión estatal o quizá también su propia condición de clase. Sin embargo, en otros ámbitos, los efectos sociales que dejaron el Ejército y la Dirección Federal de Seguridad (dfs; la agencia de inteligencia del gobierno mexicano, dependiente de la Secretaría de Gobernación), que, de acuerdo con muchos sobrevivientes, sometieron, torturaron y desaparecieron a cientos de víctimas invisibilizadas, y hoy todavía calan en lo profundo del sentir de este país. Y es por eso, confirma nuestro entrevistado, que lograr la verdad “es clave” para resarcir la memoria de los que fueron impunemente eliminados pues “sobre su sangre se ha construido lo que actualmente es el país”.

Hemos visto la participación de jesuitas en procesos de paz tan importantes como el de Colombia, con Pacho de Roux. ¿Qué lo impulsó a usted a formar parte de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990?

Lo que hoy tenemos en el país son instituciones construidas en la época de la “guerra sucia” y de las grandes violaciones a los derechos humanos que nunca fueron depuradas, que nunca vivieron procesos de justicia transicional y que, hoy por hoy, nos traen como resultado la presencia de la desaparición de personas, de la tortura, de la crueldad, como estrategia de combate entre los distintos grupos que se discuten el territorio nacional, sean oficiales o sean delincuenciales o la mezcla de las dos cosas. Allá en el pasado está el origen de lo que hoy hay aquí, y entonces desmontarlo implica esclarecer el pasado y remediarlo.

De experiencias pasadas surgieron organismos como, por ejemplo,  la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) creada en el sexenio de Vicente Fox, cuya función quedó trunca; las familias de personas víctimas de la represión estatal se declararon muy decepcionadas. ¿Qué debemos de esperar de la Comisión en ese sentido? ¿Qué diferencia ofrece esta comisión frente a experiencias pasadas?

El intento más importante en el pasado fue la Femospp, creada por Vicente Fox, recién llegado a la presidencia, por una deuda que tenía con estos colectivos que aún siguen peleando. Pienso que a la hora de la hora a Vicente Fox, el presidente entonces, le tembló la mano y no quiso llevar a buen término lo que había iniciado. Sin embargo dejaron investigaciones importantes de las cuales nosotros estamos partiendo.

(…) Entonces lo distinto es que estamos partiendo sobre algo que ya se trabajó. Por supuesto que estamos yendo a otros lugares donde nadie ha ido, por ejemplo, los archivos militares o a las instalaciones militares, pero lo distinto es que hay un trabajo acumulado.

Segundo: hay condiciones políticas propicias para tener una investigación a fondo y señalar culpables o perpetradores de las violaciones graves a los derechos humanos, probablemente porque el régimen actual se siente en ruptura con los regímenes anteriores.

Y tercero, que la distancia de aquellos años, ahora ya 60 años de algunos de los hechos, permite una mayor serenidad en nuestro diálogo, por ejemplo, con las fuerzas armadas.

Nos queda claro que los militares de hoy tienen la conciencia de que ya no son aquella institución y entonces dicen: ‘Está bien si quieren averiguar, no fuimos nosotros’. Luego habrá que esclarecer, jurídicamente y políticamente, este hecho (…) Pero creo que esto posibilita que este esfuerzo tenga un mayor éxito.

Y una última cosa, que no es menor: nuestra Comisión es fruto del acuerdo entre los colectivos de familiares víctimas y sobrevivientes de la desaparición y la tortura de los años de la “guerra sucia” con la Secretaría de Gobernación y con Naciones Unidas, es decir, estamos trabajando estrechamente con los colectivos involucrados directamente y esto dota de una mayor fortaleza y de una posibilidad de autonomía que en otros momentos no tuvo la Femospp ni ningún otro intento.

David Fernández y otros activistas en la presentación del Memorial Colectivo llamado “Tlaxcoaque: Sitio de Memoria”, con motivo de 53 aniversario de la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Foto: Daniel Carreño/Obturador MX

¿Cómo se estructura el trabajo de la Comisión y cuál es el encargo específico de usted?

La Comisión tiene cinco “patitas”. La primera de ellas es el mecanismo de esclarecimiento histórico al que pertenezco. Somos cinco personas ciudadanas, hombres y mujeres, académicas, defensoras de derechos humanos que tenemos como tarea esclarecer qué fue lo que ocurrió, dialogar con la sociedad para construir juntas, juntos, un relato que no, no es el relato hegemónico sobre lo que aconteció en aquellos años. Nos toca investigar los 25 años del periodo de nuestro mandato y ver cuáles fueron las dinámicas, por qué ocurrió darle una explicación y luego emitir algunas recomendaciones de qué hacer para que esto no vuelva a ocurrir.

El segundo mecanismo es el de impulso a la justicia. Este comité también está constituido por tres juristas muy importantes que van a tratar de llevar a la justicia a quienes perpetraron las graves violaciones a los derechos humanos, sea de averiguaciones ya previas que están dormidas reactivándolas, o sea, iniciando nuevas averiguaciones.

El tercer mecanismo es el de búsqueda. De aquellos años tenemos por lo menos 800 personas desaparecidas, nada que ver con las 106 mil que tenemos ahora, pero allá es el huevo de la serpiente, allí empezó. Esclarecer lo que ocurrió, dar con el paradero de estas personas es lo que corresponde al mecanismo de búsqueda. Este mecanismo está llevado por la Comisión Nacional de Búsqueda (cnb) que tiene una oficina para desaparecidos de larga data.

El cuarto mecanismo es el de reparación del daño, se supone que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (ceav) presentará un plan nacional de reparación del daño de personas víctimas de este periodo (año 1965 a 1990) para reparación de carácter político–moral y reparación económica también, a lo que tienen derecho según la Ley Nacional de víctimas.

Y, por último, hay un comité de memoria, cuyo encargo principal es elaborar una ley de memoria para hacer que se recuerden estos hechos y evitar que vuelvan a repetirse. Este comité de memoria también tiene como encargo el generar una red de sitios de memoria físicos, de monumentos, de memoriales (…).

También tendría el mandato de incorporar la narrativa que nosotros elaboremos en los libros de texto en la historia oficial y que esto que ha sido silenciado, que ha sido ocultado, se ponga a la luz pública y nos sirva para reflexionar y que no vuelva a ocurrir algo semejante en nuestro país.

El inicio de los trabajos de la Comisión quedó marcado por las declaraciones del propio presidente Andrés Manuel López Obrador y del general Luis Crescencio Sandoval en el sentido de integrar como víctimas a los oficiales y personal del ejército que sufrieron daños y bajas en esa época. ¿Qué opinión le merece eso? Nos recuerda mucho a la teoría de los dos demonios, que tanto ha complejizado el proceso de verdad histórica en naciones como Argentina.

(…) Personalmente, me parece que [las declaraciones] fueron un agravio a los sobrevivientes, a las víctimas, porque no se puede equiparar, en mi opinión personalísima, lo que ocurrió con militares que cumplían órdenes de aniquilar a colectivos humanos con que lo que ocurrió con aquellas personas que fueron borradas de la faz de la tierra o arrojadas al mar atadas con alambre de púas o que fueron dejadas a morir de hambre amarradas a un poste en las comunidades de Guerrero.

Entonces, sí, por supuesto que entendemos que no es aplicable la teoría de los dos demonios; que no es aplicable también la tesis que el presidente ha anunciado varias veces, de que los militares cumplían las órdenes de los civiles porque esto, en el derecho internacional, no se puede argüir, porque nadie está obligado a cumplir órdenes que violen los derechos humanos y también por el enorme margen de autonomía que tenían las Fuerzas Armadas, que actuaban prácticamente por sí mismas, al margen de las autoridades civiles en su momento.

Una de las líneas de trabajo de esta Comisión es la de acercarse a los perpetradores. ¿Por qué es importante hacerlo? ¿Cómo lo están planteando?

Debo decir que no sabemos si se va a lograr o no, pero me parece que tenemos que escuchar las distintas voces que tengan interés en manifestar su punto de vista y al mismo tiempo necesitamos información que sólo tienen los perpetradores y que ellos nos pueden dar.

Entonces, que puedan entender que lo que puedan decirnos no tiene repercusiones jurídicas. Eso les puede dar mayor libertad para decirnos qué pasó con los desaparecidos, como procedían en su momento para deshacerse de ellos y ellas y que argumenten lo que tengan que argumentar, si obedecían a tal o cual mando, etcétera.

Me ha tocado escuchar que hay un distanciamiento a nivel de víctimas entre lo que pasó en épocas pasadas y lo que pasa hoy… ¿Cómo hacer posible que esa narrativa permita no romper con los procesos del presente?

Dos cosas: por supuesto que hay un cambio del tipo de violencia; aquella era una violencia represiva para aniquilar las disidencias político–militares o políticas. Ahora lo que prevalece es la criminalidad organizada.

Lo que estamos diciendo es que los perpetradores o los agentes de la violencia del Estado, que entonces reprimían para la seguridad del Estado, también administraban el crimen y disciplinaban otras disidencias. Que es lo mismo que hoy hacen las Fuerzas Armadas y fuerzas policíacas y el aparato de justicia: dan seguridad al Estado, pero también administran el crimen, el narcotráfico y también disciplinan otro tipo de disidencias. Esa sería la primera respuesta.

Segunda respuesta, y es muy importante: nuestra comisión no es para investigar la “guerra sucia” solamente, sino para investigar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre el año 65 y el 90; entonces, la categoría de víctimas o personas que fueron afectadas en su dignidad, en su integridad, se amplía muchísimo.

No sólo fueron los militantes político–militares, también fueron las disidencias partidarias; también fueron los campesinos víctimas de las políticas modernizadoras del campo, por ejemplo en la Huasteca, tenemos como 400 asesinatos solamente en Hidalgo y estamos investigando. También tenemos las disidencias partidarias del movimiento de Nava en San Luis Potosí o el naciente Partido de la Revolución Democrática (prd) que tuvo cerca de 600 asesinatos de sus militantes. También hay que investigar disidencias sexo–genéricas, por ejemplo, de los centros de detención aquí en la Ciudad de México, a los que llevaban a torturar a personas de la diversidad sexual para castigarlas, porque eso legitimaba a las fuerzas represivas. O se llevaban a las mujeres que abortaban, a las enfermeras que ayudaron a las mujeres a abortar y también las torturaban.

Los estragos de la violencia han tocado a la comunidad jesuita en más de una ocasión, pero los hechos de Cerocahui, de junio pasado, han sido definitivos con respecto a la postura que la Compañía de Jesús en México ha tomado sobre la política de militarización del país. ¿Qué nos puede decir al respecto, pensando que ese mismo ejército es el que la Comisión, a la que usted pertenece, va a escrutar? ¿Cómo vislumbrar un proceso de paz en esas condiciones?

[La militarización] es absolutamente indefendible, es reprobable, es una herencia que nos va a costar 25 años o 30 poder desmantelar, si nos va bien. Es un error estratégico el que está cometiendo la actual administración al ceder tanto al Ejército. Entonces, sí, indudablemente esto de la Guardia Nacional adscrita la Secretaría de la Defensa es una traición a todo lo que lo que postularon ellos mismos en otro momento.

En otro tiempo hacíamos fila, con muchos de ellos que ahora están en el gobierno, y luchábamos contra la militarización y contra la tentación de la autoritarismo y todas esas cosas, y hoy han cambiado de bandera. No juzgo las razones, pero están profundamente equivocados y esto es claramente demostrable con evidencia, que la participación del Ejército en las tareas de seguridad ciudadana no ha hecho sino agravar la situación de la seguridad ciudadana y ceder espacios del país al crimen organizado; precisamente porque la frontera entre unos y otros no es clara.

Por último, pensando en clave sinodal: ¿cómo la comisión para la verdad es también un reflejo de esa Iglesia en camino? ¿Qué de esa estructura ciudadana es también reflejo de la aspiración a la que el Papa Francisco convocó en los últimos años?

Apunto un par de cosas. Primero: el aserto bíblico que dice “la verdad nos hará libres” es clave. No podemos construir nada que sea verdadero cierto, firme, eficaz si no lo asentamos en la verdad de la realidad.

También el que se haga justicia a quienes lloran a los migrantes desaparecidos, a las viudas, a los niños y niñas, a los torturados, a los presos, es también un signo de la misericordia a la que está llamada la Iglesia y es primicia de la sociedad que queremos construir.

Entonces, es hacer las obras del reino y no sólo ser imagen del reino, que también es una tarea de la Iglesia, como lo son las obras de misericordia; vestir al que está desnudo; hacer justicia al que ha sido injustamente tratado; acoger a la viuda y al huérfano; todos estos son deberes de misericordia que la Iglesia debe hacer.

Una tercera cosa. El Papa nos ha llamado constantemente a plantear relaciones correctas entre los seres humanos, es decir, él habla del amor que obra a la distancia, que es el amor político, el que construye estructuras justas, construye modos de producir, de consumir, de distribuir de otra manera. Entonces, esta relación correcta entre las personas y con las cosas y con la naturaleza pasa por la reconstrucción de vínculos, la reconciliación de las personas, el perdón de aquellos que lo soliciten y como donación gratuita no obligada ni impuesta. Todo esto me parece que está en las entrañas del Evangelio, sin duda, y es entonces una responsabilidad eclesial de todos y todas, hombres y mujeres , dignatarios eclesiásticos y pueblo común, laico y laicas.


Fotos cortesía ObturadorMX vía adóndevanlosdesaparecidos.org

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