Nilda Meyatzin Velasco Santiago
Soy la coordinadora del área de educación del Centro de Derechos humanos Miguel Agustín Pro (Prodh). Gracias a mi trabajo y a los pueblos indígenas y campesinos de nuestro país he aprendido a querer otras tierras, otros territorios, sobre todo, he aprendido lo que significa protegerlos, preservarlos ante el despojo que buscan empresarios y gobiernos para llevar a cabo proyectos mineros, de hidrocarburos, infraestructura, monocultivos, entre otros. De ese camino lleno dificultades, pero también de dignidad por defender, es de lo que quiero platicarles hoy.
Quisiera iniciar contándoles la historia de un amigo que junto con su comunidad se enfrentó, como tantos otros, a los grandes poderes por defender la tierra y territorio. Cada quince días él llegaba a la oficina del Centro Prodh con sus productos para vender: granola, palanquetas, galletas y panes de amaranto, quesos, miel, todo producidos por él y su familia. Su piel, su caminar, su hablar, su sonrisa, un sombrero de palma, eran de una persona sencilla, una persona de campo. Venía de Morelos, de la comunidad de Huexca, un lugar que en México se volvió famoso, pero de la mala manera, por la instalación de una termoeléctrica.
Un día de marzo de 2019, nos saludamos, nos sentamos en la recepción, pero hubo mucho silencio para una amistad que normalmente está llena de alegría y risas: el 20 de febrero de 2019 en Amilcingo, Morelos, habían asesinado a Samir Flores.1
Había asesinado a su amigo, a su compañero, por defender el agua y su comunidad. Me comenzó a relatar cómo habían pasado las cosas, del funeral y del acompañamiento de todos los vecinos a la familia de Samir, siempre mirándose sus manos, grandes y que, como decía mi abuela, son manos que de lejos se ve que son de gente que trabaja. Después de un silencio muy largo lanzó la frase que resumió las preguntas que todas y todos nos hacemos «¿Por qué siempre somos los pobres, los que alzamos la voz quienes ponemos la sangre?». Ese día, él y yo lloramos juntos, de indignación y de tristeza, por su amigo, por no tener respuestas. Al final nos abrazamos y aunque el dolor era grande, ambos nos dijimos: «… pero aquí seguimos».
Seguir en la defensa de la casa común, del medio ambiente, los bienes naturales y el territorio no es fácil. Presento a continuación algunos datos, que aunque son antiguos, nos pueden ayudar a ampliar la perspectiva sobre la situación sobre la defensa del medio ambiente. De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) en su Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales (México, 2019), de enero a diciembre de 2019 se registraron 39 ataques a personas defensoras de los derechos ambientales, de las cuales se cuentan 15 asesinadas.
La situación en América Latina no es diferente, la región ocupa uno de los primeros lugares en el asesinato de aquellos que han defendido nuestra Casa Común. La organización Global Witness documentó que en el periodo entre enero y diciembre de 2019, la situación de asesinatos, desapariciones forzadas, así como de amenazas no letales, considerando dentro de este rubro a la criminalización de la labor de los defensores del medio ambiente, ha aumentado de manera considerable. Según datos de esta misma organización, Colombia ocupó en 2019, el primer lugar a nivel mundial, con 64 personas y en ese mismo año, México se ubicó en el cuarto, con 18 casos.
Más allá de los asesinatos, si ampliamos nuestra mirada a las amenazas no letales, podremos ver que la criminalización —aquella que se puede entender como el hacer uso de los marcos legales para detener o menguar la labor que realizan los defensores del medio ambiente—, se podrá ver que éstos enfrentan una especial vulnerabilidad, sobre todo si pertenecen a algún pueblo indígena o campesino.
Desde el Centro Prodh hemos tenido el privilegio de acompañar el camino de muchas personas valientes, quienes han enfrentado procesos de criminalización por su labor, entre ellos podemos mencionar a José Ramón Aniceto, presidente auxiliar y a Pascual Agustín Cruz, juez de paz en la comunidad de Atla, en el municipio de Pahuatlán, en Puebla. Ambos campesinos e indígenas náhuatl, lucharon, a través de sus cargos comunitarios, por el acceso gratuito del vital líquido para toda su comunidad. Esta labor generó la molestia de los grupos caciquiles de la región, quienes les acusaron del robo de un automóvil, un delito que no cometieron y por el que fueron detenidos en enero de 2010 y sentenciados posteriormente a seis años de prisión.
Un aspecto importante sobre este caso es que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó en noviembre de 2012 la liberación inmediata de ambos defensores, quienes fueron acompañados por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, de la Ibero Puebla y por Amnistía Internacional, que en 2012 los nombró presos de conciencia.
Qué decir de don Ildefonso Zamora, indígena tlahuica, que de la mano de su familia y su comunidad San Juan Atzingo (Ocuilán de Arteaga, Estado de México), dedicó su vida a la defensa de la tala ilegal del Gran Bosque de Agua. El 15 de mayo del 2007, sus hijos Aldo y Misael Zamora fueron atacados por los talamontes mientras se dirigían Ocuilán. En el ataque Misael resultó herido en un pulmón y Aldo desgraciadamente perdió la vida. A pesar del dolor que esto significó para Ildefonso y su la familia, no dejaron de defender sus bosques, aunque desafortunadamente ocho años después, en 2015, fue detenido por policías, quienes no le mostraron la orden de aprehensión que existía en su contra. El 15 de agosto de 2016, el Poder Judicial de la Federación reconoció que en el proceso penal seguido en su contra violó su derecho humano a la presunción de inocencia al no existir pruebas en su contra.
Finalmente, debemos mencionar a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, mejor conocidos como los «campesinos ecologistas», quienes junto con su Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), lograron que una empresa estadounidense responsable por la tala excesiva e irregular de los bosques de la Costa Grande se retirara de su territorio. En 1999, dentro del contexto de un operativo militar supuestamente contra el narcotráfico en Guerrero, Rodolfo y Teodoro fueron detenidos arbitrariamente y torturados por elementos del ejército. Fueron además obligados a firmar declaraciones auto inculpatorias y condenados a prisión por delitos que no habían cometido: portación de armas prohibidas y cultivo de marihuana. Por razones humanitarias (de salud), ambos activistas fueron liberados en 2001 por instrucciones del entonces presidente Vicente Fox. En 2001, su caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que después de analizar el fondo del asunto, declaró la responsabilidad internacional del Estado por violar los derechos humanos de estos los campesinos.
Con estos ejemplos de dignidad no hablamos solamente de la defensa de los bienes naturales, sino de una visión-relación específica con la Casa Común y todo lo que en ella habita. Estos ejemplos nos hablan de dignidad y libertad por construir y cuidar lo que da vida para todas y todos. Sin duda, afirmando lo que mi amigo el campesino de Morelos y yo nos dijimos cuando mataron a Samir: “aquí seguimos”, representa mucho, sí, aquí seguimos con esos hombres y mujeres que todos los días defienden la vida.
Termino con dos preguntas finales, si cierran los ojos ¿qué es lo que a ustedes les gustaría seguir recordando? ¿qué les gustaría seguir cuidando?
1. Samir Flores fue integrante del Proyecto Integral Morelos (PIM), y uno de los principales opositores al proyecto de la termoeléctrica en Huexca. Este proyecto, según una entrevista hecha a Samir, él declaró que «no tenía permisos de construcción, de uso de suelo, para la descarga de agua residuales, es más, no tenía el permiso de la comunidad, y se pasaron por alto muchas cuestiones».
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