¿Es necesaria una reforma judicial en México?

SÍ, por favor y con mayúsculas, porque de ese tamaño es la demanda de justicia en este país, el gran y legítimo reclamo de la población. Y no me refiero a ciertas clases sociales sino a toda la sociedad en su conjunto. Eso es indudable y hace indispensable la reforma, porque pone en realce una de las más añejas aspiraciones que tiene nuestra sociedad: el acceso a la justicia, que es una obligación que el Estado mexicano ha postergado, porque sus tiempos políticos, y la falta de coordinación, lo han impedido.

Me atrevo a escribir las siguientes reflexiones a la luz de una coyuntura política que atraviesa lo más profundo de mi persona. Hace 52 años decidí ser abogada, formo parte de las primeras mujeres egresadas de la carrera de derecho de la Universidad de Guadalajara en el año de 1976, y desde entonces he dedicado mi vida al derecho; desde hace 45 años, y desde distintas áreas, he sido parte del sistema judicial mexicano. En los últimos 22 años me he desempeñado como jueza y magistrada federal. En estos últimos días muchas personas me preguntan: ¿qué opinas de la reforma judicial? Espero con este pequeño análisis dar cuenta de lo que significa en términos reales.

Partiendo de que es necesaria la reforma la pregunta es: ¿cómo se puede hacer una reforma que respete el diseño constitucional? Que respete los límites entre los tres poderes del Estado, y donde el Poder Judicial cumpla con el objetivo por el cual fue creado: «administrar justicia pronta, completa, expedita e imparcial», cualidades necesarias a las que se suman la gratuidad y la calidad en el servicio. Así lo contiene el artículo 17 constitucional. Sin embargo, como se sostiene en los trabajos de la «Consulta Nacional para la Reforma Integral y Coherente del Sistema Nacional de Impartición de Justicia en el Estado Mexicano» (¡vaya título! los abogados no nos distinguimos por ser muy concretos en nuestras expresiones), en esa consulta, realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el año de 2006, se reafirmó la importancia de reconocer que «el sistema de impartición de justicia conforma un todo, y en donde las mejoras de una de sus partes no significa la mejora en su conjunto».

Esa sería una primera crítica a la propuesta de reforma actual, y que devela lo raquítica y falible que es, porque pretende modificar sólo una parte —si bien importante pero no absoluta— del complejo sistema de justicia mexicano, y con el que, busca, como acto de magia, resolver todos los problemas de administración de justicia.

Piénsese la forma en cómo nace, en el día a día, un problema jurídico: por ejemplo, en el hogar, cuando los cónyuges no cumplen con sus obligaciones o se agreden física o económicamente, incumpliendo obligaciones alimentarias o de convivencia y guarda de los propios hijos. O cuando se celebra un contrato que, por sencillo que sea, como un arrendamiento o una compraventa, una de las partes lo incumple. O como cuando se obtiene un crédito y en la demanda de pago se cobran intereses imposibles de cubrir que vuelven impagable el contrato. O un caso de agresión, robo u homicidio en el que se comete un delito. O una situación en que la autoridad hacendaria cobra un crédito fiscal desmesurado con multas y actualizaciones que ponen en riesgo el patrimonio de la propia empresa, o el caso de un trabajador que sufre un accidente de trabajo, por el que debe responder su patrón, pero también el IMSS, y queda en desamparo. O es despedido sin la indemnización que le corresponde.

Todos estos múltiples problemas, y de variada naturaleza, comparten una misma característica: de inicio se acude a la autoridad ordinaria a demandar la solución a su problema. Se acude al juez local, a la fiscalía, a la instancia administrativa correspondiente y, si no se resuelve su conflicto, entonces la persona tramita un juicio de amparo, ante juzgados federales, en el que precisamente se acusa a esas autoridades locales por la actuación realizada que se estima que violentó sus derechos.

¿A qué voy con esta brevísima y sencilla explicación? Lo que busco es dar a entender lo que significa «impartir justicia», que no es otra cosa que resolver conflictos; los conflictos propios de las relaciones humanas, de las que nadie está exento, por lo que si lo que se busca con «Reforma Judicial»  es mejorar ese sistema de justicia, considero necesario sumar a todos sus actores: policías, fiscales, abogados, académicos, profesores, investigadores, periodistas, líderes de opinión, jueces de todas las materias e instancias, desde luego incluido todo el personal de los poderes judiciales estatales y los del Poder Judicial de la Federación; en suma, a la sociedad en su conjunto. Y no solamente a las voces de algunos que participaron en foros especializados en la materia —que, por cierto, resultaron en un verdadero simulacro—, porque el problema nos involucra a todas y todos. Y en donde habría que poner en el centro de la reflexión un único interés, una única misión en común: que se cumpla con el postulado de que la justicia debe ser «pronta, expedita, imparcial y de calidad».

Desde luego, esto no podrá hacerse, al menos no con buenos resultados, si no parte de un diagnóstico real sobre la situación del sistema judicial en su conjunto; un diagnóstico que sea serio, adecuado y documentado. México es un país enorme y cada región presenta retos específicos para la administración de justicia, por lo que una intervención debe partir del todo y dar espacio a sus especificidades, algo que pasa por alto la pretendida reforma.

A un usuario del servicio judicial no le importa si quien resuelve es un juez de barandilla o un juez constitucional, lo que demanda es que su problema sea resuelto. Los jueces estamos para eso, para resolver conflictos, no para crearlos.

En un análisis realizado por el Centro de Estudios Constitucionales de la SCJN de la reforma presentada por el ejecutivo el 5 de febrero de 2024, se conoce que los poderes judiciales locales se componen por 5 mil 315 órganos jurisdiccionales y administrativos de todo el país, que requieren el trabajo de 73 mil personas servidoras públicas, divididas en primera y segunda instancia y órganos de ejecución de sentencias, así como órganos administrativos. Por su parte, el Poder Judicial de la Federación, salvo la SCJN y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se compone de 932 órganos que requieren 1 mil 580 titulares (jueces, juezas, magistrados y magistradas).

Pero el problema de la justicia no comienza y concluye con la forma de nombrar a las personas que ocuparán esos cargos, sino en el perfil y las cualidades que deben reunirse para cumplir precisamente con esa expectativa constitucional, hasta el momento incumplida —o en el mejor de los casos, realizada de manera parcial— que es que el ciudadano de a pie resuelva para bien sus controversias.

A un usuario del servicio judicial no le importa si quien resuelve es un juez de barandilla o un juez constitucional, lo que demanda es que su problema sea resuelto. Los jueces estamos para eso, para resolver conflictos, no para crearlos.

El tema, como se ve, no es de actualidad. Lo que sí es actual es el mecanismo con el que se pretende enfrentar tamaño desafío, a partir de una visión sesgada, contaminada, generalizada y politizada sobre la justicia, y con un discurso ramplón que generaliza el todo con la parte y que juega de forma desleal, haciendo un uso maniqueo de que el fondo de todo es «la corrupción».

Vaya ¡descubrieron el hilo negro del Estado mexicano! a partir de una de sus partes. Pero la visión sigue siendo parcializada, por que se pretende que el Poder Judicial Federal pague la factura de un Estado colapsado por su ineficiencia, al menos en el tramo de la justicia —que, por cierto no son de sus dominios— porque el Estado mexicano se configura por tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que siempre fue el patito feo —y sigue siéndolo.

En defensa de la carrera judicial

Haciendo un poco de historia de cómo ha evolucionado el sistema de nombramientos al interior del Poder Judicial Federal, baste recordar que antes de la «Corte Zedillo» de 1994, los jueces y las juezas —pocas en esos tiempos—,  así como los magistrados y magistradas, eran nombradas de manera directa por los ministros de la SCJN. Eran elegidos por un riguroso turno de espacios vacantes. En esa forma de nominación se aseguraba que la persona propuesta tuviera notoria honorabilidad —como la que presume el ahora ejecutivo—, que las personas que ocuparan el cargo fueran juristas competentes, que su trabajo lo avalara. Sin embargo, había un enorme inconveniente en ese método: si no se tenía la oportunidad de ser convocado al servicio en el alto tribunal, las posibilidades de ser titular eran prácticamente nulas, propiciando que esos espacios fueran ocupados por el neportismo, el amiguismo o el compadrazgo.

La reforma judicial de 1994 enfrentó esa problemática y abrió la puerta a la alta especialización de jueces y magistrados, buscando la calidad profesional de los titulares. La forma de ingreso al Poder Judicial de la Federación partió entonces de la realización de dificultados exámenes de oposición, el primero realizado en el año de 1996, en el que tuve la oportunidad de participar —fue una experiencia inolvidable—. Desde entonces esos exámenes de oposición se integran en tres partes:

• Un examen de conocimientos generales de la ciencia jurídica, con reactivos en todas las materias —ahora en algunos casos ya se hacen especializados por materia, como sucedió con la implementación a las reformas el sistema penal acusatorio, o el más reciente del sistema laboral.

• La segunda fase implica la resolución jurídica de un problema en particular de alta complejidad, por novedoso, a resolver en un tiempo brevísimo de cinco horas. La experiencia, créanme, es electrizante.

• La última parte del método de elección consiste en un examen oral sinodal, a manera de examen profesional —tipo Coneval—, en el que tres expertos te interrogan, a partir de problemas jurídicos específicos, a los que debes responder en un tiempo récord. El sínodo, además de calificar las respuestas si son o no acertadas, observa tus reacciones, tu comportamiento, la forma en cómo enfrentas un problema, porque ese será el día a día del trabajo al frente del órgano jurisdiccional, si es que tienes la suerte de resultar elegido de un enorme universo de participantes.

En mi experiencia, antes de ser jueza, cursé una especialidad en administración de juzgados de distrito, con duración de seis meses; en el concurso para ingresar a la especialidad participamos 1,600 personas y sólo 61 fuimos elegidos.

Retomando la idea, el sistema de calificación del perfil profesional se concatena además por factores que evalúan el propio desempeño, a partir de la información que obra en tu expediente personal, la antigüedad, la especialidad que tienes en las materias del derecho, los estudios realizados, si se tienen o no notas desfavorables en procedimientos de responsabilidad en alguno de los puestos asumidos, así como los resultados obtenidos, con las analogías necesarias en caso de concursos de oposición abiertos.

Todo esto para decir, según las modificaciones al artículo 97 constitucional, que cambian el método de elección; la propuesta de selección establece que se debe contar con los siguientes requisitos al día de la elección.

• Contar con título de licenciado en Derecho legalmente expedido y haber obtenido un promedio general de calificación mínimo de 8.0 o su equivalente y de 9.0 o equivalente en las materias relacionadas al cargo que se postula en la licenciatura, maestría o doctorado. Para los magistrados y magistradas, además contar con práctica profesional de al menos tres años, en un área afín a su candidatura.

• No hay requisitos de edad, por lo que un abogado con experiencia entra en la misma categoría de selección que un joven recién egresado.

Ahí está la clave del problema, el mayor reto, el desafío que presenta esta propuesta delirante.

¿Una persona sólo con un título probado en Derecho y promedio de 8 podrá aspirar a la alta dignidad de ser juez, sin la mínima experiencia? ¿Cómo, sin demostrada calidad profesional, podrá de manera pronta, completa, imparcial y gratuita resolver los problemas de la falta de justicia que tanto nos aquejan?

Eso sin contar con esa trampa perversa que esconde la propuesta de reforma de que, quienes nos propusimos como proyecto de vida seguir la carrera judicial tendremos «pase automático» para integrar las listas que los votantes tendrán el día de la elección. Esto se combina con una campaña constante de denostación, en la que se nos acusa de corruptos a aquellos que ya ostentamos el cargo. ¿Cómo podría alguien, en su sano juicio, elegir a un juez que ya ha sido condenado como corrupto, día tras día, desde la más alta tribuna?

Se requiere no solamente una reforma al Poder Judicial sino al sistema de impartición de justicia, con la participación efectiva —¡basta de simulaciones!— de la ciudadanía. Una reforma con base en el diagnóstico de lo que ya tenemos y que nos permita definir cómo se puede mejorar y no tirar lo que ya funciona; sin desaprovechar todos los recursos humanos y materiales empleados en formar un cuerpo profesional de juzgadores, que el mismo Estado ya formó y en los que invirtió los recursos que el pueblo pagó mediante sus impuestos.

Se necesita valorar las fortalezas del sistema, cambiar lo que no funciona, mejorarlo, hacerlo compatible con las necesidades de la población a la que tanto se apela de su protección. Una reforma con visión de Estado, no una reforma «politiquera», como bien dice el presidente.

La historia lo juzgará.

Imagen de portada: Depositphotos.