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a mayoría calificada que obtuvo Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) y sus aliados en las elecciones federales de 2024 provocaron que este partido realizara reformas a la Constitución que tienen fuertes implicaciones en la vida pública del país y que todavía no alcanzamos a dimensionar de forma adecuada en sus consecuencias. En esta entrega analizaré cuatro reformas que tendrán repercusiones significativas: la reforma en torno a los pueblos indígenas, las reformas contra el nepotismo y la no reelección, y las reformas para atender la crisis de personas desaparecidas en México.
Reforma indígena
El 30 de septiembre de 2024 el Congreso de la Unión reformó el artículo segundo de la Constitución, en el que se modifica el estatuto legal de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, que pasaron de ser objeto de derecho a sujeto de derecho. La Cámara de Diputados lo resume de la siguiente manera:
Incorpora el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas, incluyendo a los pueblos y comunidades afromexicanas, como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como su identidad cultural, con especial atención en el reconocimiento de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas y afromexicanos.
Además, garantiza el derecho a decidir conforme a sus sistemas normativos a sus representantes y sus formas internas de gobierno, de acuerdo con la Constitución y las leyes aplicables, y con excepción de no limitar los derechos político–electorales.
La reforma implica también la posibilidad de construir los sistemas educativos de acuerdo con sus métodos de enseñanza–aprendizaje, la preservación de la lengua, los sistemas nutricionales y medicinales, el reconocimiento al trabajo comunitario y al acceso y cuidado de los lugares sagrados.
Otro de los asuntos claves en esta reforma es la incorporación del derecho a la consulta respecto a los llamados «megaproyectos» que puedan afectar su vida, su cultura, el entorno en donde viven o las actividades económicas que desarrollan. Así, se reconoce su capacidad de deliberación colectiva y su derecho a participar plenamente en las decisiones que transforman su modo de vida.
A partir de la fecha de publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación el Congreso de la Unión tiene que hacer las leyes reglamentarias que deberían estar listas para el 31 de marzo de 2025. En esta legislación se verán con mayor claridad sus alcances y limitaciones.
Los especialistas en la materia, algunos pueblos y comunidades indígenas y organizaciones civiles cercanas a sus luchas, criticaron la reforma porque no incluyó un asunto decisivo que se exige desde los acuerdos de San Andrés Larráinzar firmados entre el gobierno de México y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 16 de febrero de 1996: el derecho al territorio y los recursos naturales por parte de los pueblos indígenas. Esta demanda fue fuente de conflicto por décadas y resulta contradictorio que convertirse en sujeto político no incluya la libre determinación traducida en el control de su territorio. La reforma indígena entonces se quedó a medio camino, ya que sí reconoce la personalidad jurídica de los pueblos y las comunidades indígenas, otorga mecanismos de preservación de su cultura, pero no concede el control pleno de su territorio.
Habrá que analizar la traducción de la reforma constitucional en las leyes reglamentarias, pero el mensaje de la Cuarta Transformación (4T) no es halagador, ya que luego de 30 años del levantamiento zapatista que visibilizó la situación de los pueblos indígenas, el gobierno de México ha sido incapaz de responder plenamente a las exigencias y demandas de estas comunidades, que ahora también viven la presión y el hostigamiento en muchos de los territorios donde están asentados de los grupos de la delincuencia organizada.
Reformas contra el nepotismo y la reelección
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó a principios de 2025, primero ante la Cámara de Senadores y luego en la Cámara de Diputados, dos iniciativas de ley: la primera tenía como propósito prohibir el nepotismo en los cargos de elección popular; la segunda para cancelar la reelección de senadores, diputados federales, diputados locales y de presidentes municipales. De acuerdo con las iniciativas presentadas por la titular del Poder Ejecutivo federal, la reforma contra el nepotismo entraría en vigor a partir del proceso electoral de 2027 y la reforma contra la reelección aplicaría desde los comicios de 2030. Se sobrentendía, sobre todo en la no reelección, que la presidenta propuso esa fecha de aplicación para dar oportunidad a los actuales legisladores a reelegirse por un periodo más.
La propuesta de ley contra el nepotismo consiste en la prohibición para que un familiar directo de un funcionario público electo mediante el voto popular y que esté en funciones en el momento de la elección se postule por el mismo cargo para sucederlo de forma inmediata. Los familiares directos sólo podrían competir por el mismo cargo que ocupó su familiar hasta tres años después de haber concluido su responsabilidad. Esto con el propósito de evitar que los cargos públicos se «hereden» a esposas, hermanos, primos o hijos. En los trascendidos de medios de comunicación y en muchos programas de análisis político se expresó que esta modificación a la Constitución y a las leyes electorales tenía destinatarios en lo particular, por ejemplo, la familia Monreal en Zacatecas, donde ya gobernaron dos hermanos y un tercero tiene la intención de competir por la gubernatura, o el caso de la familia Salgado Macedonio, en el que el padre pretende sustituir a su hija en la gubernatura del estado de Guerrero.
El Congreso de la Unión aprobó la reforma presentada por la presidenta en contra del nepotismo, pero con la entrada en vigor hasta 2030 y no en 2027, como ella lo pedía. Esto se interpretó como un signo de debilidad política de Sheinbaum Pardo y como una muestra más de que no controla a su partido político. La forma como intentaron solventar esta diferencia fue con el compromiso de la presidenta nacional de MORENA, María Luisa Alcalde, de no permitir el nepotismo en las candidaturas presentadas por este partido en los comicios de 2027.
Ahora bien, en lo que respecta a la posibilidad de reelección en diversos cargos públicos, de acuerdo con la ley vigente hasta principios de este año, las y los diputados federales, locales y senadores se pueden reelegir hasta por 12 años; los diputados pueden hacerlo hasta por tres ocasiones consecutivas y los senadores por un periodo más. En el caso de las y los presidentes municipales la reelección era hasta por seis años, es decir, podían ser elegidos por un plazo adicional.
Esta legislación se aprobó en 2014 y en aquel momento se plantearon cuatro grandes beneficios de esta práctica, a saber: a) la profesionalización del ejercicio legislativo al mantenerse en el cargo y evitar las curvas de aprendizaje; b) la independencia y autonomía de los legisladores frente a sus partidos, ya que no necesitarían de ellos para postularse de forma consecutiva; c) para reelegirse la clase política debería mantener cercanía y trabajo con sus electores, y d) la posibilidad de generar proyectos de gobierno de mediano y largo plazo, que en el caso de los presidentes municipales tres años resultaba un periodo muy corto.
Luego de 11 años de experiencia en la reelección de servidores públicos, es necesario hacer una ponderación separada para cada tipo de reelección, ya que realizar una evaluación en bloque nos puede llevar a perder particularidades importantes. Por otro lado, esto nos ayuda a evitar condenar o santificar en su conjunto este proceso y entonces hacer un debate público más concienzudo al respecto.
Reflexiones en torno a la reelección
Como explico en el artículo «Algunas reflexiones sobre la no–reelección» publicado en febrero de 2025 en Zona Docs, en la experiencia en el Senado de la República no se elevó la calidad del debate parlamentario, tampoco se cumplió la promesa de una notable profesionalización de las labores legislativas; no fuimos testigos de procesos profundos y recurrentes de rendición de cuentas a la ciudadanía, y en el caso del Senado hubo representantes populares reelectos que fueron elegidos en su primera vez por elección directa y luego se reeligieron por la vía de la representación proporcional, por lo cual ni siquiera necesitaron buscar el voto en la calle para poder reelegirse. No se logró consolidar un proceso de autonomía e independencia de las y los senadores respecto de sus partidos políticos, salvo en aquellos casos en que renunciaron a los institutos políticos por el cual fueron electos, y se fueron a otro partido o se quedaron como independientes. Con todo lo anterior, podemos afirmar que el proceso de reelección de senadores de la república no dejó un saldo claramente positivo y los beneficios prometidos sobre esta práctica no llegaron, por lo cual la reelección de senadores, desde mi punto de vista, no tiene fundamentos para continuar.
En lo que respecta a la situación de las y los diputados federales y locales, pasó más o menos lo mismo que en la experiencia de los senadores. No vimos un crecimiento en la autonomía, tampoco se consolidaron los procesos de mejora sustantiva en el desempeño legislativo. Está claro que hoy no tenemos mejores leyes y reglamentos que los que teníamos antes de la reforma y los debates en la Cámara de Diputados a escala federal y en los congresos locales de los estados están muy lejos de ser cajas de resonancia nacionales o locales donde se dirima y discuta la cosa pública; mucho menos se han convertido en espacios de pedagogía política para la mayoría de la población. Los poderes legislativos siguen siendo una caja negra para la mayoría de las y los ciudadanos. Salvo honrosos casos, que siempre los hay, en esta experiencia tampoco podemos afirmar que la reelección trajo beneficios notorios y claros para el desarrollo del país, por lo tanto, en este caso mantener la reelección tampoco cuenta con un sostén sólido para defenderlo.
De estos diez años que tuvimos representantes populares reelectos en este tipo de cargos públicos podemos concluir lo siguiente: a) en general la interlocución de la ciudadanía con el poder legislativo federal y los poderes legislativos locales no mejoró y se mantuvo la distancia entre legisladores y sus representados; b) los poderes legislativos federal y locales no se convirtieron en contrapesos de los otros dos poderes y no tuvieron una actuación destacada en aras de fortalecer la democracia, y c) la calidad y profundidad del debate público nunca llegó, incluso en algunos casos continuó el deterioro de estas instituciones. Por las razones anteriormente expuestas, los argumentos para mantener la reelección en los legisladores en México tienen pocos sustentos empíricos y experienciales, por lo que la propuesta de la presidenta de México en esta materia parece acertada.
Reelección de munícipes
Lo primero que hay que decir en el caso de las alcaldías es que la función de los presidentes municipales es distinta a los legisladores, ya que la naturaleza de estos cargos públicos está en la gestión, la administración y la ejecución de acciones de gobierno. Efectivamente los cabildos municipales también tienen una función regulatoria, pero sólo en sus ámbitos de competencia que están relacionados con la vida cotidiana de los territorios. Vale señalar esto porque la reelección de presidentes municipales tiene otros alcances y propósitos. La experiencia muestra que los procesos de gobierno acotados a sólo tres años parecen ser insuficientes para hacer administraciones municipales exitosas, ya que se cancela de tajo la posibilidad de hacer proyectos de mediano y largo plazo, pues la continuidad en los partidos políticos no necesariamente garantiza la continuidad en el proyecto de gobierno. Para el caso de administraciones municipales sí se pueden documentar experiencias positivas de gobierno que han posibilitado ahorrarnos curvas de aprendizaje, y por lo tanto avanzar más y mejor en los proyectos de gobierno local. En ese caso, mantener la reelección resulta positivo, ya que se otorga la posibilidad de hacer mejores gestiones municipales, además de que es más fácil abordar problemas de largo alcance; de otra forma volveríamos al escenario con procesos electorales permanentes en los que las y los alcaldes tendrían poco tiempo para gobernar de forma efectiva.
Teuchitlán, el horror y la respuesta gubernamental
En marzo de 2025 el Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco redescubrió un lugar de entrenamiento de sicarios y de exterminio de personas. Este lugar ya había sido asegurado por la Guardia Nacional y entregado a la Fiscalía General del Estado de Jalisco para su investigación y resguardo en septiembre de 2024.
Luego de que la noticia se dio a conocer en medios de comunicación nacionales e internacionales se produjo una condena generalizada, se multiplicó la indignación por el caso y se exigió al gobierno de Jalisco y de México el esclarecimiento del asunto. El hallazgo del lugar confirmó que la macrocriminalidad que se vive en México es una realidad inocultable, y esta necropolítica implica a muchas personas que son reclutadas y que desaparecen frente a la omisión y, en algunos casos, con la colaboración de las autoridades.
La respuesta gubernamental fue errática. La Fiscalía General de la República atrajo el caso y corroboró una pésima actuación de la Fiscalía de Jalisco al no investigar ni resguardar el lugar, pero hasta el momento que se escribe este texto no hay conclusiones todavía.
Ante estos hechos la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que propondrá ante el Congreso de la Unión un conjunto de reformas que buscan fortalecer y mejorar la atención del gobierno de México ante esta grave crisis, sin embargo, varias de estas iniciativas ya estaban en la legislación, pero no habían sido cumplidas a cabalidad y otras más son demandas de la ciudadanía que no se procesaron adecuadamente. Algunos de los puntos que resaltan son: a) fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda a través del incremento de su presupuesto y mejora en las tecnologías de búsqueda de personas; b) declarar la Clave Única de Registro de Población como el documento único de identidad personal para mejorar el seguimiento y cruzar información; c) creación de una base única de identificación forense y una plataforma nacional de identificación humana para concentrar la información y generar sinergias entre los estados; d) instrumentación de nuevos protocolos de búsqueda inmediata, y e) fortalecimiento de los procesos de atención a víctimas.
La crisis de personas desaparecidas se empieza a gestar con el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, continúa con Enrique Peña Nieto y no se contiene con Andrés Manuel López Obrador. El problema aumentó en su incidencia y crueldad y ninguno de estos gobiernos generó una estrategia adecuada para erradicarlo. Ahora Claudia Sheinbaum deberá atajar el asunto y colocar las medidas necesarias para encontrar a las y los desaparecidos, evitar que más personas desaparezcan, atender de forma adecuada a las víctimas de este delito y realizar los ajustes institucionales para que las dependencias de gobierno cuenten con las herramientas para hacer su trabajo.
