En lo que va de 2023 hay tres agendas que sobresalen por su importancia, por su impacto en la vida social y por cómo se han desarrollado a lo largo del primer semestre del año: la crisis migratoria, el embate contra los organismos públicos autónomos y las falencias de la actuación del ejército mexicano en la vida pública del país.
Crisis migratoria
El 27 de marzo de 2023 volvió a suceder una tragedia que involucró a personas migrantes y que estremeció fuertemente al país. En una estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, murieron calcinadas 39 personas retenidas en ese lugar, además de otros 20 migrantes que resultaron heridos.
El hecho generó una enorme indignación tanto en México como en otros países, y las explicaciones ante lo sucedido provocaron repudio y crítica a la actuación del INM, ya que, en este caso particular, las personas migrantes estaban bajo la responsabilidad del estado mexicano, con lo cual se puede atribuir toda la culpa al gobierno federal. Este acontecimiento fue una muestra más del fracaso de la política migratoria mexicana, de la errática forma de actuar del INM y de la incapacidad del gobierno federal de hacer frente a este asunto con una perspectiva humanitaria y conforme a los derechos humanos.
La situación derivó en que el titular del INM fuera sujeto de una investigación judicial y que detuvieran a varios funcionarios públicos. Ahora bien, Francisco Garduño, quien preside este organismo, sigue llevando a cabo sus funciones a pesar de estar vinculado a proceso.
Aunado a lo anterior, los flujos migratorios se han intensificado a lo largo de 2023. Volvieron a aparecer las caravanas migrantes, que ponen «en jaque» a las autoridades de todos los niveles de gobierno y con las que sale a relucir la evidente crisis humanitaria que se vive alrededor de este fenómeno. Junto con ello, frente al levantamiento de restricciones en Estados Unidos derivadas de la pandemia de covid–19, el gobierno de aquel país tomó la decisión de enviar a 24 mil militares a vigilar la frontera con México, con lo cual se generó una franca militarización de este espacio.
Frente a estos acontecimientos se proponen las siguientes reflexiones:
En cualquier país con un gobierno medianamente sensible, democrático y responsable los actores políticos y gubernamentales involucrados en una tragedia de la magnitud que se vivió en marzo de este año hubieran renunciado a sus cargos. Esto en México es impensable. Lo único que hemos visto es una serie de argumentaciones que no se hacen cargo de la responsabilidad, que procuran lealtad al presidente y que son premiadas con laxitud e impunidad.
Por otro lado, desde hace varios años se han hecho señalamientos, críticas y condenas por parte de grupos de la sociedad civil y especialistas en el tema migratorio, de que las estaciones migratorias son en realidad centros de detención que criminalizan y estigmatizan a las personas migrantes, dándoles un trato de delincuentes. Lo acontecido en la estación migratoria en Ciudad Juárez es una prueba contundente de ello, que desafortunadamente llegó al grado de una negligencia criminal. Es imperativo hacer una reingeniería profunda de este tipo de instancias, no sólo por su ineficiente funcionamiento, sino por su existencia misma. Aunque la legislación mexicana no considera el hecho de migrar como un delito, la política pública de facto y la forma de gestionar estas estaciones migratorias contradicen lo que dicta la normativa y más bien funcionan como centros de detención. La evidencia hasta ahora demuestra que esta forma de actuar debe desaparecer.
«Volvieron a aparecer las caravanas migrantes, que ponen ‘en jaque’ a las autoridades de todos los niveles de gobierno».
Por la vía de los hechos, la forma de actuar del gobierno federal mexicano a través de instituciones como el INM, de la Guardia Nacional y de los distintos niveles de gobierno responden a los dictados de Washington en la materia. Como lo dice el historiador Eduardo González Velázquez en Frontera vertical: México frente a los migrantes centroamericanos (2011), México sigue desempeñando el papel de quien hace el trabajo sucio de detener y contener la migración centroamericana. La obligación de mantener los grandes acuerdos comerciales con Estados Unidos y la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá han colocado a nuestro país en esta posición. No se puede dejar de señalar que esta subordinación no ha cambiado en los últimos sexenios.
Lo anterior nos lleva a plantear que, discursivamente, Andrés Manuel López Obrador mantiene una narrativa de simulación en la agenda migratoria, ya que expone su simpatía y ayuda a las personas migrantes y a los países centroamericanos de manera sistemática; sin embargo, actúa de la misma forma con la que se sostiene desde hace décadas. El supuesto enfrentamiento con el gobierno estadounidense en materia de acuerdos comerciales no se traduce en una auténtica política respetuosa de los derechos humanos de los migrantes centroamericanos en nuestro país, por lo que se puede afirmar que aún se procede con la misma hipocresía que antes.
Como en otras agendas y gobiernos anteriores, la actual administración pública federal ha hecho oídos sordos a las redes de organizaciones y a los equipos académicos que analizan el fenómeno migratorio. Hoy por hoy, ni la Secretaría de Gobernación ni el INM ni otras entidades gubernamentales consideran a estos colectivos como interlocutores válidos en la materia. Aunque existe diálogo en algunos casos, las políticas de facto no se modifican y los problemas persisten.
De acuerdo con la forma en que López Obrador ha gobernado a lo largo de su sexenio no se avizora un cambio en estas políticas. Lo que se puede anticipar es una política de administración de la tragedia para evitar posibles escándalos, con la que se permita que las cosas sigan su curso.
El embate a los organismos públicos autónomos
En la década de los noventa y a principios del siglo XXI se constituyeron en México organismos autónomos que buscaban ser contrapeso a los abusos del poder, así como garantizar que algunos derechos tuvieran mecanismos eficaces para hacerlos exigibles. Tres de las instituciones emblemáticas de este proceso fueron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Desde su creación se sabía que, si México consolidaba un estado de derecho, éstas perderían su razón de ser o tendrían que acotar sus funciones. Veinte años después el contexto ha cambiado, sin duda, pero los mecanismos y las formas con las que se siguen violando los derechos humanos, los problemas de transparencia y la necesidad de un árbitro electoral autónomo nos hacen pensar que estas instituciones, aunque requieren de una reingeniería profunda, siguen siendo pertinentes y necesarias.
El presidente López Obrador y sus seguidores han colocado a estos tres organismos en la mira. Efectivamente, han señalado sus falencias y han generado propuestas de reformas, algunas absolutamente necesarias y otras francamente regresivas.
Sin particularizar en cada uno de estos casos, ya que mucho se ha escrito sobre el INE, la CNDH y el INAI, lo que me parece más pertinente es reflexionar en torno a esta tendencia de la llamada Cuarta Transformación de tratar de nulificar la acción de estas tres instancias. Hay dos grandes discursos que están detrás de esta crítica sistemática: uno, que ya no es necesario que existan porque en el gobierno de López Obrador todo funciona aceptablemente bien; dos, porque el gasto público que implica su mantenimiento es demasiado caro.
«Estas instituciones, aunque requieren de una reingeniería profunda, siguen siendo pertinentes y necesarias».
Para el presidente de México los organismos públicos autónomos perdieron vigencia porque, de acuerdo con su propia evaluación, la corrupción y la falta de transparencia ha disminuido; porque el INE se excede en sus atribuciones, y porque los derechos humanos ya no se violan como antes. Por lo tanto, los recursos públicos que allí se destinan son dinero «mal gastado», que deberían enfocarse a resolver otras necesidades sociales. Este discurso resulta muy autocomplaciente en el diagnóstico de estos asuntos; especialistas, académicos y organizaciones civiles afirman que hay muchos problemas aún. Es cierto que el presidente ha logrado generar una aprobación popular al respecto, ya que existe una creencia generalizada (que tiene un sustento real en muchos casos) de que hay burocracias costosas e inútiles en muchas dependencias del estado mexicano.
Los opositores de estos cambios no han logrado contrarrestar este discurso debido a que exaltan acríticamente la labor de estos organismos. Muy poco hablan de su necesaria reingeniería, y de ninguna forma han podido justificar que existan de acuerdo con los contextos actuales. De modo muy reactivo se contraponen al presidente y sus aliados, sin lograr una narrativa constructiva que fomente el debate público y coloque los problemas sociales en torno a estas agendas de forma correcta.
Es indudable que López Obrador cree firmemente que los organismos públicos autónomos deben perder protagonismo, que tienen que acotar sus funciones y disminuir sustantivamente sus presupuestos. Esta narrativa es la que predomina ante una oposición que da «palos de ciego» y entre una inmensa mayoría de personas que ven estos debates desde muy lejos.
El estado actual de estas instancias es el siguiente: el INE se mantendrá tal cual está, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional gran parte de las reformas electorales llamadas «Plan B». Sin embargo, el organismo fue sometido a una enorme presión política que puso en entredicho su labor, y los asuntos que efectivamente debían resolverse no se solucionaron. Por otro lado, la CNDH entró en un proceso de aletargamiento político, pues su titular, Rosario Piedra Ibarra, está en completa consonancia con el presidente y su capacidad crítica decreció de forma sustantiva. En el caso del INAI, actualmente están detenidos muchos procesos de transparencia porque no han sido nombrados tres de los siete consejeros ciudadanos del organismo y, para que el pleno tenga quorum legal, se requiere la presencia de cinco de ellos. El Senado de la República no ha nombrado a estas personas, en un franco proceso de desacato a jueces del país que han ordenado a los senadores realizar estas elecciones.
El «súper» ejército de López Obrador
Como lo planteé en mi artículo El Ejército en su laberinto, publicado el 25 de abril de 2023 en Zona Docs, contrario a lo que propuso en su campaña presidencial en 2018, Andrés Manuel López Obrador empoderó y encumbró a las fuerzas armadas de una forma sin igual y como no lo habían hecho otros mandatarios. Esto ha llevado a que los militares sean responsables de infinidad de asuntos que van desde la seguridad pública, la construcción de los bancos del bienestar, el control de las aduanas, la gestión del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y de cientos de actividades que no les corresponde hacer de acuerdo con la ley. Esto lo afirman académicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en referencia a varios estudios realizados por ellos.
Esta lógica militarista del presidente ha llevado a las fuerzas armadas de México a un desgaste social y político que no habían experimentado en otros sexenios y que pone a flote las debilidades, falencias, incongruencias y errores de esta institución.
En 2023 hemos sido testigos de al menos cuatro asuntos en los que estuvo implicado el ejército mexicano, y que en definitiva lo dejaron muy mal parado y con fuertes cuestionamientos de la sociedad y la opinión pública.
«Esta lógica militarista del presidente ha llevado a las fuerzas armadas de México a un desgaste social y político».
El primero de ellos fue la decisión de la SCJN en la que, en una votación de ocho a tres magistrados, declararon que era anticonstitucional que la Guardia Nacional fuera parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Lo anterior significó que este cuerpo de seguridad, creado desde una perspectiva civil, volviera a ser gestionada desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Rosa Icela Rodríguez. Esta resolución fue un serio revés no sólo para el presidente y su mayoría legislativa, sino para el propio ejército, pues es claro que incurrieron en un procedimiento indebido, en el que dieron la espalda al espíritu inicial de la Guardia Nacional y en el que los militares fueron condescendientes en este movimiento ilegal.
El segundo caso de crisis fue el espionaje que hicieron los militares a dos defensores de derechos humanos pertenecientes al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro–Juárez, S.J. (Centro Prodh), de los jesuitas. Santiago Aguirre, director del Centro Prodh, y la coordinadora del Área Internacional de esta institución, fueron objeto de espionaje político a través del programa Pegasus, por medio del cual intervinieron sus teléfonos celulares. Ésta es una acción violatoria de los derechos humanos y de las libertades que cualquier ciudadano debería de disfrutar. Lo hecho por el ejército fue revelado por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, en Canadá. Por supuesto que esta intervención es absolutamente reprobable, ya que la actuación del Centro Prodh siempre ha sido pública y apegada a los derechos por lo menos desde hace tres décadas, y no hay ninguna razón para tal espionaje, que es una muestra más del autoritarismo que persiste en el país.
El tercer asunto fue que la organización Mexicanos Contra la Corrupción, en alianza con Fábrica de Periodismo, dio a conocer que el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la SEDENA, realizó viajes de carácter no oficial y con altos costos, en los que se utilizaron recursos públicos. No hubo ninguna aclaración al respecto de estos viajes «de terciopelo», como se maneja en este informe. Si efectivamente se ha incurrido en estas prácticas, Sandoval atentó en contra del discurso de austeridad republicana que diariamente presume el presidente de México. Por supuesto que también en este caso resultó muy delicado este señalamiento, ya que hace mucho no había información de esta naturaleza sobre un secretario de la Defensa Nacional.
Para finalizar, miembros del ejército, presuntamente, asesinaron a cuatro personas e hirieron a un joven en Nuevo Laredo, Tamaulipas, sin ninguna razón que lo justificara. Esta lamentable situación se añadió a las muchas pruebas que corroboran que no es buena idea que los militares anden en las calles haciendo tareas policiales. La reacción de la SEDENA fue absolutamente errática, se trató de manipular la información y hasta hoy no hay claridad sobre estos hechos. Se ha dicho hasta la saciedad que es necesario fortalecer las policías municipales, que los cuerpos de seguridad de los estados cuenten con mayores herramientas y que, en todo caso, las fuerzas armadas realicen los operativos más estratégicos y quirúrgicos. Nadie está en contra de los militares y los marinos, lo que no está bien es que hagan labores para las que no están capacitados. López Obrador prometió que regresaría a los militares a sus cuarteles y que los sacaría de la calle; a casi cinco años de su mandato están metidos «hasta la cocina» en cientos de tareas que no les competen.
A pesar de estos asuntos, el presidente y su partido no sólo mantienen una buena aprobación pública, sino que la fortalecieron en la primera parte del año. De acuerdo con una encuesta de De las Heras, si a principios de mayo de 2023 se realizaran elecciones presidenciales, 63% habría votado por Movimiento Regeneración Nacional; si esto fuera cierto, serían 10 puntos porcentuales más que los que obtuvo el propio López Obrador en 2018. Las razones de estos niveles de aprobación se pueden deber a dos cosas: la primera es que la mayor parte del país está fuera de los grandes debates nacionales, y por lo tanto no castigan al presidente en estas agendas. La otra es que hay una narrativa pública unívoca en la que la oposición simplemente no existe.
