El Diálogo Nacional por la Paz —conformado por los jesuitas de México, la Conferencia del Episcopado Mexicano y la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosas de México— publicó una carta dirigida a líderes religiosos y a la ciudadanía en general, en la que convoca a «caminar y conversar por la paz».
«Vemos un despertar de la ciudadanía cansada de las extorsiones y de la inseguridad que domina grandes regiones del territorio nacional. Ante esta situación, invitamos a caminar y conversar sobre las acciones que necesitamos emprender para recuperar la paz del país este domingo 23 de noviembre en sus localidades», dice el comunicado.
El objetivo es visibilizar las demandas de seguridad, justicia y reconstrucción del tejido social. «Los invitamos a difundir las acciones por la paz que México necesita por medio de pancartas y reflexiones», se lee en la misiva.
La convocatoria surge en un contexto nacional marcado por el aumento de la violencia y por hechos recientes que han generado indignación social, entre ellos el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, así como las movilizaciones y bloqueos carreteros en Michoacán. Estos acontecimientos reavivaron las exigencias ciudadanas para que el gobierno atienda con urgencia la situación de inseguridad en el país.
El movimiento subrayó que «en un país atravesado por la violencia» es necesario construir una paz «amplia, transparente y sostenida», ajena a partidos y polarizaciones. Llama a reconocer las violencias estructurales que afectan al territorio y a enfrentar la impunidad y la corrupción que alimentan la inseguridad. En la carta afirman que «no puede haber paz sin justicia ni verdad».
«Creemos en una paz que abrace el disenso y la corresponsabilidad, que promueva la escucha y la diversidad garantizadas por un Estado de derecho», señala el documento.
Como parte de su propuesta, el Diálogo Nacional por la Paz presentó una agenda basada en las «14 acciones de una sociedad civil organizada para construir la paz», donde se promueven procesos de salud mental en familias y comunidades para «atender secuelas de las violencias»; impulsar una «educación para la paz» en las escuelas para favorecer la convivencia social; recuperar espacios públicos como lugares de encuentro; mejorar las condiciones laborales; fomentar «comunidades comprometidas con la cultura del cuidado» y fortalecer la hospitalidad hacia migrantes, refugiados y personas desplazadas. Además, plantean impulsar programas de prevención de adicciones, proteger el medio ambiente, promover la participación social en políticas de seguridad, fomentar la justicia restaurativa y la mediación, dignificar el liderazgo de las policías municipales y garantizar instituciones que aseguren la transparencia y la rendición de cuentas de las autoridades locales.
Asimismo, presentaron las «7 acciones de un gobierno comprometido con la paz», donde plantean desarrollar políticas de cuidado con enfoque de derechos humanos y género, con prioridad en la niñez, adolescencia y juventudes. Proponen también fortalecer las policías municipales y vincularlas al sistema de justicia para avanzar hacia una «retirada paulatina de los militares en funciones de seguridad pública», así como renovar los sistemas de procuración e impartición de justicia y reformar el sistema penitenciario para combatir la corrupción, las extorsiones y garantizar los derechos de las personas privadas de libertad.
La carta propone una estrategia con presupuesto específico para proteger a los adolescentes frente a riesgos como adicciones, crimen organizado y economías ilícitas.
Finalmente, la coalición de religiosos hizo un llamado «a impulsar una gobernanza democrática que proteja a los municipios de las economías criminales» y a atender la crisis de derechos humanos en cuatro ejes fundamentales: personas desaparecidas, violencia contra las mujeres, violencia hacia personas en movilidad y autonomía de los pueblos indígenas.
La convocatoria del Diálogo Nacional por la Paz busca que la ciudadanía y las autoridades asuman su responsabilidad en un país marcado por la violencia. En el proceso electoral de 2024, la hoy presidenta Claudia Sheinbaum firmó el documento «Sigamos dialogando», en el que se comprometía a construir y fortalecer los tejidos sociales, así como a reforzar las policías municipales para llegar a una «retirada paulatina de los militares» y atender la «crisis de derechos humanos», declaró el padre Jorge Atilano. Aunque desde entonces, Sheinbaum había marcado distancia con «ciertas afirmaciones» con las que dijo no estar de acuerdo.
«No coincido con la visión de que prevalecen el miedo, la impotencia, la desconfianza y la incertidumbre», declaró Sheinbaum, quien rechazó entonces las críticas que califican de «insuficientes» las estrategias de seguridad en México.
