
He caminado entre ellas. He escuchado sus preocupaciones al amanecer mientras preparábamos el café para la jornada y sus voces firmes al momento de narrar sus historias.

Hablar de la defensa del territorio desde América Latina implica reflexionar sobre los alcances de los modelos de desarrollo implementados por los Estados en nuestras distintas geografías.

El pasado 22 de mayo algunos medios de comunicación y varias redes sociales alternativas se hicieron eco de la muerte del profesor Eulalio Aquino Fleitas, indígena paĩ tavyterã de Amambay, Paraguay.

Rogelio, uno de los habitantes opositores al basurero de Matatlán y quien prefiere que se reserve su apellido, conoció en 2021 a Verónica Guerrero.

El sur de Venezuela enfrenta una severa crisis humanitaria y ecológica caracterizada por la minería ilegal, la violencia armada y la vulneración sistemática de los derechos de los pueblos indígenas ancestrales. Ante este complejo escenario, tanto los recientes operativos militares como las reformas legales vigentes despiertan profundas dudas sobre si buscan el bienestar de la población o el resguardo de intereses económicos extranjeros.

«La soberanía energética no puede ser a costa de los territorios y medios de vida, el uso de fracturación hidráulica en la Huasteca Potosina es equivalente a una declaración de guerra a los pueblos», apuntó el activista y asesor de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina (COCIHP) Rogel del Rosal, en entrevista con la revista CHRISTUS.

Una noche de agosto de 2020, en plena pandemia, el conflicto en territorio mapuche dejó de expresarse sólo en caminos rurales, predios forestales o comunidades en resistencia.

En el corazón del Caribe colombiano, las comunidades enfrentan desafíos significativos relacionados con el acceso al agua potable y la defensa de sus territorios.

¿Qué implica el cambio de autoridades en nuestras sociedades? ¿Qué significa la participación política de las mujeres en tiempos de colapso?

No hay violencia más violenta que la que ejerce un Estado contra sus propios ciudadanos, que pone a sus tres poderes y su fuerza policial a las órdenes no del bien común sino de una minoría insaciable.